El exagregado de la Gendarmería en Bolivia Adolfo Caliba quedó formalmente imputado por el fiscal Claudio Navas Rial en la causa en la que se investiga el envío de municiones para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales. Caliba fue señalado como quien recibió el 13 de noviembre de 2019, en el aeropuerto de El Alto, el material represivo que terminó en poder de la policía y de la Fuerza Aérea bolivianas. Su inclusión en el expediente --en el que está imputado el expresidente Mauricio Macri-- se da días después de que el Estado Plurinacional informara que ya tenía identificado al uniformado que había repartido las armas entre las fuerzas golpistas.
Navas Rial le pidió así al juez Javier López Biscayart que investigue a Caliba, cuyo nombre apareció después de una ampliación de la denuncia presentada el miércoles pasado por los ministros Sabina Frederic (Seguridad) y Martín Soria (Justicia) y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont. En la causa ya están imputados por contrabando agravado Macri, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, elexembajador Normando Álvarez García y el exjefe de Gendarmería Gerardo Otero, entre otros.
“Entiendo que los nuevos elementos arrimados por los denunciantes permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida al entonces Comandante de la Gendarmería Nacional Argentina, Adolfo Héctor Caliba, en razón del rol que este habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviados, así como también en la coordinación que mantuvo durante esos días con las autoridades de la nueva conducción de la Policía Boliviana -según surge de su propio informe-, y en la presunta puesta en marcha extemporánea de un procedimiento tendiente a la formalización del pase de manos de municiones y armamentos que ya se había concretado previamente y con su intervención”, escribió Navas Rial.
Según pudo reconstruir Página/12, la prueba que complica a Caliba es la siguiente:
El 16 de julio presentó un informe Miguel Alonso, el exagregado y jefe de la misión militar en Bolivia, ante las autoridades del Ministerio de Defensa. Esta persona dijo que estuvo el 13 de noviembre de 2019 en el aeropuerto de El Alto esperando el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Con él estaba el entonces embajador Álvarez García, dos secretarios de la representación diplomática, personal de la embajada y los familiares que iban a ser evacuados en ese vuelo de regreso. Añadió que fue Caliba quien estuvo a cargo del desembarco del personal y el equipamiento de la Gendarmería, mientras que él, junto con el embajador Álvarez García, acompañaron a los familiares para su embarque. Cuando Caliba dijo que estaban listos, todos subieron a un minimicro. El relato le da a Caliba una voz de mando sobre el material y los gendarmes, mientras que el agregado militar se muestra como parte de la comitiva.
El enlace de la Gendarmería remitió informes periódicos entre octubre y noviembre de 2019 a Otero sobre la situación social en Bolivia.
El 17 de noviembre de 2019, Caliba le envió una nota a Otero en la que decía que ese día había participado de una reunión convocada por la “nueva conducción” de la Policía de Bolivia --léase la Policía de la dictadura de Jeanine Áñez--. Ese encuentro fue coordinado por el subcomandante de la fuerza Claudio Zenobio Espinoza Luna. Allí, explicó Caliba, el tema a tratar fue la “posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón (de) que se les está acabando su stock”. Según él le informó a su superior, dijo en la reunión que la Gendarmería estaba en tratativas de adquirir el material y le sugirió orientar el pedido hacia el Ministerio de Seguridad --de Bullrich-- a través de la embajada.
El fiscal, al igual que el gobierno, entiende que Caliba buscó, con la nota del 17 de noviembre de 2019, darle una justificación a la entrega de las armas que había sido anterior. De todas formas, ese documento revela que los pedidos de proyectiles por parte de la Policía de Bolivia existieron. Las armas ya estaban en poder de la Policía desde el mismo día en que los gendarmes argentinos llegaron a Bolivia: el 13 de noviembre de 2019. Eso surge tanto de un inventario de la Policía de Bolivia, en el que se registró el ingreso de 26.900 balas antitumulto como de la carta que envió en esa misma fecha el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Terceros Lara agradeciendo la recepción de 40.000 balas de goma.
Con Caliba son cuatro los gendarmes imputados en el expediente. Además de Otero, se encuentran el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde. Yavorski fue quien gestionó la salida de las 70 mil balas antitumulto en noviembre de 2019. Recalde, por su parte, fue quien informó en julio del año pasado que los gendarmes destinados a Bolivia habían gastado las 70.000 balas en ejercicios y entrenamientos, lo que habría sido especialmente curioso porque el grupo Alacrán no emplea habitualmente armamento antitumulto, sino letal.
La ministra Frederic ordenó el pase a disponibilidad tanto de Caliba, Yavorski, Recalde y Fabián Salas, el exjefe del Grupo Alacrán que también justificó la salida de las 70.000 balas. El sumario administrativo lo está llevando adelante la Gendarmería. Según le anticipó Frederic a este diario, su cartera tiene información de que los gendarmes no entraron en contacto con esas municiones, lo que a priori se condice con las pruebas que están surgiendo en Bolivia. El Ministerio de Seguridad ya entregó en el juzgado un CD con el avance del sumario, que será analizado en las próximas horas por el juez López Biscayart.
Según pudo saber Página/12, Caliba se presentó en el expediente en las últimas horas al igual que Salas. Los dos designaron al mismo abogado que Otero, por lo que se presume que apuestan a que sus suertes estarán atadas. También se conoció, por la publicación del diario La Nación, que Bullrich convocó a una reunión de funcionarios macristas para tratar la defensa en esta causa y no hubo contacto con los gendarmes. Macri, si bien no participó del encuentro que se hizo en las oficinas de la presidenta del PRO, sí se presentó en la causa, alegó que era un perseguido y designó a Pablo Lanusse como su abogado. El exfiscal lo representa tanto en la causa sobre el hostigamiento al Grupo Indalo --en la que está prófugo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón-- como en las investigaciones sobre espionaje en su gobierno.
