La Comisión de Justicia del Senado recibió el giro de un proyecto que propone penalizar con hasta dos años de cárcel o multas de hasta cien salarios mínimos, a quien niegue, minimice o reivindique la comisión de delitos de genocidos, lesa humanidad o crímenes de guerra.
La iniciativa presentada por el senador por Chubut (Frente de Todos), Alfredo Luenzo, se dio a conocer pocas horas después de que el precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy negó los 30 mil desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Y propone cesar la posibilidad de ejercer cargos públicos por el doble de la pena, a quienes ocupen funciones en organismos estatales.
El proyecto de "Sanción Penal a Conductas Negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad", que ingresó en la comisión que preside el senador neuquino (Frente de Todos), Oscar Parrilli, modifica el artículo 213 del Código Penal para reprimir "con prisión de un mes a un año", a quien haga apología de un delito o de un condenado por delito de manera pública o por cualquier medio.
La pena es mayor para quienes nieguen, minimicen, jusitifiquen o reivindiquen los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. En estos casos es que la pena lleva a la prisión de tres meses a dos años o multa equivalente a uno y hasta cien salarios mínimos, vital y móvil.
La iniciativa propone como agravante para quienes ocupen cargos públicos, al considerar su "destitución definitiva e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena".
"Son comportamientos y discursos que niegan determinadas realidades y hechos históricos relevantes, percibidos por la mayor parte de la sociedad como hechos de máxima injusticia", menciona Luenzo en la iniciativa.
