Desde mucho antes de las elecciones de autoridades partidarias que en la Unión Cívica Radical de Cafayate no hay un buen clima con su presidente provincial, el diputado nacional Miguel Nanni, oriundo justamente de aquella ciudad de los Valles Calchaquíes. Primero lo acusaban de intentar imponer a su familia en aquel Comité, y luego se negaron, como otros departamentos, a conformar un frente con Juntos por el Cambio para las elecciones provinciales.

Pero ahora, la presidenta de la UCR de Cafayate, Patricia del Carmen Castro, y todos los miembros de aquel Comité radical, lo acusan de no estar remitiendo los fondos correspondientes para poder realizar la campaña para las próximas elecciones del 15 de agosto.

El presupuesto específico con el que contaban los candidatos de esa ciudad, era el que resultaba de la sumatoria de votos de 2017, cuando se eligieron, como en esta ocasión, senador y diputados, y los obtenidos en 2019 en la categoría concejal. Sin embargo, el Comité provincial solo calculó el resultado de las últimas elecciones, que es significativamente menor a lo que corresponde y exigen los candidatos de Cafayate.

En una carta documento que le enviaron el viernes pasado, lo intimaron a remitir el cheque correspondiente en un plazo de 24 horas, o lo denunciarían penalmente por “retención indebida, desbaratamiento de derechos y hurto”. Pero además lo amenazaron con llevar las cosas hasta las más altas autoridades partidarias del país y ante el Tribunal Electoral.

Castro no solo ganó la interna contra los Nanni, con quienes está enemistada, sino que además ahora es candidata a diputada provincial por ese departamento. Por lo que intuye que la no remisión del dinero para la campaña y el caso omiso que hizo el presidente de ese partido a todos los pedidos formales que se hicieron desde Cafayate, es “una clara intencionalidad en contra del partido radical y sus candidatos en el departamento”.

El mismo viernes 23 le enviaron otra nota firmada también por Patricia Castro en la que intiman a Nanni a que “cese y desista en sus intentos de socavar la autoridad conferida” a la actual conducción cafayateña, “elegida por el voto soberano de los afiliados”.

En el mismo documento, indicaron que a través de comunicaciones telefónicas que mantuvo el legislador nacional con algunos de los candidatos de esa lista, infirieron que está realizando maniobras “tendientes a generar climas de tensión y rispideces internas en medio de la campaña electoral”.

Según los cómputos que realizaron las autoridades provinciales, que tuvo en cuenta solo los 44.299 votos obtenidos en todo el territorio de Salta para las últimas elecciones provinciales, Cafayate, alcanzó los 847 sufragios, por lo que le corresponderían unos $68.000, de un total de $3.598.273, que surgen de aportes del Tribunal Electoral.

Pero para la conducción cafayateña, no están calculando los mismos datos, ya que la Ley Electoral indica que se calculan los votos obtenidos en cada cargo que se elige, es decir, que esta vez, se deben tener en cuenta los de 2017, cuando se eligieron también diputados y senador, y sumar los de concejales de 2019. En las últimas legislativas provinciales, la UCR en aquel departamento obtuvo 3.919 votos para senador y 2.081 para diputados, que sumados a los 847 para el Concejo Deliberante, llegan a los 6.847, con estos números sacan la cuenta de que deberían recibir la suma de $223.000.

La presidenta del Comité cafayateño aseguró que este jueves, junto a sus abogados y otros representantes radicales, se presentarán en la Ciudad Judicial de Salta para radicar la denuncia penal correspondiente.