Un grupo de estudiantes secundarios, junto con familiares de presos y víctimas de traumas oculares por la represión a las masivas protestas de octubre de 2019 en Chile, se encadenaron a las rejas del Centro de Justicia de Santiago para exigir la liberación de todos los detenidos durante ese período. Denuncian que muchos permanecen injustificadamente bajo prisión preventiva, mientras que otros atraviesan procesos irregulares con condenas excesivas. En ese sentido, reclaman la aprobación de un proyecto de indulto a los detenidos durante el estallido que está actualmente en trámite en el Congreso. En sintonía, el indulto a los presos políticos fue el primer pedido de la Convención Constituyente al gobierno de Sebastián Piñera, que por ahora hace oídos sordos.
En la manifestación se pudieron ver carteles solicitando el "cumplimiento íntegro del petitorio de las víctimas de trauma ocular" y "justicia y reparación para familiares y víctimas del Estado", mientras que algunos jovenes se encadenaron a las rejas de uno de los accesos al Centro de Justicia. Además se organizaron actividades frente a la Corte Suprema y un cacerolazo nacional. Durante la mañana se levantaron algunas barricadas en el centro-sur de Santiago.
Este viernes se prevé retomar las protestas a nivel nacional, con epicentro en la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para luego continuar en la icónica Plaza Dignidad de la capital chilena, exigiendo la liberación de los denominados "presos de la revuelta".
La vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), Antonia Rolland, denunció que "en Chile la justicia es sólo para los ricos, mientras que a los pobres se les encarcela y persigue por luchar por una vida mejor".
"La prisión política en Chile es una forma más en la que se han violado sistemáticamente los derechos humanos", agregó la dirigenta estudiantil en declaraciones a CHV Noticias. Presente en la movilización al Centro de Justicia, adelantó que continuarán las protestas "hasta que vengan a desalojarnos o derechamente respondan a lo que estamos exigiendo".
Proyecto de indulto
Rolland destacó la importancia de la aprobación y modificación del proyecto de ley de indulto general que se está discutiendo en el Congreso y ha generado opiniones dispares de distintos sectores. Dicho proyecto fue calificado de "impertinente" en un informe emitido por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
Los expertos que participaron en la elaboración del informe consideran que "una ley de indulto que detenga los procesos judiciales transgrediría de manera grave el derecho de las víctimas a conocer la verdad". Además les preocupa la supresión "al derecho a conocer la verdad sobre los delitos ocurridos" porque entienden que los delitos trascendieron al afectar la vida de terceros.
El temor de que se excluya "de manera genérica a los funcionarios públicos que participaron en el control de los desórdenes y delitos cometidos" sería otro freno para que el proyecto avance en el Senado, según el análisis de la PUC.
Este miércoles la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado que está revisando el proyecto de ley de indulto recibió a los representantes de distintos organizaciones de familiares de detenidos del estallido. También acordó solicitar nueva información al Ministerio Público respecto de las vulneraciones a las garantías de quienes permanecen en prisión preventiva mientras se investiga su participación en la presunta comisión de delitos.
Los dirigentes de la oposición aludieron a los largos tiempos de la investigación, las injustificadas medidas cautelares de prisión preventiva incluso en personas menores de edad y cómo eso constituye en definitiva una prueba más de que en Chile existe una criminalización de la protesta social. Sectores afines al gobierno, en cambio, reiteran que los detenidos, de cuyo número aún no han dado una cifra precisa, cometieron delitos y fueron correctamente juzgados por los tribunales.
La próxima semana la instancia legislativa seguirá escuchando exposiciones, esta vez de abogados penalistas expertos con posturas a favor y en contra de la iniciativa. Se espera que en la segunda semana de agosto la Comisión pueda votar el proyecto y enviarlo a la discusión en la Sala del Congreso.
