En Salta, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke apeló la condena de 12 años de prisión impuesta al cura Agustín Rosa Torino, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, al considerar que el tribunal que lo juzgó cometió un vicio en la dosificación de la pena, que fue inferior a los 22 años que ella solicitó durante el juicio.

Simesen de Bielke interpuso el recurso de casación ante el Tribunal de Juicio Sala IV, y detalló que considera que el tribunal cometió un vicio esencial en la dosificación de la condena, e impuso una pena inferior a la requerida durante los alegatos, de 22 años de prisión, para el cura.

Los jueces consideraron a Rosa Torino como autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser ministro de culto reconocido en perjuicio de dos víctimas y abuso sexual simple agravado por ser ministro de culto reconocido, en perjuicio de otra.

Sin embargo, advirtió la fiscal penal, la sentencia "causa un gravamen irreparable e insubsanable". En el recurso que elevó, subrayó que deben tenerse en cuenta la naturaleza de las acciones y los medios utilizados por el cura, además de la necesidad de considerar la extensión del daño físico y psíquico grave y el menoscabo moral y espiritual causado a las víctimas.

Entre las circunstancias que determinan el incremento de la pena por sobre el mínimo legal, Simesen de Bielke indicó que a la intromisión y vulneración a la libertad e intimidad sexual de las víctimas, se suma que el sentenciado, además de ser ministro de un culto reconocido, era el fundador y superior de un Instituto religioso que contaba con numerosas sedes en Argentina y el extranjero, por lo que es deber de la judicatura adecuar la pena a los hechos probados.

Luego, agregó que Rosa Torino hizo uso de su posición y de la influencia que su rol y status le otorgaban dentro del Instituto, como medio para ejecutar los abusos sexuales. En la causa, quedó acreditado que el cura y las tres víctimas tenían vínculos personales, por formar parte del mismo instituto religioso, ideado, creado, fundado y dirigido por Rosa Torino, por lo que existía entre las tres víctimas y el condenado una relación asimétrica.

Simesen de Bielke sostuvo que la imposición de una pena como la resuelta por el tribunal devino en un claro obstáculo para la graduación de la culpabilidad -que fue debidamente acreditada-, e impide a los magistrados velar por la razonabilidad de las leyes para una adecuada graduación de la pena.

"Los fundamentos esgrimidos por el tribunal, al partir del mínimo de la pena que fue graduada en función de diversas circunstancias, demuestran una falta de consideración sobre los parámetros en los que el Ministerio Público Fiscal sostuvo la aplicación de una pena sensiblemente superior", acotó la fiscal.

La sentencia de primera instancia

El 8 de julio, los miembros de la Sala IV del Tribunal de Juicio de Salta, Maximiliano Troyano, Norma Beatriz Vera y Roberto Faustino Lezcano condenaron a 12 años de prisión al cura Rosa Torino.

En el mismo fallo, los jueces dispusieron "la prisión preventiva del condenado", por lo que ordenaron su inmediata detención "en el Servicio de Sanidad de la Unidad Carcelaria número 1" de Salta Capital, más conocido como el penal de Villa Las Rosas. A la vez, recomendaron a las autoridades del Servicio Penitenciario provincial que se le brinde al cura "tratamiento psicológico, atento a la naturaleza de los hechos por los que resultó condenado".

Los hechos que se ventilaron en el juicio ocurrieron entre 2009 y 2012, en la sede de la capital salteña del Instituto de los Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, fundado por Rosa Torino y que tiene sedes en distintos puntos del país y en otros países.

El instituto fue intervenido en octubre de 2015, por decisión del Vaticano, que también desplazó a Rosa de su cargo, mientras que, en junio de 2019, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica decidió cerrarlo.