El gobierno mexicano entregó este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) 31 contratos firmados con empresas vinculadas a la firma israelí NSO Group, por unos 61 millones de dólares para comprar el software de espionaje Pegasus, usado para intervenir teléfonos celulares de líderes opositores y activistas sociales. La denuncia llega luego de que una investigación de medios internacionales destapara el pasado 18 de julio que varios países espiaron 50 mil teléfonos con este programa. 15 mil de esas pinchaduras telefónicas se registraron en México durante el gobierno de Peña Nieto.
"La afectación a las arcas públicas suma 1.970 millones de pesos, un poco más de 61 millones de dólares, para la adquisición de software, hardware, bases de datos, plataformas, licencias y mantenimientos de estos equipos", con los cuales "se violó la intimidad de periodistas, políticos, luchadores sociales, empresarios, defensores de derechos humanos, funcionarios y legisladores", informó la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en conferencia de prensa junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los dirigentes espiados.
Los contratos fueron firmados en los últimos dos años del gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y todo el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Una caja con los contratos fue entregada a la FGR "para que se realicen las investigaciones correspondientes y se dé con los responsables de esta práctica ilegal".
El gobierno mexicano rastreó esos contratos después de que el 18 de julio se publicara una nueva investigación sobre espionaje con el programa Pegasus, años después de un primer hallazgo de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, en 2017. Esta segunda pesquisa fue realizada por Amnistía Internacional (AI) y Forbidden Stories y reveló que, en varios países, políticos, periodistas y defensores de derechos humanos fueron blanco de espionaje.
Una lista de más de 50 mil números de teléfono fueron identificados como blancos por los clientes de NSO Group en todo el mundo, incluidos jefes de Estado, activistas y periodistas, de los cuales 15 mil fueron localizados en México. Entre los dirigentes espiados está el presidente López Obrador, su familia y dirigentes de su entorno, cuando estaban en la oposición.
"Para sus transacciones, la empresa israelí usó otras compañías fachada, llevando a cabo así una simulación de contratos relacionados con el software Pegasus en diferentes instancias del gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia", afirmó Rodríguez. La responsable de la seguridad pública dijo que la contraparte mexicana de la firma de Israel fue el Grupo Tech Bull, constituida por Balam Seguridad Privada.
En el paquete de documentos enviados a la fiscalía aparece como principal cliente, con 16 contratos, la extinta Policía Federal que fue remplazada por una Guardia Nacional integrada por militares.
Rodríguez aseguró que "bajo la protección" del gobierno de Calderón "operaba" el entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien ahora "está preso en una cárcel en Nueva York" y "está reconocido por sus prácticas de espionaje". También acusó al gobierno de Peña Nieto de "mantener esta actividad ilegal durante todo su sexenio".
La alta funcionaria federal subrayó que la nueva administración "tiene como premisa fundamental la libertad y la transparencia, no se espía a nadie, se acabó la persecución política y el espionaje". Aseguró que entregará la información a la FGR para la investigación, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que los contratos "se subirán a la red para que todos tengan la información".
El 21 de julio la compañía israelí NSO Group, desarrolladora del software espía Pegasus, calificó de calumniosos los informes. Al anunciar que ya no responderá a la "campaña viciosa y calumniosa", la empresa proveedora del malware afirmó en un comunicado que se trata de un "campaña mediática promovida por grupos con intereses particulares, así como debido a un total desprecio de los hechos". Por su parte el ministerio de Defensa israelí, encargado de ofrecer la autorización final para la venta del software de espionaje, aseguró que "no tiene acceso a las informaciones recopiladas por los clientes de NSO".
Aunque López Obrador y su familia fueron víctimas de espionaje, el mandatario ha rechazado indagar de forma directa a sus predecesores, y en su lugar le pidió a la población que participe en la consulta popular del primero de agosto, en la que se preguntará sobre violaciones a los derechos humanos durante los últimos gobiernos.
"Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que estábamos sometidos a un gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos", destacó el mandatario mexicano, quien condenó el accionar del gobierno de Peña Nieto y aseguró que su mayor compromiso es "no repetirlo".
