La bajante del río Paraná es histórica, por el nivel que alcanzó, y por su extensión en el tiempo. Sus consecuencias, gravísimas para el ambiente, el desarrollo, la economía, la vida cotidiana de miles de personas que están directa o indirectamente unidas a ese río cuya cuenca recorre las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Buenos Aires. "Técnicamente, es un desastre natural", define con crudeza Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente. "Pero no es un castigo divino: el origen es socioambiental, está asociado a un modo de producción y consumo", advierte también. La suya es una de las muchas áreas del Estado que se están poniendo en marcha desde hace un tiempo por este tema, y que ahora dispondrán de más fondos y podrán agilizar su uso en la gestión de la emergencia. El Gobierno formalizó este lunes la declaración del "estado de emergencia hídrica" por 180 días en la región de la cuenca del Paraná. Los posibles escenarios más acuciantes están planteados: falta de agua en ciudades cercanas, incendios forestales, imposibilidad de mantener el volumen del comercio por la hidrovía, y hasta se pensó qué hacer en caso de que haya que parar las centrales nucleares Atucha 1 y 2, o las centrales termoeléctricas ubicadas sobre este río, que demandan gran cantidad de agua para su funcionamiento, además de la preocupante baja en la generación hidráulica de Yacyretá.

La declaración de la emergencia hídrica habla del "impacto y las consecuencias que está generando la bajante histórica más importante de los últimos 77 años en la cuenca hídrica de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú". Le antecedió el anuncio de un fondo especial de 1000 millones de pesos para las zonas afectadas. El tema atraviesa distintas áreas y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, viene encabezando reuniones en Casa Rosada por el tema. Las primeras fueron unos tres meses atrás, trazando escenarios y líneas de acción, y ya en las siguientes reuniones, dos semanas atrás, con las previsiones menos optimistas lamentablemente cumplidas. El martes y miércoles próximos, reunido en Paraná, el Consejo Regional de Gestión del Riesgo y Protección Civil abordará exclusivamente el plan de acción a seguir en la emergencia hídrica.

Lo urgente

Los datos relevados por el Instituto Nacional de Agua alarman en la descripción del presente y en sus previsiones. A la altura de Rosario, por ejemplo, el río ya bajó más de tres metros su nivel "conocido": La altura promedio en invierno era de 3,2 metros. El 25 de julio fue de -0,17. La "bajante extraordinaria" establece el "Alerta rojo". El caudal del Paraná es hoy de poco menos de 6.000 metros cúbicos por segundo promedio, con registros mínimos diarios de hasta 5.500 m3/s. El piso histórico de 1944 fue de 5.800 m3/s.

Y el pronóstico no es alentador: "la tendencia descendente observada continuará en las próximas semanas, con muy alta probabilidad de que la bajante persista durante el invierno y posiblemente tendencia similar en el último trimestre del año", sentencia el informe técnico del instituto. En dos de los tres escenarios que el organismo ya hizo públicos, se llegará a niveles aún más bajos que los de 1944. 

Así las cosas, Yacyretá ya opera al 50% de su capacidad y en Zárate ya se contrató una draga para garantizar la disponibilidad de agua en Atucha. Esta central nuclear, funcionando a pleno, consume 30 metros cúbicos de agua por segundo. Pero si llegara a tomarse la drástica decisión de pararlas por la bajante, también hay que garantizar que llegue el agua hasta allí: hay que seguir enfriando el núcleo, un consumo de 4 metros por segundo. Por eso ya se gestionó la adquisición de una "súper bomba" para poner en funcionamiento, llegada la emergencia. 

A esto hay que sumar los problemas operativos que ya se manifiestan en centrales térmicas como Vuelta de Obligado, San Martín, San Nicolás y Campana. La Secretaría de Energía ya previó de compra de 300 mil millones de litros de diesel para abastecer las centrales termoeléctricas y su logística, más 10 millones de metros cúbicos de gas para las centrales de funcionamiento combinado, que trabajan con vapor, gas y diesel.

Aparece también el tema del suministro de agua potable, en cantidad y calidad. El año pasado, por ejemplo, la bajante facilitó la aparición de floraciones de cianobacterias, que son potencialmente tóxicas, y deben ser eliminadas en el momento de la potabilización. "Se está chequeando especialmente que las empesas proveedoras tengan la teconología adecuada para ese proceso", dice Federovisky.

"Si bien estamos pidiendo a la población un cuidado extra en el consumo del agua, queremos llevar tranquilidad, hoy no estamos en una situación de ciudades sin agua. El Estado está trabajando mucho en la prevención", dice el subsecretario de Gestión del Riesgo del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gabriel Gasparutti. La preocupación aparece de todos modos en centros urbanos como Rosario y Santa Fe, donde Aguas Santafesinas ya está anunciando que, más allá de que se han colocado bombas de refuerzo, "como todo indica que la tendencia es de bajante, es una posibilidad en el futuro cercano estar obligados a restringir la presión del servicio, cuando no se pueda captar el agua suficiente del río".

La bajante también afecta la navegabilidad del Paraná, y por lo tanto el comercio por la hidrovía, un 80% de las exportaciones argentinas de granos y cereales. La Bolsa de Comercio de Rosario sostuvo que esto podría costarle al sector agroindustrial exportador una pérdida de unos 315 millones de dólares por el aumento de los costos logísticos y de transporte.

"Prefectura ya hizo un relevamiento de todas las tomas de agua de la cuenca. Se están controlando mucho los amarraderos, se suspendió la navegación nocturna, se disminuyó el volumen de los convoyes de barcazas empujados por remolcadores para disminuir los peligros de la navegabilidad", describe Gasparutti lo hecho para mitigar la emergencia. "Pero sobre todo se está articulando mucho con todas las áreas, porque se vienen tiempos para estar muy alertas".  

El futuro

El ministerio de Ambiente está enfocado en el control de incendios, ante el peligro del surgimiento de una práctica absolutamente prohibida y de graves consecuencias, que ya se vio en la bajante del año pasado y en 2008: hay productores que toman como popios los nuevos humedales que quedan al descubierto por la bajante, queman los pastizales y hacen un terraplén para que no vuelva a entrar el agua en la crecida; de ese modo extienden ilegalmente las zonas productivas. Y también causan incendios forestales.

Federovisky es terminante respecto a las prácticas ilegales que generan los incendios: "es nuestra preocupación uno", ubica. En agosto el ministerio de Ambiente sumará a sus dotaciones de brigadistas un sistema de cámaras de última generación de detección de humo y calor para idetificar los fuegos apenas aparecen. 

"Estamos frente a un problema ambiental que es multicausal, un escenario de cambio climático, una sequía que lleva un año y medio, una bajante inédita. Sobre este escenario se montan 'acciones' productivas que potencian negativamente ese fenómeno: la tala de bosques nativos, el desmonte en la alta cuenca del Paraná (el Amazonas)", describe. "Y la pérdida de humedales --agrega--, esos ecosistemas cuyo servicio ambiental era retener el agua y soltarla cuando fuera necesario. Se ha dicho hasta el hartazgo que los humedales funcionan como esponjas. Bueno, para decirlo brutalmente, esas esponjas desaparecieron".

"Cuando discutimos cómo tiene que ser el modelo de crecimiento de países como la Argentina, tenemos que pensar que hablar de desarrollo sustentable es hablar de esto. Que las consecuencias son estas, y si hablamos de costos, sale carísimo", concluye.