“Ha habido un profundo malentendido; la decisión nuestra ha sido simplemente escuchar y hacer un examen de conciencia de nosotros los obispos, no de intervenir en ninguna propuesta”, dijo ayer el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, buscando salir al cruce de las críticas recibidas por la jerarquía católica una vez conocida la iniciativa de abrir “un tiempo de reflexión sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura”. Ojea dijo también que para la Iglesia la reconciliación no significa impunidad, sino que “todo proceso implica memoria, verdad y justicia”.

Los obispos, reunidos esta semana en asamblea general en la casa de ejercicios El Cenáculo-La Montonera, en la localidad bonaerense de Pilar, convocaron en la segunda jornada de su encuentro a Graciela Fernández Meijide, Cristina Cacabelos y al general de brigada (retirado) Daniel D’Amico con el fin de escuchar sus testimonios acerca de lo vivido durante la dictadura militar. 

La iniciativa episcopal, enmarcada en la denominada “cultura del encuentro”, fue leída como una propuesta de “reconciliación” tanto por organismos defensores de derechos humanos como por organizaciones católicas, y recibió un fuerte rechazo con el argumento de que no puede haber reconciliación sin justicia y aceptación de responsabilidades por parte de los agresores. 

Mientras las Madres de Plaza de Mayo, con Hebe de Bonafini a la cabeza, realizaban una sentada frente a la sede capitalina de la Conferencia Episcopal (ver página 2), Ojea sostuvo que “la Iglesia ha sido clara en numerosas ocasiones cuando ha afirmado que no puede haber reconciliación sin justicia, de modo que esto es muy claro para nosotros los obispos”.

Dijo también el obispo de San Isidro que “no ha habido ninguna convocatoria por parte de los obispos, sino que ha sido una necesidad nuestra de escuchar”. Y sostuvo que “no hemos querido poner en una mesa a personas para que entre ellas dialogaran, sino que nosotros hemos querido escuchar a cada una, recibir su testimonio y trabajar nosotros a partir de eso”.

Ayer los obispos enviaron al Papa una breve carta en la que le informan a Francisco sobre la decisión de iniciar el “itinerario de reflexión” en “orden a crecer en la cultura del encuentro tanto al interior de la Iglesia como en la amistad social de nuestra querida Patria”. Un informe de prensa del Episcopado precisó que “en este camino de reflexión también se irá conversando sobre cuáles son los desencuentros que generan exclusión e inequidad social y las injusticias que promueven la violencia”.  

Los tres invitados a la sesión del miércoles en la asamblea episcopal se dirigieron al plenario episcopal durante media hora cada uno de ellos y luego algunos obispos formularon preguntas.

Fernández Meijide, ex integrante de la Conadep, sostuvo luego que no cree que pueda haber reconciliación “cuando no hay voluntad”, dado que “no es algo que pueda imponerse”. Agregó que “sin que haya de parte de los que fueron conducciones, es decir, los que sobreviven de Montoneros y de los militares, un mensaje respecto al daño que han hecho y que lo lamentan profundamente y algún tipo de rechazo a la violencia utilizada como metodología política, no será posible una reconciliación”.

Cristina Cacabelos, quien también presentó su testimonio ante los obispos, es una abogada católica que cuenta con dos hermanos desaparecidos y una asesinada a manos de grupos de tarea de la ESMA. No obstante, Cacabelos, muy cercana al obispo Jorge Casaretto, ex titular de la diócesis de San Isidro, se presenta como una activista de la reconciliación. Como parte de esta tarea y junto al obispo, la abogada visitó el pasado 24 de febrero a un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad alojados en el penal de Ezeiza y que se consideran a sí mismos como “presos políticos”. La información sobre el encuentro fue proporcionada en su momento por una página web denominada “Prisionero en Argentina”. En su portada, la publicación digital califica a la Argentina como “país terrorista” porque “no reconoce a hombres, mujeres y niños asesinados por terroristas; mantiene ilegalmente en prisión y aceleran su muerte a quienes los combatieron; posee funcionarios gubernamentales y periodistas que fueron terroristas; indemniza, paga subsidios y erige monumentos a terroristas”.