Cuidadores Domiciliarios de Mar del Plata nació de una capacitación del ministerio de Desarrollo Social. Sus fundadoras fueron 8 mujeres que la cursaron en 2010. Motivadas por dos coordinadoras, armaron un grupo de trabajo. En 2012 inscribieron su cooperativa, que hoy tiene 140 trabajadoras y trabajadores. Se dedican a la atención de personas de la tercera edad o con discapacidad. “120 mujeres y 20 varones. Todos llegamos a la cooperativa sin trabajo y todos estamos trabajando, y hemos podido elevar, un poquito, nuestro nivel de vida”, dice Elsa Miori, presidenta de la asociación. Insiste en el término, “un poquito”. Pero apunta: “no creo que como empleados de una empresa privada lo hubiéramos podido lograr”.

Experiencias como ésta son hoy el sueño de muchos. En lo que va de este año, el INAES matriculó a 795 cooperativas. El 96 por ciento son de trabajo.

--¿Por qué?-- pregunta PáginaI12 a Alex Roig, el titular del organismo.

--Porque es muy difícil para un colectivo de trabajadores constituir una sociedad anónima; la cooperativa de trabajo es su forma más adecuada. Y porque hay todo un proceso de cooperativismo de trabajo en curso.

Roig dirige el INAES, el área de gobierno que tiene como función controlar y promover el asociativismo. Antes fue uno de los encargados de armar el Registro de los Trabajadores de la Economía Popular. El Renatep es la primera herramienta con que el Estado empieza a conocer, con algún grado de detalle, al precarizado mundo del trabajo informal. Es mirando esos datos que habla de procesos en curso.

--En el Renatep hay cerca de tres millones de trabajadores inscriptos. El registro tiene una pregunta sobre cómo trabajan y la mitad dice que en procesos asociativos. Son un millón y medio de personas. Nosotros venimos promoviendo su formalización porque hay una necesidad de organizar el trabajo bajo forma cooperativa.

Facilitar los trámites de matriculación es una de las políticas del organismo en relación a los trabajadores de la economía popular. Otra, destinada a las cooperativas ya existentes, se ha centrado en darles financiamiento. El INAES fue reforzado con mil millones de pesos, según puede observarse en el Presupuesto vigente de 2021; de un gasto inicial estimado en 2400 millones de pesos pasó a 3400 millones La ampliación tuvo que ver con poder otorgar mayor financiamiento a la producción. Con el mismo criterio, pero a más escala, el organismo está por lanzar un sistema de créditos no bancarios para cooperativas y mutuales, con fondos independientes de su presupuesto. La intención es arrancar con 10 mil millones de pesos.

Crédito

Hablar de créditos para la economía popular provoca --hay que decirlo-- cierto escozor. En un sector nacido del desempleo, sobreendeudado y en gran medida con una economía de subsistencia, ¿por qué el Estado se enfoca en su acceso al crédito?

El tema se inscribe en un debate más amplio, sobre qué deben hacer las políticas sociales, que con la pandemia viene dando un viraje. Días atrás, Pablo Chena, director de Economía Social --y militante, como Roig, del Movimiento Evita-- publicó datos de la CEPAL que indican que en la Argentina, del total de trabajadores ocupados un 41,3 por ciento (7,27 millones de personas) realiza sus actividades en la economía informal.

En la mirada de este movimiento social hay tres caminos posibles para la política social: uno, limitarse a transferir ingresos (al modo de la tarjeta Alimentar), necesario para paliar la emergencia pero que deja pendiente el problema laboral. Dos, crear trabajo garantizado por Estado (al modo de los planes de urbanización de barrios populares) o, como tercera opción, reconocer la actividad económica informal que existe en los sectores populares y darle condiciones para su crecimiento.

De hecho desde el Estado hoy se están impulsando iniciativas en estos tres sentidos, y lo que viene en disputa es la escala. Está en tensión qué peso deben tener las políticas que apuntan a fortalecer a la economía popular versus las políticas de asistencia.

Volviendo a los créditos: Roig sostiene que hay una fuerte demanda de fondos para la producción, ya que los trabajadores del sector no tienen acceso al sistema bancario. Viene de visitar una empresa recuperada que produce pinturas, en Tres de Febrero (Cintoplom, quebrada en 2002 y recuperada por sus trabajadores) y la pone como ejemplo. “Necesitan un crédito para adelantar el pago de insumos, que tienen precios en dólares. Pagando anticipadamente podrían bajar sus costos, es el caso de un crédito para insumos. Tenemos, además, muchos pedidos para comprar maquinarias”.

Los rubros mas elegidos

Ramiro Martínez se formó en una cooperativa de reciclado de la basura, en Tigre, y es el actual presidente de Conarcoop, una confederación de cooperativas de trabajo. Habla de cuatro rubros a hacer crecer: los trabajos de cuidado, el reciclado de la basura, la producción de alimentos (sobre todo en la agricultura familiar) y la construcción. “Nosotros estamos promoviendo la economía del cuidado porque la longevidad de los adultos mayores hace que sea un servicio necesario. También en el cuidado de la primera infancia hay mucho para hacer”, indica.

Sobre los recicladores, recuerda que la política de disposición de residuos en el país "fue ‘hacemos un agujero y lo enterramos’, un modelo que evidentemente no va más. La gestión de residuos, su separación en origen, la disposición a cargo del sistema cooperativo y el tratamiento de los residuos orgánicos mediante el compostaje tienen enormes posibilidades de trabajo. Acá y en todo el mundo”.

Su cooperativa de base, Creando Conciencia, hace recolección diferenciada de residuos, pero lo más interesante es que está usando el reciclado para fabricar listones de madera plástica, muebles de jardín, composteras, macetas para huerta y útiles escolares.

Un bien social escaso

Entre 2015 y 2019, el macrismo redujo el sector cooperativo. En el país había 21 mil cooperativas cuando asumió el gobierno de Juntos por el Cambio y al término de la gestión quedaba la mitad, 10.400. El último informe del INAES macrista, de julio de 2019 y contabiliza incluso menos: 8600.

Hoy las cooperativas registradas llegan 12.284, es decir que hubo una recomposición. En la gestión de Alberto Fernández, el INAES pasó por otra parte desde el ministerio de Desarrollo Social al de Desarrollo Productivo. En esa recomposición, una de sus líneas de trabajo es articular políticas con los estados municipales. La intendencia es el primer lugar al que recurre una organización barrial o los trabajadores de una empresa que cierra. En la pandemia, se fue ampliando el número de municipios que impulsan el compre estatal a los productores populares. O que han habilitado el uso de terrenos improductivos a cooperativas de la agricultura familiar.

Elsa Miori, la presidenta Cuidadores de Domiciliarios de Mar del Plata, cuenta que el año y medio de covid les impuso graves dificultades. “Nunca nos priorizaron en la vacunación, a pesar de que somos personal de salud, y perdimos dos compañeras que se contagiaron. Mar del Plata es una ciudad donde falta el empleo; de las cien familias que atendíamos, unas veinte tuvieron problemas económicos y no pudieron seguir pagándonos, pero la cooperativa se mantuvo. Y en los últimos meses empezamos a recuperar los antiguos niveles de actividad”. Este es un rasgo característico de las cooperativas; en momentos de crisis, aunque deban achicar los ingresos de sus integrantes, sostienen los lugares de trabajo. El trabajo es preservado como un bien social, valioso, pero además un bien social escaso.