Paraguay expulsó a una misión humanitaria argentina que buscaba información sobre “Lichita” 

El gobierno de Paraguay expulsó a la Misión Humanitaria que viajó desde Argentina para recolectar información sobre “Lichita”, la adolescente desaparecida hace ocho meses. Las autoridades paraguayas dijeron que la comitiva no pidió los permisos necesarios para entrar a Yby Yaú, zona selvática ubicada a 350 km de Asunción. Allí, la menor había sido vista por última vez, en noviembre del año pasado, tras un operativo de la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). La delegación rechazó los argumentos del gobierno y sostuvo que la expulsión fue irregular, ilegal y arbitraria. Una de sus integrantes, Lila Báez, dijo que habían informado al Ministerio del Interior los pasos que darían. “El gobierno de Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, no quiere que se sepa qué pasó con Lichita, ni con las dos niñas argentinas asesinadas por las FTC en septiembre pasado”, dijo la militante, que además integra la campaña internacional: “¿Dónde está Lichita?”.

Una misión en busca de Justicia

La comitiva de militantes sociales ya se encuentra en Misiones, Argentina, después de haber atravesado una expulsión fugaz. Habían llegado a Asunción el 19 de julio. Allí se reunieron con políticos locales y organizaciones de DDHH. Sus dos grandes objetivos eran denunciar que Lichita, de 15 años, cuyo nombre es Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, no está siendo buscada por el Estado paraguayo. A su vez, también pidieron Justicia por las dos menores argentinas de 11 años, Lilian y María Carmen, primas de Lichita, que fueron asesinadas por la FTC durante un operativo anterior al que desencadenó la desaparición de la adolescente. La Misión estuvo compuesta por integrantes de la Asamblea Permanente por los DDHH (APDH-La Matanza), el Movimiento Popular Nuestramérica y la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). También contaron con el apoyo de Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora.

La delegación humanitaria tenía por delante una tarea difícil: viajar hasta el lugar de los hechos para recabar la información que pudieran aportar las comunidades originarias y campesinas. Todo esto en una zona militarizada y controlada casi sin restricciones por la FTC, justamente el grupo de elite de las Fuerzas Armadas sobre el que recaen múltiples denuncias de desaparición y asesinato. Una vez que la comitiva puso pies en Yby Yaú, el jueves pasado, el gobierno lanzó las primeras denuncias. El teniente coronel Luis Apesteguía, vocero de la Fuerza de Tareas Conjuntas, dijo no iba a permitir que la Misión se arrogara funciones del Estado. Por su parte, la directora de Migraciones, Ángeles Arriola, anunció que serían expulsados ya que no habían informado sobre su presencia a los organismos de seguridad. Dicho y hecho. En la noche del 23 los trasladaron a Concepción, de allí al aeropuerto internacional de Encarnación, desde donde fueron llevados a Misiones.

Una vez en la Argentina, Pablo Pimentel, presidente de la APDH, rechazó las acusaciones de los funcionarios guaraníes. “En Paraguay hablamos con el viceministro del Interior, Pablo Ríos, y le comunicamos nuestra agenda y objetivos”, dijo el militante social a PáginaI12. Además, sostuvo que estas maniobras buscan tapar la inacción del gobierno y la Justicia paraguaya. “Recién después de reunirnos con el viceministro, éste nos dijo que el presidente iba a firmar una recompensa para cualquier ciudadano que entregara información sobre Lichita”, sostuvo Pimentel. Sin embargo, Lila Báez informó que nadie tenía conocimiento de la recompensa. “Las comunidades indígenas les dijeron a nuestras delegaciones anteriores que no están buscando a la nena. Encima a nosotros nos impiden llegar a los territorios. El Estado paraguayo infanticida muestra que algo oculta por que la excusa que pusieron para echarnos no se ajusta a la ley”, sostuvo la integrante de la UTEP.

El cuestionado operativo

La última vez que se vio a Lichita con vida fue el 30 de noviembre pasado. La adolescente se encontraba huyendo de la Fuerza de Tareas Conjuntas -FTC- junto con su tía Laura Villalba y sus primas, Tamara de 14 años y Tania de 19 años. Las menores son familiares de miembros del EPP. Lichita es hija de dos de los exlíderes del grupo guerrillero, Carmen Villalba y Alcides Oviedo, que actualmente cumplen condena en la cárcel. El 19 noviembre del 2019 habían viajado a Paraguay desde Misiones para visitar a otros integrantes del grupo, que se esconden en esta zona selvática del departamento de Concepción. Según narran sus familiares, la idea era que volvieran al país en marzo del 2020 para retomar las clases. Pero la pandemia las dejó del otro lado de la frontera. En ese contexto, el 2 de septiembre de 2020 ocurrió el primer ataque de la FTC contra el campamento del EPP. El operativo se saldó con la muerte de las dos primas de Lichita: Lilian y María Carmen.

Al día siguiente Abdo Benitez se trasladó hasta el lugar y en discurso triunfalista, que incluyó foto en plena selva, dijo que se trató de un operativo exitoso, donde habían sido abatidos dos guerrilleros. Estaba refiriéndose a las dos niñas. Luego informó que el EPP reclutaba menores y que las chicas formaban parte de la guerrilla. En paralelo se filtraron fotos de sus cuerpos, donde aparecían vestidas con uniformes militares. La familia denunció que se trataba de un montaje y que las menores no integraban el grupo guerrillero. Luego se supo que la FTC las había enterrado a menos de 24 horas de los hechos, sin haberles hecho las pericias pertinentes. También que la ropa con que se las veía en las fotos había sido quemada. Todo esto amparados en protocolos contra el covid-19. Sin embargo, meses después Human Rights Watch, dejó en evidencia que tal protocolo no aplicaba para este tipo de casos, así como otras decenas de aberraciones legales en el manejo del caso.

Pero eso no fue todo. Tras el operativo del 2 de septiembre, el grupo guerrillero se desbandó en la selva. Junto a ellos había quedado Lichita, que sufrió una herida leve, su tía Laura y sus primas, Tania y Tamara. El 22 de noviembre, la FTC volvió a organizar una emboscada. En este caso murieron tres integrantes del grupo guerrillero. Laura y las cuatro menores quedaron perdidas en plena selva. Según narraron sus familiares, atravesaron días desesperantes. Mientras buscaban agua y comida, perdieron contacto con Lichita. Laura logró que Tania y Tamara regresaran al país, y se quedó en la zona buscando a la niña desaparecida. Hasta que el 23 de diciembre fue detenida por la FTC. Hasta el día de hoy permanece aislada en la cárcel militar de Viñas Cue, ubicada en Asunción. Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas, que representa a la familia Villalba, dijo que su detención es absolutamente ilegal. “La causa judicial contra Laura es una vergüenza. Además, presentamos una medida cautelar para que sea trasladada, ya que está sola en una cárcel militar de hombres. No existen antecedentes de una detención así en Paraguay”, sostuvo la letrada.

Taffetani recordó que no hay un solo militar imputado, ni por el asesinato de las niñas, ni por la desaparición de la adolescente. “Increíblemente Laura, madre de una de las niñas asesinadas en septiembre, es la única imputada”, sostuvo la abogada. A su vez el gobierno paraguayo bloqueó los intentos que hizo la Cancillería argentina, para que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) analice los cuerpos de las dos menores. Lo que sí avanza son las denuncias realizadas ante Naciones Unidas. En ellas, las chicas que sobrevivieron a los operativos de septiembre y noviembre, declararon que vieron como la FTC se llevó con vida a las dos niñas que luego fueron presentadas como abatidas en combate. La familia denuncia que fueron ejectutadas por el grupo militar. Ahora se espera que tanto la Relatoría Especial de Ejecuciones Sumarias como el Comité de los Derechos del Niño, ambos organismos de la ONU, tomen acciones en los próximos meses.