El juez de Garantías de San Isidro, Diego Martínez, resolvió este lunes apartar al abogado Matías Morla como querellante en la causa por la muerte de Diego Maradona en representación de las hermanas del exfutbolista y, además, denunció la posible comisión de un delito de acción pública y pidió investigarlo por asesorar legalmente a algunos de los imputados.
La decisión del magistrado fue tomada durante la feria judicial, en el marco del pedido formulado tiempo atrás por las hijas del "10", Dalma y Gianinna, en un planteo que fue apoyado por los fiscales del caso.
Según consta en la resolución, Martínez dispuso primero revocar el patrocinio letrado de Morla respecto de Claudia Nora, Ana Estela y Rita Mabel Maradona, quienes continuarán siendo asistidas por el abogado Yamil Castro Bianchi.
En segundo lugar, el juez denunció la posible comisión de delitos de acción pública, a cuyo fin, pidió que se extraigan copias de las piezas procesales pertinentes y se remitan a la mesa de entrada de Tribunales para sortear a otro juez para que investigue.
Al explicar los motivos por los cuales sospecha de la comisión de un delito por parte de Morla, el magistrado se refirió a la transcripción de mensajes que obran en la causa por la muerte de Maradona entre los teléfonos de Morla y del neurocirujano Leopoldo Luque, imputado por el delito de homicidio con dolo eventual.
De acuerdo con el juez Martínez, ese material remite a una charla entre Morla y Luque del 28 de noviembre del pasado año, a tres días de la muerte de Maradona, durante la cual el primero le dice al segundo: "Nada tuviste que ver’, ‘Y abogado tuyo soy yo’".
A continuación, el magistrado transcribió otro mensaje que Morla le envió a Luque, uno con firmas de las hermanas de Maradona y abajo el texto; "'Quedo abogado…’, 'Hermanas me meten abogado'".
El juez Martínez mencionó además mensajes entre el psicólogo de Maradona, Carlos Díaz, y la psiquiatra Agustina Cosachov, también acusados del homicidio con dolo eventual.
Y al respecto consideró: "...dan cuenta no solo que el primero tenía un contacto asiduo con el abogado Morla, sino también evidencian, a mi juicio, cierta confianza o familiaridad entre ambos que, vale señalar, excedería una relación cordial que podría enlazar a dos profesionales que, desde sus respectivas especialidades --médica y legal--, trabajan para una misma persona".
Para Martínez esas circunstancias indican que se vulneró el artículo 60 inciso 1 de la Ley 5177, que indica que "está prohibido a los abogados patrocinar o asesorar a ambos litigantes en un juicio, simultáneamente o sucesivamente, o aceptar la defensa de una parte, si ya hubiera asesorado a otra".
También para fundamentar el apartamiento del abogado, el juez Martínez se remitió a las declaraciones de los propios imputados, varios de los cuales admitieron haber llegado a tratar a Maradona tras ser contratados por Morla.
Finalmente, el juez concluyó: "Resulta palmaria de la prueba objetiva recabada por el momento que Matías Edgardo Morla asesoró a Leopoldo Luciano Luque, con antelación a su imputación en esta encuesta, no solo aconsejándole en su condición de profesional letrado, sino también llevándole tranquilidad acerca del trámite de la investigación, motivado ello en su ingreso a la pesquisa bajo el papel de patrocinante que hoy detenta".
"Una vez que el letrado fue investido por las hermanas del fallecido como uno de sus patrocinantes, es el propio Dr. Morla quién paralelamente a la asistencia legal --y formal-- de las hermanas Maradona, con su incorporación a la pesquisa, procura transmitirle a Luque sosiego y seguridad, refiriendo textualmente ‘Yo te pongo arriba con la verdad’, ‘Estate tranquilo’ y 'No hiciste nada mal’", agregó.
Para el juez, "el conflicto o colisión de intereses aparece incontrastable" por lo que "deviene incontestable la absoluta incompatibilidad del asesoramiento, patrocinio o ejercicio de la representación o defensa de ambos actores procesales, aun cuando sea en modo informal o circunstancial".
Además de denunciar la posible comisión de un delito, el juez adelantó que remitirá actuaciones al Colegio de Abogados provincial para que investigue si se violó el Código de Ética profesional.