De cara a las próximas elecciones del 15 de agosto, Salta se prepara para elegir también a los 60 encargados de reformar la Carta Orgánica provincial, y si bien los debates entre los candidatos a legisladores y concejales se llevan todas las miradas en unas elecciones cargadas de apatía producto de la pandemia y sus restricciones, los convencionales deberán definir, entre otras cosas, la forma de elegir jueces y autoridades de la Auditoría General de la provincia, así como la duración en el cargo de los ministros de la Corte y la limitación de mandatos de los cargos electivos.

Salta/12 dialogó con seis candidatos sobre lo que esperan de la Convencional constituyente. Salvo los oficialistas, todos los demás coinciden en que las reelecciones se deberían limitar a un período, y que sea efectivo para el gobernador contando su presente gestión. Así como están en contra de la inamovilidad de los jueces de la Corte.

Para el ex legislador provincial Guillermo Martinelli, candidato en segundo término por el Frente de Todos, de acuerdo a lo previamente autorizado por la Legislatura a través de la Ley de la Reforma de la Constitución “hay que cambiar absolutamente casi todos los puntos”. Sostuvo que el gobernador de la provincia no puede ser mandatario más que en una oportunidad, “y eventualmente podría serlo de nuevo después de un período de vacancia”. Pero aclaró que “nunca más en la vida”, y tampoco en una fórmula como vicegobernador.

En cuanto a la Corte de Justicia, los jueces no podrían tener más de un mandato que no debiera excederse de los ocho años. Y agregó que su elección no debe ser como es hasta ahora “amañada al poder político”, ya que la terna la elige el gobernador con acuerdo del Senado provincial, “que tiene exactamente la misma dependencia que luego tendrá cualquier juez”.

También propuso que no se deberían permitir las sucesiones parentales ni en el caso del gobernador ni en el de los jueces, “ningún hijo o hermano del gobernador podría ser Ministro de la Corte”. Y para proponer los futuros magistrados, ya no debería ser el gobernador quien los elija, sino un Consejo “en donde participe la sociedad civil, como representantes de las universidades, del Colegio de Abogados y de Magistrados, así como de las asociaciones civiles con competencia de derechos humanos por ejemplo”. Y no tendría que pasar por la Cámara de Senadores, sino solo por la promulgación del gobernador.

Para justificar su propuesta, Martinelli recordó lo sucedido en Chile, en donde “para reformar la Constitución pinochetista fue el pueblo el que salió a cambiarla, y hoy los convencionales son legítimamente gente del pueblo”. “No queremos hacer gatopardismo, cambiar aparentemente algo para que todo siga igual”, manifestó.

Lo mismo consideró para la elección de autoridades de la Auditoría General de la provincia. Martinellí afirmó que deberían ser elegidos por concurso de antecedentes y oposición y evaluados por técnicos, ya que para él, no controla ningún organismo oficial como debería, “ni siquiera a la municipalidad de Salta, que argumentó que tiene su propio Tribunal de Cuentas”.

Por último, expresó que desde el frente que representa, la Reforma se debería haber establecido “por Materia y no por temas de artículos, pero sabemos que tenemos que impulsar que la modificación sea lo más importante y profunda posible”.

Hace unos días, la principal candidata del FdT, Sonia Escudero, había resaltado que por voluntad del ejecutivo se había perdido una gran oportunidad de debatir otros temas, como los ambientales o de género. Y que eso expresaba cuáles eran las ideas del gobernador en cuanto a “ampliación de derechos”.

La independencia de poderes

El candidato a Convencional Constituyente del PRO, Fernando Lardies, relató que “el principal motivo por el que quieren cambiar la Constitución es el de la inamovilidad”, ya que para él, el gobernador quiere perpetuar el poder de los jueces amigos, y aclaró que no es el primero en intentar hacerlo, “el anterior lo quiso hacer a través de una Ley ordinaria”.

Como su antecesor, coincidió que el período de seis años actual, y con la posibilidad de ser reelegidos por el gobernador, “los hace dependientes al poder de turno”. Por lo que declarar “vitalicios a los amigos del gobernador le daría impunidad”. En cambio su propuesta postula que ingresen recién a partir de los 50 años con 15 años de mandato, para jubilarse a los 65 y sin reelección. “De esa manera superan el período del gobernador y luego se retiran”, detalló.

Sobre su elección, propondrán hacerlo por concurso de antecedentes y oposición a través de un órgano integrado por instituciones relacionadas, como el Colegio de Magistrados, el Ministerio Público, cuatro abogados de la matrícula, uno por cada universidad y otro de una organización civil. Más catedráticos de otra provincia y hasta uno del gremio judicial. El acuerdo lo prestaría el Senado. Pero a su vez, pedirán que el número de máximos magistrados se limite a cinco miembros.

Para los cargos de la Auditoría, también proponen concurso, y que se deberían incluir otras profesiones y no solo abogados y contadores, “hay que sumar por ejemplo ingenieros”. Y en cuanto a los mandatos de los cargos electivos, expresó que no deberían exceder en ningún caso los cuatro años de cualquier cargo electivo, y que tampoco lo puedan hacer sus familiares. “El gobernador tiene que predicar con el ejemplo y respetar, si es que se aprueban dos mandatos, o uno, considerar que este es el que debe cumplir, y no contar desde ahora en más”, detalló.

Gastos reservados

El candidato por el Frente Grande, Diego Saravia, contó que su propuesta se basa en cinco principales puntos a reformar, que aunque no están previstos en la Ley, intentará debatirlos entre los convencionales, como el de limitar “los gastos reservados”, obligando a la Auditoría a auditar el 100% de los gastos del Estado.

Que los jueces sean elegidos por concurso con jurados de otros distritos “y no a dedo por el gobernador”. Y crear “un gabinete en la sombra”, en donde el que sale segundo como candidato a gobernador designa un gabinete propio y es el que propone los miembros de la Corte, que deberán durar lo mismo que los gobernadores. “Tiene que ser una Corte con mayoría opositora durante un período de gobierno”, explicó. Y lo mismo debería suceder con la Auditoría, que además tendría que controlar temas ambientales y de obra pública, y para ello se debería contar con ingenieros ambientales y otras profesiones.

Que todos los comunicados oficiales sean en lenguas originarias y lengua de señas. Y por último, “prohibir el voto electrónico e imponer la boleta única en papel”.

La mirada oficialista

Del otro lado, dos candidatos oficialistas que van por distintas listas, son el senador Guillermo Durand Cornejo (Unidos por Salta) y el vicegobernador Antonio Marocco (Gana Salta). Ambos sostienen que los cambios propuestos por el Ejecutivo mejorarán la calidad institucional y política de la provincia.

También pusieron de manifiesto, como lo hace el gobernador en cada oportunidad, que se pondrá un límite a los cargos electivos, “para renovar la dirigencia y no existan intendentes o legisladores de décadas en el poder”, expresó el legislador por capital. Quien también compartió con otros candidatos que le hubiese gustado que la Ley “sea mucho más amplia, pero eso es algo que no está, no es una posibilidad y es anecdótico”.

“Es una modificación muy acotada”, reconoció, “pero no por ello menos importante”, aseguró. Defendió la idea que los jueces de Corte sean a propuesta del Ejecutivo y con cargo inamovible aduciendo que “así sucede en casi todo el mundo”. Y que la renovación sí somete a los jueces a ser complacientes con el poder de turno. “Y si el juez no hace las cosas correctamente, deben saltar los resortes constitucionales correspondientes para corregir eso”, añadió. “La inamovilidad logra la independencia, porque el magistrado no está pendiente a la renovación del cargo”, finalizó.

Marocco relató que la propuesta de dos mandatos “es bajo la enmienda americana Vida, es decir dos veces y nada más, y que ningún pariente pueda suceder al gobernador o vice”. Y recalcó que en la propuesta oficialista se incluye que la oposición pueda presidir la Auditoría. En cuanto al tiempo en el que debería permanecer un Juez de Corte en su cargo, indicó que “debería duplicar o triplicar los mandatos de los gobernantes del Ejecutivo”.

La mirada Radical

La elegida por la UCR capitalina como primera candidata Convencional Constituyente, fue María Tusnelda Castañares. Quien en diálogo con este medio aseguró que son muy críticos de la Ley que declara la Reforma por entender que fue inconsulta y que se perdió una oportunidad de convocar a las fuerzas de la oposición para opinar sobre los temas a reformar.

Como Martinelli, se quejó de que se plantee el cambio de “artículos y párrafos” de la Carta Orgánica, y no “por Materia”. “El cambio de un párrafo puede hacer que el que sigue sea contradictorio”, explicó. “Una Constitución no se modifica todos los días”, agregó.

Como los demás candidatos opositores, expresó que los mandatos de los cargos electivos deberían acortarse a uno solo, “y que con un intervalo se puedan volver a presentar”. Pero aclaró que se debería considerar en todos los casos que “este se contabilice como el primer mandato, y no que cuenten desde la promulgación de la reforma, como hicieron otros gobernadores”.

Se negó a la posibilidad de la inamovilidad de los jueces de Corte al considerar que “son también un poder político”, y que sean elegidos cada seis años a través del sufragio universal acompañando listas partidarias. Es decir, que sean electos en elecciones intermedias para legisladores, y no la de cargos del Ejecutivo.

Por último, subrayó que la Auditoría debe estar “sin ninguna duda, bajo el poder de la oposición, nada de concursos ni Comisiones permanentes en la legislatura, los únicos que pueden controlar son los opositores”.