"La intervención policial fue solicitada para proteger a una persona y esta persona terminó baleada y al borde de la muerte". Así de concreto es el planteo que, en diálogo con Página/12, realizaron especialistas en salud mental y derechos humanos que cuestionan la actuación de los agentes de la Policía Bonarense que intervinieron en el caso de Santiago "Chano" Moreno Charpentier. Falta de cumplimiento de los protocolos de abordaje y agentes policiales que "acorralan" a quien deben proteger, son algunos de los aspectos que enumeraron, además de rechazar el uso de pistolas Taser planteado por el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni. Al cierre de esta edición, Charpentier continuaba en terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, aunque ya sin respirador artificial. En tanto, algunos de sus familiares declararon en sede judicial y la causa será remitida a la UFI N°1 de Zárate - Campana, especializada en Delitos Complejos, que evaluará si el agente Facundo Amendolara, quien efectuó el disparo, es imputado y citado a indagatoria.
"Cuando se conocieron los hechos, todo el acento mediático estuvo puesto en si había sido un brote o no, en el aspecto diagnóstico, cuando eso no aporta en nada a la discusión de fondo. Es muy importante no perder de vista que detrás de todo hay una persona sufriendo, que estaba pasando por una situación de alta vulnerabilidad y merecía ser cuidada", señaló a Página/12 Macarena Sabín Paz, coordinadora del Área de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). El eje del análisis de los especialistas radica en comprender que Charpentier era el sujeto que el Estado debía proteger. "La Policía no está capacitada en los protocolos para actuar en estos contextos y reacciona como está acostumbrada: como si fuera un delito, sin tener en cuenta que la persona requiere ser cuidada, no recibir un tiro", agregó Sabín Paz.
Desde el año 2013 existe un protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación que establece los pasos a seguir en situaciones de "riesgo inminente para sí o para terceros” de una persona "con presunto padecimiento mental o en situación de consumo problemático". Se trata de la Resolución 506/2013 de esa cartera que detalla que los agentes policiales acompañan al personal de salud y solo pueden utilizar la fuerza cuando las estrategias de "contención verbal" no resulten exitosas.
En esos casos, se debe proceder a una tarea de "sujeción mecánica preventiva" para neutralizar a la persona, tarea que de ningún modo incluye la utilización de armas y que debe ser realizada por al menos cuatro personas. "Ya que se trata de una medida de carácter sanitario, el integrante de la fuerza solo la utilizará como recurso extremo", detalla el protocolo que fue confeccionado luego de la sanción en 2010 de la Ley de Salud Mental.
"Lo que se observa en el caso de Chano es algo que se repite en innumerables ocasiones: un uso de la letalidad con intervención de armas que es frecuente en la Policía Bonaerense. Hay muchos indicios de que la intervención no fue la adecuada", aseguró Rodrigo Pomares, coordinador del Área de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que tiene a cargo el Programa de Salud Mental de esa entidad. Pomares agregó que "hubo una intervención invasiva con multiplicidad de personas en una escena más propia de acorralar que otra cosa".
Además de Marina Charpentier, la madre de Chano, en el lugar estaban su esposo, Oscar Ottonelo, y el tío del cantante. Por la noche del domingo, luego de que la familia llamara a la prepaga OSDE porque Chano estaba “fuera de sí y muy agresivo”, según declaró en la Justicia Ottonello, arribó al lugar un psiquiatra que pidió la internación. Entonces llegó una nueva ambulancia con una médica clínica, a los que luego se sumaron los tres policías armados.
En su declaración, Ottonello indicó que el llamado a la policía, que efectuaron integrantes de la seguridad privada del Barrio Parque La Verdad, se produjo porque Chano se puso "más agresivo" al ser notificado de la posible internación. El psiquiatra de OSDE, Gonzalo Caligiuri, contó que vio salir al cantante con un “elemento punzocortante”, con el que amenazó a los presentes. Caliguri agregó que todos lograron salir del predio menos uno de los tres policías. El momento del disparo no fue visto por los testigos, pero Ottonelo recordó el grito de su esposa: "¿Cómo le vas a pegar un tiro?".
"El eje fundamental de la Ley de Salud Mental es que la lógica se desplaza del sistema punitivo hacia el sistema de salud y de contención social, porque la Policía en general no está capacitada para abordar estas situaciones", señaló a este diario Sandra Saidman, titular del Juzgado de Faltas de Barranqueras, Chaco, e integrante de la Asociación Pensamiento Penal (APP). "Primero hay que reforzar la capacitación de la Policía y luego es muy necesario que la salud pública esté en condiciones de atender estos casos", agregó.
"La discusión no puede ser si hay que usar una Taser o una 9 milímetros, eso es desviar el eje. La discusión real y de fondo es la creación de los dispositivos con la perspectiva que exige la Ley de Salud Mental", añadió Pomares en referencia a los dichos de Berni, quien, además de defender el accionar policial en el caso de Chano, declaró el lunes que el hecho “podría haberse evitado con el uso de armas no letales” como la pistola Taser.
Además de Berni, también la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, se manifestaron en el mismo sentido. "Creemos que para determinados usos pueden ser una alternativa. Estamos evaluando un procedimiento para poder incorporarlas", afirmó Miguel este martes. Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad nacional indicaron que "se ha comprobado que dichas armas pueden causar severas lesiones y/o la muerte. El propio fabricante desaconseja utilizar las pistolas eléctricas para casos de personas bajo los efectos de sustancias o víctima de padecimientos mentales".
En contrapisición al planteo de las Taser, los especialistas remarcaron la necesidad de crear dispositivos específicos de salud mental que puedan intervenir en estas situaciones, para garantizar la atención adecuada más allá de la posibilidad que, como en este caso, pueda tener una familia de acudir a una prepaga. "El desafío fundamental es que se creen todos los dispositivos que prevé la Ley: abrir dispositivos en hospitales o en centros barriales, porque estamos hablando de un derecho de la población", señaló Sabín Paz.
