Desde Roma

El 27 de julio comenzará en el Tribunal de la Ciudad del Vaticano el proceso contra un cardenal y otras nueve personas además de cuatro sociedades que administraban inversiones, por malversación de fondos financieros de la Secretaría de Estado vaticana. Cualquiera sea el resultado final, según varios analistas, los juicios de esta naturaleza pondrán en práctica el objetivo de transparencia en materia económica que persigue Papa Francisco. Este proceso “marca un cambio de dirección que puede conducir a una mayor credibilidad de la Santa Sede en materia económica”, comentó en declaraciones a la prensa vaticana el jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves, Prefecto de la Secretaria para la Economía del Vaticano.

Un grado más en esta transparencia lo agregó la presentación oficial el sábado pasado, por primera vez en la historia, del balance anual 2020 del APSA (Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica), ente que administra los bienes inmuebles y otros patrimonios de la Santa Sede. Esta decisión “ha sido sin duda un paso más en la línea de la transparencia y del compartir”, comentó por su parte el presidente del APSA, monseñor Nunzio Galantino, en declaraciones a la prensa vaticana.

El proceso fue motivado por una operación poco clara que salió a relucir en 2019, al parecer denunciada por empleados vaticanos y luego confirmada por personal de la Guardia de Finanzas, la policía financiera italiana que se ocupa de descubrir este tipo de delitos. Se trató de una operación a través de una cuenta bancaria que dependía de la Secretaría de Estado Vaticana y donde confluían fondos del Obolo de San Pedro (donaciones de los cristianos para hacer obras de caridad) y del Instituto para las Obras de Religión o IOR, en realidad el Banco Vaticano. Con los fondos de esta cuenta bancaria fue comprado en 2014 un edificio en una zona muy cotizada de Londres (Sloane Avenue) por más de 200 millones y por la que se entregaron considerables comisiones a los intermediarios.

El principal acusado de esta operación es el cardenal Giovanni Angelo Becciu, que en el momento de la operación era Sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado Vaticana, donde había sido nombrado en 2011 por el Papa Benedicto XVI y estuvo hasta 2018. Becciu también es sospechoso de haber hecho una donación de cien mil euros a una oficina de Caritas, fondos que luego habrían ido a parar a una cooperativa que dirigía un hermano suyo en la isla de Cerdeña.

En el viaje de vuelta de Tokio, en noviembre de 2019, Francisco dijo a los periodistas en el avión: “Por primera vez la denuncia (sobre Becciu) no vino de afuera sino de dentro del Vaticano. Es la primera vez que hemos destapado nosotros la olla”. Y contó que había autorizado a la justicia vaticana para que investigara sobre esas maniobras financieras.

En septiembre de 2020, algunos meses después de que el escándalo saliera a relucir y después de haber mandado a hacer una investigación sobre el caso, el Papa destituyó a Becciu de todas sus funciones en el Vaticano (era Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos hasta ese momento). Si bien sigue siendo cardenal, perdió todos los derechos cardenalicios, como por ejemplo el poder votar en el cónclave para la elección de los próximos papas. Y tampoco podrá ocupar cargos de relevancia dentro de la Santa Sede. Un breve comunicado del Vaticano informó sólo que el Papa había aceptado la renuncia del cardenal Becciu.

Diplomático de carrera de 73 años, originario de la isla de Cerdeña, Becciu se desempeñó en las nunciaturas (embajadas vaticanas) de varios países africanos y europeos. Pero también fue nuncio (embajador) en Angola y en Sao Tome e Principe. El papa Benedicto XVI lo nombró nuncio en Cuba en 2009 y en 2011 lo nombró Sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado Vaticana, de hecho sede del virtual primer ministro o secretario de estado vaticano. El papa Francisco, que asumió como Pontífice en 2013, conoció a Becciu cuando trabajaba en la Secretaría de Estado y muchos dicen que nació una buena colaboración entre ambos, entre otras cosas por el conocimiento que Becciu tenía de América Latina y porque hablaba español. Francisco lo consagró cardenal en 2018 y lo nombró también miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Pero la amistad entre ambos se vino abajo cuando la magistratura vaticana empezó a investigar sobre la compra del edificio de Londres en 2014 por un valor que al parecer era mucho mayor que el valor real del inmueble.

El cardenal Becciu siempre rechazó todas las acusaciones y justificó su accionar diciendo que la compra del edificio de Londres había sido una muy buena inversión para el Vaticano porque desde que se hablaba de Brexit, el edificio había aumentado su valor. “Soy víctima de un complot. Esperaba desde hace tiempo conocer las acusaciones en mi contra para poder demostrar al mundo mi completa inocencia”, dijo Becciu en un comunicado cuando se difundió que sería procesado. “Finalmente ha llegado el momento de aclarar y el Tribunal podrá descubrir la total falsedad de las acusaciones y las maniobras oscuras que evidentemente las han sostenido y alimentado”, concluyó.

Como corolario de esta investigación y de otros procesos hechos por malversación de fondos del IOR (el banco vaticano), el Papa Francisco en diciembre de 2020 , a través de un decreto papal (Motu Proprio) eliminó las funciones económicas y financieras que tenía la Secretaría de Estado vaticana, pasando esas actividades económicas al ente denominado Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) Sede que deberá a su vez ser controlado por la Secretaría para la Economía.