Con un frío que cala los huesos, haciendo malabares para burlar la prohibición de ingresar frazadas y a la espera de que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se digne a conceder una mesa de diálogo, un centenar de mujeres –muchas víctimas de violencia de género– junto con 170 niños y niñas acampan desde hace 28 días en un sector de la Villa 31, conocido como La Containera. Al histórico problema habitacional de los barrios populares se suma el aumento desmesurado de los alquileres y un protocolo de regularización dominial que la Ciudad impuso sin consenso y apuntaría a facilitar el avance de especuladores inmobiliarios sobre el barrio Carlos Mugica. En los últimos días crecieron los rumores de un posible desalojo, que la Procuración de la Ciudad ya le pidió a la fiscal Valeria Massaglia.

La toma se inició el 30 de junio en un terreno que estaba lleno de basura y escombros, que las propias mujeres limpiaron y sobre el que armaron carpas precarias. El movimiento Somos Barrios de Pie Capital, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Popular La Dignidad (MPLD) le pidieron ayer al gobierno porteño y a la fiscalía que “detengan el inminente desalojo y den una urgente solución habitacional a las familias”, y los responsabilizaron por “la integridad física de mujeres y niños”.

“Somos tres agrupaciones que colaboramos para garantizar desayuno, almuerzo, merienda y cena, y distintas tareas. Nos vamos turnando”, cuenta Mónica Zárate, referente del MPLD y vecina del barrio. “Las mujeres han manifestado su decisión de resistir. Están en una situación muy extrema y nosotros estamos acompañando. Pedimos una mesa de diálogo y no hay respuesta”, cuenta Walter Larrea, preceptor de la Escuela Padre Mujica y miembro de la Mesa de Urbanización barrial. Este miércoles al mediodía tendrá lugar “una nueva reunión con asesores de la Legislatura, organismos sociales y de derechos humanos para reiterar el pedido con más fuerza”, anuncia.

“La situación está estancada. Nadie del gobierno ni de la fiscalía se presenta a hablar, no responden mail ni llamados telefónicas, ni siquiera ante la ayuda de legisladores”, advierte Zárate. La única respuesta en su caso fue una imputación por usurpación. “En lugar de dar soluciones, criminalizan la problemática habitacional”, resume el abogado Ramiro Geber, de APDH Capital. “Hacen un trabajo de inteligencia para imputar a quienes asisten a niños y niñas con madres en situación de violencia, a referentes de organizaciones sociales”, alerta. “Lo que estas mujeres le piden al Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat (a cargo de María Migliore) es una mesa de diálogo, pero quienes tanto hablan de democracia, república y diálogo se niegan a sentarse con víctimas de violencia de género con niños en una situación habitacional tremenda. Deberían hacer lo que tanto predican: dialogar”, plantea.

“El problema se da por la mala gestión en la urbanización, que no contempló la situación de los inquilinos”, explica Larrea en referencia a la decisión de comenzar a entregar certificados de dominio, que el gobierno porteño tomó por medio de la Secretaría de Integración Social y Urbana, en contra de la voluntad de la Mesa de Urbanización Participativa, el Ministerio Público de la Defensa y asesores de vivienda de la Legislatura.

“El 40 por ciento de los habitantes del barrio son inquilinos y el plan de urbanización no los contempla. Quienes construyeron hacia arriba y alquilaron, ahora tienen miedo de que a sus inquilinos les den un título de propiedad. No está claro cómo se van a usar esos certificados, a los que se opuso la Mesa de Urbanización, ya que empezaron por el final. La sospecha es que están abriendo la puerta al mercado inmobiliario para que haya un éxodo de vecinos y pase a ser una zona residencial”, agrega Larrea. “Ya no alquilan a nadie con chicos. El problema es que el gobierno sacó un programa dominial por el que el inquilino tendría el mismo derecho que el dueño de casa, y si hay mujeres con hijos tendrían más derecho a que los dejen ahí”, apunta Zárate.

Lejos de las 3500 viviendas para relocalizaciones que contemplaba el proyecto de urbanización de la Ciudad, “se construyeron sólo mil y no hay planes de hacer más viviendas”, agrega Larrea. “Tampoco hicieron un censo nuevo en el barrio, se manejan con estadísticas antiguas, y no tienen en cuenta el desglose familiar, que implica el hacinamiento de dos o tres familias en una misma casa”, destaca.

Mientras las mujeres con sus hijos resisten el frío y reclaman diálogo, la gestión más concreta por parte de la Ciudad es la presentación como tercero coadyuvante en el expediente de la abogada Graciela María Pozzali, de la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, pidiendo a la fiscalía 11 “el reintegro del inmueble” a la Ciudad “previo desalojo” por el delito de usurpación.