Pese al fallo judicial que ordenó suspender el trámite en la Legislatura del convenio entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Grupo IRSA, este lunes el oficialismo porteño avanzó con su tratamiento y consiguió dictamen para el proyecto que impulsa la construcción de un barrio de torres de lujo en Costanera Sur. Poco antes del horario de la reunión, el juez Martín Converset, que tomó la causa en las primeras horas del lunes, resolvió que no había impedimentos para la realización del plenario de comisiones pese a estar vigente la medida precautelar que requirió, como condición para continuar el tratamiento, la presentación en audiencia pública de un estudio de impacto ambiental del barrio que IRSA busca levantar frente a la Reserva Ecológica. En tanto, la oposición presentó un dictamen de rechazo y advirtió sobre la "inaudita celeridad" tanto de la Justicia como del tratamiento del convenio, que en solo una semana ingresó a la Legislatura, fue debatido en comisiones y ya quedó en condiciones de ser aprobado en el recinto.
"De buenas a primeras"
A las 11:18 del lunes, doce minutos antes de la hora pautada para el inicio de la reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto, el juez Converset firmó la resoución que habilitó el plenario. Pese a la medida precautelar dictaminada el sábado por el juez de primera instancia Guillermo Scheibler, Converset consideró en un escrito de una carilla y media que "nada impide la celebración de la segunda reunión" conjunta de las comisiones, "no encontrándose notificada la Legislatura" y "teniendo en cuenta la profusa prueba" aportada por el Gobierno de la Ciudad. El magistrado aclaró que esto no impedirá "retrotraer el estado de cosas durante el trámite del expediente".
"De buenas a primeras cambia el juez por la feria y nos encontramos con que diez minutos antes habilita la reunión. Preocupa muchísimo la manera arbitraria en que se está llevando adelante el trabajo legislativo", advirtió durante el plenario Javier Andrade, vicepresidente del bloque del Frente de Todos (FdT) y de la Comisión de Planeamiento. Por su parte, el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, único legislador del oficialismo que tomó la palabra, aseguró que "hay una formalidad en la Justicia y exige la notificación fehaciente a la Legislatura" y agregó que de haber llegado esa notificación "hubiéramos cumplido con la manda".
"Estoy convencido de que, de una forma u otra, van a tener que ir para atrás con esto como pasó con Costa Salguero", indicó por su parte Matías Barroetaveña (FdT), quien sostuvo que en la Ciudad "cada vez que hay una decisión de la Justicia se decide pasar por arriba, sabíamos que iban a avanzar así, esta es la forma de gobernar que tienen". El legislador añadió que "está claro que no hay un estudio de impacto ambiental como marca la ley. Hay que tener en cuenta la voz de los especialistas ante la posibilidad de hacer un daño ambiental importante".
Sin estudio de impacto ambiental
El juez Scheibler había basado su decisión en la falta del estudio de impacto y en la no realización de la correspondiente audiencia pública que la Ley N°123 de "Evaluación de Impacto Ambiental" prevé para los emprendimientos de "relevante efecto ambiental", entre los que el magistrado ubicó al proyecto "Costa Urbana" de IRSA. Es que el predio de 71 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, donde el grupo empresarial pretende levantar torres de hasta 145 metros, está ubicado en zona de humedales, frente a la Reserva Ecológica -- sitio protegido por la Convención Internacional Ramsar de humedales -- y junto a la Central Térmica de Costanera Sur.
Entre otros puntos previstos por la Ley 123, el juez catalogó al proyecto como de "relevante efecto ambiental" por superar los 2.500 metros cuadrados y requerir del dictado de normas urbanísticas particulares, por implicar la deforestación de "terrenos públicos o privados y disminución del terreno absorbente", por modificar la costa del Río de la Plata, y por desarrollarse en "áreas ambientalmente críticas". Así, Scheibler dio lugar a la acción de amparo presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y otras organizaciones, al entender que el proyecto requiere "procedimiento técnico administrativo completo de evaluación de impacto ambiental, que incluye entre sus alternativas de modo obligatorio la realización de una audiencia pública".
"Falta la audiencia pública y no vimos la evaluación de impacto ambiental. Adjuntaron un documento que de informe técnico ambiental no tiene nada, es casi una propaganda del proyecto de IRSA", señaló la legisladora Lucía Cámpora sobre la "profusa prueba" mencionada por Converset. En tanto, la diputada María Rosa Muiños cuestionó la "celeridad inaudita" que adquirió el tratamiento del proyecto desde que llegó a la Legislatura, mientras que Cámpora subrayó que "para los pedidos de IRSA en menos de siete días sale un despacho".
Aunque el convenio entre el grupo empresarial y el GCBA fue anunciado durante la segunda semana de julio, la firma formal recién se produjo el pasado lunes 19 de julio. Al día siguiente, el proyecto fue enviado a la Legislatura, el jueves se realizó la primera reunión informativa y este lunes ya obtuvo dictamen de mayoría de parte del bloque de Vamos Juntos, que buscará tratarlo en el recinto el próximo 5 de agosto. Además del bloque del FdT, el Frente de Izquierda también rechazó el convenio.
Despojo de tierras públicas
De aprobarse el proyecto, IRSA concretará uno de sus históricos anhelos: levantar un nuevo Puerto Madero en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Bajo el nombre de "Solares de Santa María", el barrio que ahora adoptó el nombre de "Costa Urbana" fracasó en sucesivas oportunidades en la Legislatura, que registra el último intento en el año 2016. La historia del predio se remonta a 1964, cuando esas tierras, que entonces eran públicas, fueron cedidas al club con el objetivo de construir allí un parque deportivo y un estadio.
Cuando IRSA adquirió las 71 hectáreas en 1997, la zona aún estaba catalogada con el "uso deportivo" que conserva hasta hoy. Es ese uso el que será modificado de aprobarse el convenio, y así el holding empresarial de Eduardo Elsztain quedaría habilitado para construir sus torres de lujo. Para eso también necesitará que la Legislatura apruebe la ampliación de la altura permitida en esa zona, que alcanzará los 145 metros en el 11 por ciento de la urbanización.
IRSA adquirió los terrenos por una suma cercana a los 50 millones de dólares, unos 200 dólares por metro cuadrado, en una zona en la que hoy el metro cuadrado construido supera los 6 mil dólares. "Un privado va a poder desarrollar torres de lujo para un segmento premium que luego no las utiliza para ser habitadas, sino para reserva de valor o para especulación financiera. Siempre la prioridad está puesta en un segmento muy pequeño de la alta gama inmobiliaria", señaló en este sentido Juan Manuel Valdés, también legislador del FdT.
Aunque el GCBA e IRSA promocionaron el convenio asegurando que la empresa "cederá" el 67,5 por ciento de los terrenos a cabio de poder construir las torres, lo concreto es que solo el 36,7 por ciento del predio estará destinado a la realización de un parque público. Lo restante estará compuesto por calles y "espejos de agua" que IRSA generará utilizando el canal del Río de la Plata y de la Reserva Ecológica. Por todo esto, la ODC alerta que "de avanzar esta propuesta se consolidaría uno de los más grandes despojos de tierras públicas y fraude al bien común".
