A pocos días de cumplirse un año de la sanción de la ley de alquileres es una oportunidad para exponer algunos datos sobre la dramática situación del acceso a la vivienda, pero también para reflexionar acerca de sus causas. Convencidos de la urgente necesidad de seguir abriendo un debate que ponga en crisis las ideas y las políticas que, con poco éxito, intentan paliar una situación con múltiples consecuencias para la población.

Hay un período histórico que marca a fuego la posibilidad de las grandes mayorías de acceder a la vivienda en alquiler. Fue la dictadura de Videla que puso fin al rol del Estado en la regulación del precio de los alquileres, y comenzó con la dolarización del mercado de viviendas. Desde ese momento y hasta hoy, el mercado es quien tiene el absoluto control para decidir quién puede finalmente acceder a una vivienda y quién no.

En ese sentido, parece fundamental situar el origen de estas reformas estructurales, ya que se está viviendo un momento histórico en varios países de la región que están cuestionando los marcos institucionales heredados de las dictaduras y los límites concretos que ponen a las democracias.

Así, desde ese momento y hasta ahora, el Estado se ha reducido a promover la construcción marginal, como forma de generar empleo, y a absorber la absoluta responsabilidad de brindar solución a través de créditos subsidiados. Estos son muy difíciles de acceder en un contexto de dolarización del suelo y con casi el 45 por ciento de la población en la informalidad. 

La dinámica que se consolida, entonces, es una en la cual el mercado decide y el Estado intenta, sin suerte, reparar sin evitar que el mercado siga expulsando.

¿Cuánto del ingreso de las personas se destina a pagar el alquiler?

Algunos datos de la proporción de los ingresos destinados al pago de los alquileres muestran una clara relación con la participación del Estado en la regulación de los precios. 

A partir del primer mandato de Perón se congela el precio del alquiler, se prohíbe la vivienda vacía por más de un mes. El impacto en la baja de los precios es decisiva, bajando la relación de los ingresos con el alquiler: 

* 1933: 25,0 por ciento. 

* 1935: 18,7 por ciento. 

* 1943: 18,2 por ciento. 

* 1957: 2,6 por ciento. 

* 1960: 3,0 por ciento. 

* 1970: 3,4 por ciento.

Hoy no hay datos oficiales sobre precios de alquileres de vivienda, pero se puede hacer la siguiente relación: el ingreso promedio en Argentina se ubica por debajo de los 40.000 pesos al primer trimestre del 2021, según el Indec, y el alquiler de un departamento de 3 ambientes se encuentra entre 40.000 y 60.000 pesos.

En 2003 el porcentaje de inquilinos en Argentina era de 14 por ciento y en 2020, el 19 por ciento. En la Ciudad de Buenos Aires, Ushuaia, La Plata y Rosario, en el mismo período se duplicó el porcentaje de inquilinos llegando a estar entre 30 y 40 por ciento de su población. 

Según la Encuesta de Gastos de 2017 realizada por el Indec, a nivel agregado el alquiler de la vivienda absorbe el 5 por ciento del gasto total de los hogares. Proyectando de acuerdo a la evolución de los salarios y del rubro de vivienda de la inflación se puede estimar este porcentaje en 6,5 por ciento para el 2020. 

Si se considera el total de los hogares como una unidad, el 6,5 por ciento del gasto se destinó al pago de alquileres en 2020. El consumo es el mayor componente del PIB, al representar de 65 a 70 por ciento del total, lo que surge que 4,3 puntos del Producto está explicado exclusivamente por el alquiler de la vivienda.

El agotamiento de un sistema mercantilizado

Esta situación se ha vuelto más evidente durante la pandemia. Como en 1870, cuando la fiebre amarilla puso en crisis las condiciones de vida en los conventillos hacinados, la crisis sanitaria actual puso en discusión a lo largo y a lo ancho del mundo un sistema completamente mercantilizado de acceso a la vivienda que ya no da para más. 

Así, la vivienda al mismo tiempo que fue señalada como un espacio de refugio frente a la posibilidad del contagio, devino centro del conflicto y un lugar de incertidumbre para las mayorías.

En agosto de 2019 desde la Federación de Inquilinos Nacional se propuso la necesidad de congelar el precio de los alquileres, y en marzo de 2020, con la llegada de la pandemia, Argentina y varios países del mundo congelaron el precio y suspendieron los desalojos.

Sin embargo, el mercado inmobiliario ha respondido a estas medidas con incumplimientos generalizados. Esto se suma al deterioro de la situación laboral durante la pandemia que hizo que los ingresos de la mayoría de los hogares disminuyeran drásticamente. Esto se tradujo en un aumento del endeudamiento por alquiler que, según una encuesta realizada por inquilinos Agrupados, en junio de 2020 alcanzó el máximo de 60 por ciento por ciento de lxs inquilinxs.

Estas deudas se transformaron, además, en la antesala y en la posibilidad latente del desalojo, haciendo que se incrementaran las amenazas por parte de propietarios e inmobiliarias, especialmente sobre mujeres, lesbianas, travestis y trans.

Por esta situación, antes que culpabilizar a la ley de alquileres por el aumento de precios, se necesita avanzar en su efectivo cumplimiento. La posibilidad de avanzar contra los sectores que concentran la rentabilidad y el poder de decisión sobre la economía depende de la consolidación de un proyecto alternativo al neoliberalismo que empiece por casa.

* Presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, integrante de Inquilinos Agrupados.

** Socióloga.