La Justicia porteña ordenó "suspender precautelarmente" el trámite legislativo del convenio entre el Gobierno de la Ciudad y el Grupo IRSA para construir un barrio de torres de lujo en Costanera Sur, hasta tanto el Ejecutivo porteño no presente en audiencia pública los estudios de impacto ambiental del proyecto. "No podemos permitir que la planificación de la Ciudad esté sometida a la voluntad de los sectores inmobiliarios concentrados que destruyen nuestro patrimonio cultural y natural", aseguró Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), una de las organizaciones que presentó la acción de amparo que derivó en el fallo. El convenio comenzó a ser debatido el jueves pasado en plenario de comisiones de la Legislatura y para este lunes está pautada una segunda reunión donde el oficialismo buscará dar dictamen al proyecto: a pesar de la decisión judicial, al cierre de esta edición la convocatoria al plenario no había sido levantada.
Guillermo Scheibler, juez de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, fue quien dictó la medida precautelar al considerar que "de las características del proyecto propuesto por IRSA" se desprende la necesidad de realizar un "procedimiento técnico administrativo completo de evaluación de impacto ambiental, que incluye entre sus alternativas de modo obligatorio la realización de una audiencia pública".
En el amparo colectivo presentado por el ODC, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes, se había argumentado que el GCBA no cumplió con los procedimientos constitucionales previstos para este tipo de proyectos: "no cumplieron con la convocatoria a audiencia pública obligatoria que establece la Constitución de la Ciudad en su artículo 63 para proyectos de planeamiento urbano", señalaron.
En efecto, ese artículo establece que la audiencia es obligatoria antes del tratamiento legislativo para proyectos de "normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos". En tanto, el juez Scheibler se apoyó en lo previsto por la Ley N° 123 de "Evaluación de Impacto Ambiental", que establece que se debe elaborar un estudio técnico de impacto con su respectiva audiencia pública en los emprendimientos de "relevante efecto ambiental".
Siguiendo lo previsto por esa ley, el juez consideró que, entre otros puntos, el proyecto de IRSA es de "relevante efecto ambiental" ya que supera los 2.500 metros cuadrados y requiere del dictado de normas urbanísticas particulares, implica deforestar "terrenos públicos o privados y disminución del terreno absorbente", modifica la costa del Río de la Plata, y se desarrolla en "áreas ambientalmente críticas".
Es que la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, donde IRSA pretende levantar el barrio de lujo, se encuentra ubicada frente a la Reserva Ecológica Costanera Sur, zona de humedales incluida en el listado de sitios protegidos por la Convención Internacional Ramsar de protección de humedales. "Es un delirio urbanístico destruir un humedal costanero, como se reconoce en la sentencia, para construir torres de 145 metros de altura", señaló en este sentido Baldiviezo.
A pesar del fallo, el plenario de las comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto convocado para este lunes a las 11.30 seguía en pie al cierre de esta edición. Consultado por este diario, el legislador del Frente de Todos, Matías Barroetaveña, remarcó que el proyecto es "inconstitucional e ilegal" y agregó que "la Justicia ha dado lugar a un amparo pero el oficialismo seguramente decidirá seguir avanzando con la aprobación exprés. La decisión de la Justicia debería servir para iniciar un verdadero debate sobre qué costanera queremos: espacio público o privado".
