La Asamblea por el Agua Sana de San Lucas, San Carlos y El Barrial, de la localidad vallista de San Carlos, se volvió a manifestar para pedir por el derecho al acceso al agua. En este caso lo hizo ante el incumplimiento del Gobierno de Salta, que no concretó los estudios y la evaluación de fuentes alternativas de aprovisionamiento de agua en el paraje de San Lucas. 

La celeridad para que se concreten dichos estudios se debe a que el lugar se encuentra en "época de seca", es decir, que existe menor cantidad de lluvias, lo que permite saber con exactitud el caudal de las aguas subterráneas disponibles en la zona. 

La integrante de la Asamblea, Mónica Jiménez, contó a Salta/12 que los estudios fueron prometidos en enero y se necesitan para saber si hay agua suficiente para abastecer a los barrios de San Carlos y El Barrial, los principales afectados del servicio.  Desde la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura provincial, recién se llamó en mayo a la licitación para la adjudicación simple de una consultoría, pero sigue sin concretarse. 

"Nos vienen dilatando el tema", cuestionó Jimenez. Aseguró que en un principio el gobierno provincial iba a realizar una contratación directa con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), pero después llamaron a licitación. En la resolución 212/21 de la Secretaría de Obras Públicas se detalla además que para ello existe un presupuesto de $750 mil, sin embargo, los sancarleños se enteraron por una radio local que el concurso había quedado desierto. 

"El tema es que no hay respuestas concretas. El tiempo va pasando y no hay respuestas ni del gobierno, ni de Aguas del Norte, ni del Ente Regulador" de los servicios públicos de la provincia. En este sentido aseguró que existe una falta de voluntad política. 

En la resolución también se especifica que los estudios debían hacerse sólo en el paraje de San Lucas, cuando los pobladores pedían por un análisis en toda la zona Oeste. Este pedio responde porque a su alrededor también están las vertientes de Matancillas y Cahuarasi, precisamente junto a la vertiente de San Lucas.

La urgencia también se debe a que la Asamblea viene reclamando desde hace más de 10 años por el acceso al agua sana. Esto porque a fines de la década del 90 el pueblo sufrió un aluvión que tapó la toma que conectaba con la vertiente de San Lucas, ubicada a 12 kilómetros de la zona urbana. La empresa prestataria, que durante el menemismo pasó de ser Obras Sanitarias a Aguas del Norte, optó por realizar un pozo para brindar el servicio en vez de volver a rehabilitar la toma colapsada.

Con el correr de los años, los vecinos empezaron a denunciar que el agua de los pozos estaba contaminada. Recién a partir de 2008 se conocieron informes de estudios del agua en dos de los cuatro pozos que hoy tiene el pueblo. El último estudio, de 2016 y realizado por la Universidad Nacional de Salta, determinó que el agua del pozo La Dársena tiene 2,48 miligramos de boro por litro. En 2018 la OMS estableció que el valor límite de boro en el agua para consumo humano es de 2,40 miligramos por litro, es decir que el servicio en la zona norte de San Carlos supera lo permitido.

Al boro también se sumó la aparición de arsénico. "Todo esto, con estas tandanzas y burocracias, hacen que tengamos hartazgo porque el problema es nuestra salud", manifestó Jiménez. Eso llevó a que el sábado último se manifiesten en el cruce de la ruta nacional 40 y la ruta provincial 44, mediante cortes interminentes y entrega de folletería. 

Para la sancarleña el accionar de la Provincia es una pérdida de tiempo pues "algo que se puede resolver en dos meses, tarda dos años". "Están tratando de seguir dilantando", reiteró, asegurando que si no se realizan los estudios en este momento, tendrán que esperar otro año para dar camino a las obras. "Sentimos y notamos que para ellos (el gobierno de Sáenz) no es prioritario", denunció. 

Ya en el 2014, el Ente Regulador, mediante la resolución 1051, se había expedido al respecto instando a que la empresa prestaria Aguas del Norte, normalice el servicio en un plazo de dos años, es decir, en 2016. Es entonces que además de multas, el Ente ordenó a Aguas del Norte reducir en un “60 por ciento” la facturación del agua desde 2013 (o sea de manera retroactiva a la resolución), hasta “acreditar la regularización del servicio”. 

Un servicio colonial 

Actualmente algunos de los habitantes de San Carlos consiguen agua a través de un camión que llega al centro del pueblo entre 3 y 4 veces a la semana. El agua es provista desde Animaná, un pueblo ubicado a 10 kilómetros. Jiménez, denunció incluso que esa acción es llevada adelante por una familia del pueblo y no por el intendente municipal, Héctor Vargas, quien les dijo que no cuenta con el presupuesto para hacerlo. 

"El poder Ejecutivo municipal parece que está indiferente a la situación", problematizó, por ello, en esta semana se harán presentes en el edificio municipal.

Además del camión, los vecinos suelen comprar a proveedores bidones de 10 litros de agua a $150, y sino, en los almacenes de la zona, un bidón de 6 litros, está al mismo valor. Según Jiménez, una familia puede llegar a consumir casi 6 bidones a la semana, lo que representa un presupuesto importante para los pobladores si no pueden acceder al camión. 

Ante esta realidad, es que la Asamblea señaló que existe una cadena de responsables. Por un lado está Aguas del Norte que no cumple, por el otro los organismos como el Ente Regulador, que no exigen el cumplimiento. Y por último, el Ejecutivo provincial y municipal que tampoco exigen y además, no aceleran los procesos que permita una resolución inmediata al problema. 

Jimenez precisó que tratan de "endilgarle a la Asamblea una responsabilidad que no le corresponde", pues el grupo se autoconvocó por la problemática de la falta de agua para consumo humano, y no para gestionar las obras o soluciones posibles. "Lo único que podemos hacer es exigirles y reclamar a nuestros representantes que hagan su trabajo y su trabajo es brindar una mejora y bienestar en este caos", manifestó. 

Con el cambio del gobierno nacional, supieron que desde el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), la localidad recibiría cerca de 33 millones de pesos para obras, de los cuales 7 millones irían a la comuna de Amblayo. Sin embargo, se mostraron indignados cuando el Ministerio de Producción de la provincia consultó a Aguas del Norte cuáles serían las obras para San Carlos y sólo atinaron a decir que se necesitaba cambiar unos caños de la red de agua.

Los vecinos se enteraron de esa consulta en noviembre del año pasado y "hasta la fecha no se hizo nada de eso", contó Jiménez. Es por eso que también reclamaron saber qué se hicieron con esos fondos. "Vamos a seguir en la lucha y vamos a hacer más acciones hasta que no empiecen las obras y las autoridades escuchen al pueblo", expresó.