Durante los meses de pandemia en 2020, y ante la ausencia de turistas, la Quebrada fue ganada por runners y caminantes salteños. Muchos no se conformaron con el espacio administrado por la municipalidad de San Lorenzo. Buscaban ir montaña arriba por los senderos. Hacia fines de abril de 2021, un hecho los tomó por sorpresa. Una cerca de alambre ofició de límite, incluso atravesó el río, y varios carteles anunciaban el paso cerrado. El corte apareció ese mes, después que se encontró con vida a Fabiana Cari, la estudiante de geología salteña que se perdió en la espesa selva montana.

Dos años después del crimen de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Mounmi, esas matrículas que hoy están cerradas fueron embargadas por las familias de las víctimas. Se trata de una demanda civil que mantiene una inhibición general de bienes sobre dos catastros propiedad de la firma Los Maitines SA. En uno de ellos, se encuentra la famosa Quebrada de San Lorenzo. La suma que se estimó entonces fue de 21 millones 900 mil pesos. En 2013 equivalía a unos 3 millones de dólares.

Fuentes consultadas explicaron a Salta/12 que las familias reclaman a la provincia de Salta, a la municipalidad de San Lorenzo, a una empresa de turismo, y a Los Maitines SA, la reparación por daños y perjuicios, mas daño moral. Son los derechos de los herederos (padres y hermanos) de las dos ciudadanas francesas asesinadas en 2011. La demanda se presentó primero ante el Juzgado de Instrucción en lo Civil y Comercial de 8° Nominación. Pero este Juzgado declinó su competencia porque el litigio involucra a la provincia. 

El proceso interno que definió la nueva competencia, ralentizó el curso de la demanda civil. Actualmente la causa está en el Juzgado Contencioso Administrativo de 1° Nominación. Allí se gestionan tres expedientes. Uno tramita el beneficio de litigar sin gasto que solicitaron las familias para no afrontar los costos del proceso civil (5805/15). El segundo es el expediente principal (5803/15) en el que se tramita la reparación por daños y perjuicios más el daño moral. El tercero tramita una medida cautelar (6004/16)  presentada por las familias. 

Esa medida cautelar alcanza a los dos catastros de Los Maitines SA, como resguardo para que pueda afrontar el pago resarcitorio, si hubiera una sentencia a favor de las familias. En cambio, no alcanza a la provincia y el municipio, porque se presume la solvencia del Estado, se considera que siempre está en condiciones de indemnizar los daños generados. Salta/12 no obtuvo mayores precisiones sobre el alcance de la medida cautelar sobre la empresa de turismo que también involucra la demanda civil. De continuar sin definirse la cuestión de fondo, en 2024 deberá realizarse una nueva reinscripción del embargo preventivo que las familias mantienen sobre los catastros en San Lorenzo, propiedad de Los Maitines SA.

Proceso penal y carta al Presidente 

Cassandre Bouvier tenía 29 años y había tomado unas vacaciones por el norte argentino después de participar en un coloquio en Buenos Aires. Houria Moummi tenía 24 y era socióloga, compañera de Cassandre del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Sorbona. Las encontraron asesinadas un 29 de julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo. 

El 2 de junio de 2014 la Sala II del Tribunal del Juicio de Salta condenó por unanimidad a Gustavo Lasi a la pena de 30 años de prisión. Ese mismo día también condenó a Omar Darío Ramos y Antonio Eduardo Sandoval a dos años de prisión condicional por encubrimiento calificado, mientras que a Daniel Vilte y a Santos Clemente Vera los absolvió por el beneficio de la duda.

Casi dos años más tarde, el 3 de febrero de 2016, la Sala III del Tribunal de Impugnación de Salta revocó la sentencia absolutoria dictada a favor de Vilte y Vera y los condenó a prisión perpetua por considerarlos coautores de los mismos delitos que Lasi.

Jean Michel Bouvier, el padre de Cassandre, pidió por la libertad de Vilte y Vera. Manifestó en reiteradas ocasiones su apoyo a ambos. Con el acuerdo de la familia de Houria, inició una campaña en Francia a través de la red social Facebook. La organización Innocence Project patrocina la causa desde 2017. Es la ONG que tramita el recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Apunta a revertir la denegación del recurso extraordinario decidida por la Corte de Justicia de Salta el 5 de junio de 2017. El año pasado, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen en el que opinó que correspondía “hacer lugar a la queja interpuesta" y "declarar parcialmente admisible el recurso extraordinario".

Recientemente Jean Michel Bouvier envió una carta al presidente Alberto Fernandez. En ella le solicita que el Estado Argentino dilucide las verdaderas condiciones en la que su hija y su amiga fueron ejecutadas en Salta. Le pide además que tanto Daniel Vilte como Santos Clemente Vera sean absueltos y se les pague por los daños y perjuicios ocasionados. También le reclama que “las muestras de ADN no estudiadas, que fueron perdidas por el Poder Judicial de Salta y (...) encontradas recientemente en una de sus cajas fuertes, deben ser sometidas a un doble peritaje (argentino y francés)”. 

Pasaron ya diez años, pero uno de los hechos criminales más resonantes y emblemático de la historia salteña sigue vigente como en ese entonces.