En una reunión con organismos de Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó este miércoles el relanzamiento del Programa de Uso Racional de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego (PUFEAF), con la incorporación de nuevas herramientas "pensadas para la prevención de la violencia institucional". El Programa fue creado en 2012 durante la gestión de Nilda Garré al frente del Ministerio y durante el período encabezado por Patricia Bullrich sufrió un "marcado retroceso", según señalaron desde el Ministerio. Entre otros puntos, el PUFEAF tiene como objetivo monitorear el uso de armas de fuego, mejorar prácticas policiales y detectar casos de violencia institucional en las fuerzas nacionales. Además, se creará un Comité de Ética Profesional para examinar cada uno de los casos.
“Este Programa fue creado en 2012 por
la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré. Sobre finales del año
pasado decidimos relanzarlo introduciendo nuevas herramientas pensadas para la
prevención de la violencia institucional. En ese sentido, las organizaciones de
Derechos Humanos son actores fundamentales de este programa y creemos que deben
ocupar un lugar activo, no externo, un lugar protagónico de asesoramiento”, expresó Frederic al abrir la presentación del renovado
Programa.
Además de Frederic, de la reunión participó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y representantes de organizaciones de Derechos Humanos: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), H.I.J.O.S. Capital, Correpi, y la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, entre otras organizaciones.
El programa está orientado a monitorear el uso de la fuerza y las armas de fuego, y con este objetivo fija la obligatoriedad de comunicación de "todo hecho que involucre el disparo de un arma de fuego en el que participe -como autor, víctima o en cualquier otra calidad de participación- personal de cualquiera de las cuatro fuerzas federales, para su registro, análisis y abordaje", según indicaron desde el Ministerio. El objetivo es examinar cada uno de los hechos, por lo que se creará un Comité de Ética Profesional para la evaluación de los casos.
Además, informaron, a partir de los datos recabados se generará un corpus de información sobre los usos de las armas de fuego y sus contextos, para delinear programas y actividades específicas de formación y capacitación de las fuerzas, "como estrategia contra la violencia institucional". La información se utilizará para crear "nuevos contenidos de formación y entrenamiento, mejorar las condiciones de equipamiento y bienestar, así como para perfeccionar los instrumentos de control en el marco del paradigma de uso racional de la fuerza".
Aunque el Programa solo alcanza a las fuerzas federales, las actualizaciones en materia de capacitación son promovidas "a cada una de las jurisdicciones del país en el marco de los Consejos de Seguridad Interior". El Programa funciona baja la órbita de la Subsecretaría de Planeamiento y Formación del Ministerio y desde el Ministerio señalaron que el programa se enmarca en un trabajo con las áreas de Control y Transparencia Institucional; Derechos, Bienestar y Género, y la Dirección Nacional de Estadística Criminal.
Como mencionó Frederic, la primera versión del PUFEAF fue creada en 2012 por la entonces ministra Nilda Garré, "generando una política pública pionera en materia de monitoreo del uso de las armas de fuego por parte de las y los miembros de las Fuerzas de Seguridad Federales", señalaron desde el Ministerio y agregaron que la reactivación del Programa llega "tras un marcado retroceso en la materia durante la gestión del Ministerio entre 2015 y 2019".
El relanzamiento del programa se efectivizó a fines del año pasado con la Resolución 377/2020, y se inscribe en el camino tomado por el Ministerio desde la derogación en diciembre de 2019 del protocolo de uso de armas de fuego dictado por Patricia Bullrich, también conocido como protocolo Chocobar, que habilitaba a los miembros de las fuerzas de seguridad a realizar disparos letales ante cualquier "peligro inminente".