"Se ha demostrado la inexistencia de manipulación de los datos". El Fiscal General de Bolivia, Juan Lanchipa, anunció, con esas palabras, las conclusiones de un estudio desarrollado por una comisión de fiscales que contó con el apoyo del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, que descartó el fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019, presunción que abrió paso al golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales. 

Lanchipa informó que, a partir de los resultados del informe sobre el proceso electoral de 2019, se solicitó el "sobreseimiento" de las autoridades electorales de aquel momento "al determinar que el hecho investigado no constituye delito". El gobierno golpista de Jeanine Áñez había ordenado la detención de las autoridades electorales, acusados por los delitos de "conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, manipulación informática y alteración de datos".

La oposición golpista había denunciado al gobierno de Evo Morales, que aspiraba a su cuarto mandato consecutivo. La Organización de Estados Americanos (OEA), que había avalado el proceso electoral, luego fue protagonista de una rápida acusación de fraude, que avaló el golpe de Estado. 

El informe preliminar de la OEA que avaló las denuncias opositoras y allanó el camino al gobierno golpista de Áñez ya había sido severamente cuestionado por el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), un prestigioso centro de investigación con base en Washington, fundado por los economistas Dean Baker y Mark Weisbrot. 

Ahora, el informe pericial de la Fiscalía de Bolivia concluyó que "se produjeron negligencias técnicas por parte de la empresa Neotec, a cargo del sistema conteo rápido de votos", pero que eso no tuvo incidencia en el recuento oficial de votos. En los días previos al golpe,  el sistema de conteo rápido, denominado TREP, había sido paralizado por el TSE, sin explicaciones claras, lo que alimentó las sospechas opositoras de un fraude.

Las acusaciones de fraudes electoral fueron el detonante para el inicio de protestas violenta en todo el país, encabezadas por varios grupos de la derecha opositora como el movimiento civil del empresario y abogado Luis Camacho, actual gobernador de Santa Cruz, que ingresó al Palacio Quemado con una biblia horas antes de que Áñez se autoproclamara presidenta y concretara el golpe contra Evo Morales.