El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, remitió a la Legislatura un pedido de autorización para licitar el servicio y mantenimiento de las cinco líneas de subterráneos y el Premetro por un período de doce años, ya que el contrato con Metrovías termina a fin de 2017.

La iniciativa autoriza la concesión mediante un proceso licitatorio nacional e internacional para operar el servicio público de subtes y el Premetro, así como nuevas trazas o expansiones que se hagan a futuro. El proyecto amplía a doce años el contrato de operación y mantenimiento, con la opción de prórroga de hasta tres años, por única vez.

La continuidad de Metrovías, concesionaria del servicio desde los 90, fue contemplada mediante un acuerdo de “operación y mantenimiento de los bienes afectados a la red de subterráneos y Premetro” celebrado en 2013 por dos años, con una prórroga posterior que caducará el 31 de diciembre próximo.

“Actualmente, el servicio de subte no sólo está ante la inminencia del vencimiento de la vigencia del plazo del acuerdo, sino que además se agota la emergencia que declaró la Legislatura” mediante una ley que se aprobó en paralelo con el traspaso, dice la presentación.

Frente a ello, el Ministerio de Desarrollo Urbano, que conduce Franco Moccia, manifestó que “se puede prever que existirá una transición entre el vencimiento del plazo del acuerdo y la entrada en funciones de un nuevo esquema contractual mediante el cual se gestione” el servicio.

El proyecto “plantea la autorización a llamar al nuevo proceso licitatorio, pero observamos que se habla de un llamado nacional e internacional sólo en los fundamentos del texto y no en el articulado de la ley”, dijo el diputado Diego García Vila, quien preside la Comisión de Obras y Servicios Públicos e integra el bloque de Confianza Pública, que lidera Graciela Ocaña. “Entendemos que debe ser una convocatoria lo más abierta posible a distintos operadores, nacionales e internacionales, para garantizar que el servicio se brinde de la manera correcta. Si sólo es nacional, será una licitación direccionada”, opinó.

García Vila respaldó la inclusión en el texto de un artículo que obliga al próximo concesionario a “absorber el personal en relación de dependencia” al momento de la adjudicación y a mantener el régimen y los derechos “laborales y previsionales”, así como también la “remuneración, categoría y antigüedad computada” de los trabajadores.