El 19 de julio pasado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) recordó al juez de Garantías de Tartagal, Nelso Aramayo, la existencia de la Ley nacional 26.160, de Emergencia Territorial Indígena, ante la orden de desalojar dos comunidades del Pueblo Tupí Guaraní ubicadas en jurisdicción del municipio de de Salvador Mazza.

La nota enviada por el director de Asuntos Jurídicos del INAI, Julián Fernández, fue ante el conocimiento de una orden que emitió Aramayo para desalojar a las comunidades Lapacho y Tierra Nueva de un terreno que reclama como suyo la particular María Juana Gialias. Según lo indicado por distintos actores que estuvieron en el lugar, se pudo ver a familiares del intendente Rubén Méndez mientras se intentaba realizar el desalojo.

El intento de desalojo empezó el 9 de julio pasado, día que era feriado. Los policías ingresaron a las tierras que ocupan las comunidades y empezaron a desarmar las casitas más precarias. Otras, realizadas con pallets, no pudieron ser desarmadas. El operativo se llevó adelante sin dar intervención a ningún referente de la Asesoría de Menores e Incapaces, pese a que en ese lugar viven niños, niñas y adolescentes.

Además de recordarle la existencia de la ley que suspende el desalojo de las comunidades indígenas, al referirse a la comunidad Lapacho, que cuenta con personería jurídica, Fernández hizo otras observaciones.

Una de ellas apuntó a la falta de notificación previa a la comunidad respecto de la causa iniciada en su contra, lo cual “les ha imposibilitado ejercer una adecuada y efectiva defensa”. “No han podido tomar vista de las actuaciones judiciales, incluso con presentaciones efectuadas mediante patrocinio letrado”, sostuvo el funcionario nacional.

En este punto, advirtió a Aramayo que “es menester poner a su conocimiento que las personas imputadas en autos y sus grupos familiares son miembros de la comunidad indígena del pueblo Tupí Guaraní cuya inscripción ha sido dispuesta por Expediente N° 54 – 9525/07, Resolución Nº 12 del 10 de enero de 2008, ante Inspección General de Justicia de la Provincia de Salta”.

También pidió al juez información sobre “si en el procedimiento llevado a cabo en el día de la fecha, el personal policial a cargo del mismo, cumplió con los recaudos prescriptos en el artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación, de informar a la Defensora de Menores e Incapaces del Ministerio Público”. Argumentó su petición en el hecho de que en las familias de la comunidad indígena desalojadas “se hallan niños y personas con discapacidades, situación que el letrado defensor advierte en su escrito presentado en su despacho luego de notificarse su resolución a la comunidad, previo al desahucio”. Por último, Fernández pidió que “se arbitren los medios y mecanismos necesarios para un acceso irrestricto al acceso de justicia, con el debido tiempo para el ejercicio del derecho de defensa y que sea culturalmente adecuada”.

“Nos sacan fotos”

Alejandra Salas, la mburuvicha de la comunidad Lapacho, fue quien advirtió que el lunes que pasó había renovadas amenazas de la policía de desalojarlos. Del relato de la mujer surge que no se estaría exhibiendo papel alguno que respalde los dichos y amenazas de los uniformados para ejecutar el desalojo. “Hasta el momento los policías vienen a sacarnos fotos”, afirmó al señalar en esta práctica a los agentes del destacamento Alto Verde. Frente a las advertencias y lo vivido el 9 de julio pasado, “hay personas que empiezan a recoger sus cosas suponiendo que los van a sacar”, contó.

Salas indicó que tampoco hay convocatorias para poder saber adónde podrían ir si los sacan del lugar en donde están. No obstante, la decisión de la comunidad es quedarse en el territorio que ocupan desde siempre. “Queremos que se nos haga la carpeta del relevamiento” territorial, dijo la mujer, al sostener que el año pasado acercó la inquietud a funcionarios de la provincia de Salta, quienes se excusaron de realizar los trabajos por la existencia de la pandemia.