El fiscal de Cámara Germán Moldes desistió de mantener la acusación contra el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, investigado por el cobro de comisiones ilegales por casi 600 mil dólares relacionadas con el escándalo de corrupción en Brasil conocido como Lava Jato y con la licitación por el soterramiento del tren Sarmiento. El funcionario decidió no respaldar la apelación ante la Cámara Federal impulsada por el fiscal federal Federico Delgado contra el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Canicoba Corral en beneficio del jefe de los espías e íntimo amigo del presidente Mauricio Macri. La intervención de Moldes se produce justo cuando Delgado y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) se disponían a interrogar vía teleconferencia –la próxima semana– a dos “arrepentidos” de la causa Lava Jato. La causa quedará archivada sólo de manera transitoria, ya que el sobreseimiento será apelado ante la Cámara de Casación Penal por la PIA, a cargo del fiscal nacional de investigaciones administrativas Sergio Rodríguez.
Arribas fue denunciado por recibir en su cuenta del Credit Suisse cinco transferencias desde una cuenta en Hong Kong manejada por el financista brasileño y arrepentido pagador de sobornos Leonardo Meirelles, operador financiero de la constructora Odebrecht, condenado en Brasil. Las denuncias judiciales en su contra las presentaron la diputada de Cambiemos Elisa Carrió (que ayer guardó silencio) y los diputados del Frente para la Victoria Héctor Recalde, Teresa García, Martín Doñate, María Emilia Soria y Rodolfo Tailhade, que lo sindicaron como posible encargado de pagar coimas para que el consorcio integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa –del primo presidencial Angelo Calcaterra– la española Comsa y la italiana Ghella se quedara con la licitación del soterramiento del Sarmiento.
Delgado había refutado los argumentos por los cuales Canicoba sobreseyó a Arribas y advirtió que el juez “edificó la resolución en base a premisas falsas” de las cuales “surgió una decisión nula porque no tiene relación con la realidad, es decir con la pobre base material del expediente”. “Dijimos más de diez veces que hay que determinar si existieron las cinco transferencias que revelan los documentos aportados por (el periodista de La Nación) Hugo Alconada Mon”, agregó Delgado. “La primera de U$S 154.666 del 25 de septiembre de 2013. El 26 se habrían girado U$S 70.500 y el 27 de 2013 U$S 120.352, U$S 490.000 y U$S 159.000. Ellas partieron desde una cuenta bancaria en Hong Kong que según la justicia de la República Federativa del Brasil se usaba para canalizar sobornos (…) había que analizar si esos montos ingresaron de alguna manera a la Argentina o si tenían relación con hechos ocurridos aquí como, por ejemplo, el soterramiento del Sarmiento”, escribió. Delgado destacó que faltaba concretar medidas de pruebas y que el juez rechazó escuchar a Meirelles y a su socio y jefe Alberto Yousseff, argumento que rechazó al sostener que en tal caso “se suspende la declaración y listo”. Canicoba “sobreseyó a un imputado sin una investigación real previa” y “recurrió a falacias para sobreseer a Arribas”, concluyó.
Moldes sostuvo en un principio la apelación de Delgado, pero ayer, en la audiencia clave para defender sus argumentos, prefirió desistir del recurso ante la Cámara. Moldes es el mismo fiscal que promovió la reapertura de la denuncia del fallecido Alberto Nisman –desechada en tres instancias judiciales– y que en los últimos días pidió declarar ante la comisión bicameral del Congreso contra la procuradora Alejandra Gils Carbó. El fiscal de Cámara sostuvo que era impracticable tomarle declaración testimonial a quienes se acogieron a la “delación premiada” en Brasil y respaldó la versión de Arribas. Afirmó que la única transferencia acreditada fue la de 70.475 dólares (que Arribas reconoció a partir de la venta de bienes muebles) y que las otras cuatro “no constan en los resúmenes de los movimientos ni los montos que en ellas se refiere”. “Las pruebas despejaron lo realmente ocurrido (existió una transferencia justificada de 70 mil dólares) y esa acreditación permite sostener que la hipótesis (original) no se corroboró. Por eso corresponde poner fin a la investigación”, propuso. Casación tendrá la próxima palabra.
