La Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto del representante de Rosario de la Frontera, Javier Mónico, y que ya llevaba un buen tiempo esperando su tratamiento, para declarar la emergencia del sector turístico hasta fin de año debido al daño que generó la pandemia y las medidas que se tomaron para evitar su propagación.

La propuesta de la ley acompaña otras medidas tomadas por el Ejecutivo provincial y nacional que sirven de paliativo para que no se sigan cerrando hoteles, restaurantes y agencias de viaje en todo el territorio provincial. Y replica la que se aprobó durante el 2020 que había caducado hace más de medio año.

La norma, que ahora deberá ser evaluada por los diputados, prevé que podrán ser beneficiarios las micro, pequeña o medianas empresas, cuya facturación, contemplando la inflación, a mayo de 2021 sea inferior a la del mismo periodo de 2019.

Entre ellos, quienes prestan servicio de transporte exclusivamente para la actividad turística; hoteles y alojamientos; establecimientos gastronómicos; agencias de viajes y turismo; guías; turismo alternativo, de reuniones, y rent a car.

Todos ellos estarán eximidos del pago impuesto a las Actividades Económicas y del impuesto de Sellos hasta fin de año. A su vez, se diferirá el 50% del pago del Impuesto a las Actividades Económicas correspondiente a 2022, que podrá ser abonado el año siguiente en doce cuotas. También se los exceptuará del cobro del permiso para la venta de bebidas alcohólicas y del canon mensual por el vehículo del transporte turístico.

La ley además ordena al Ejecutivo provincial y al Ente Regulador de Servicios Públicos a asesorarlos y apoyarlos en la presentación y tramitación ante las empresas de servicios públicos para obtener reducciones, tarifas diferenciales, diferimientos o subsidios en el pago de sus facturas. Así como ante los organismos provinciales, nacionales y bancos para la obtención de líneas de créditos y ayudas económicas.

Un punto importante de la ley es que como condición para acceder a los beneficios, a los empresarios del rubro los obliga a no despedir sin causa o por motivos atribuibles a la crisis, durante el período comprendido entre el inicio del aislamiento social, y por lo menos mientras la normativa esté vigente.

Por último, ordena que el 75% de lo recaudado a través del impuesto a la Tómbola, “así como otros recursos que ingresen a la provincia con motivo de la actividad turística”, deberán ser destinados a potenciar dicha actividad mediante la creación un Fondo de Emergencia.

El autor del proyecto lo fundamentó en la necesidad que tiene el sector debido a la crítica situación en la que se encuentra desde la llegada de la pandemia. Y explicó que su vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre, ya que es la fecha en que caduca la Emergencia Sanitaria nacional.

El legislador sostuvo que la ausencia de turistas, o su disminución, afectó directamente a unas 7.000 personas “que hacen de esa actividad su forma de vida”, y añadió que en términos generales la cifra de personas afectadas se triplica. A su vez, detalló que ese sector es uno de los más importantes de la provincia, y se encuentra entre los tres primeros generadores de trabajo. “Es nuestra obligación acompañar a estos emprendedores y trabajadores para sostener la actividad en estos momentos tan difíciles”, concluyó Mónico. Y apuró a los diputados y al Ejecutivo para su sanción e inmediata promulgación, porque “no se puede esperar más”.

Críticas a Figueroa

El senador por Orán, Juan Cruz Curá, elevó un pedido de informe al Ministerio de Desarrollo de la provincia requiriendo la documentación correspondiente del Hogar de Ancianos San Vicente de Paul, ubicado en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. El pedido requiere que se detalle la cantidad de personas que residen en el Hogar, sus edades, y el estado de salud en que se encuentran; así como la cantidad de personas que prestan servicios, el horario de atención, la remuneración que reciben, el estado edilicio y el presupuesto mensual que maneja esa institución destinada a alimentos.

Ese Hogar recibió denuncias de sus residentes por las malas condiciones en que son atendidos, así como por la mala alimentación y condiciones edilicias. Por lo que Curá también solicitó al Ministerio que tiene a su cargo el cuidado del establecimiento, las constancias o antecedentes de denuncias “en donde intervenga la institución, su personal o bien las personas con residencia” en ese lugar.

El legislador fustigó duramente a la ministra Verónica Figueroa por no atender sus pedidos puntuales. Le solicitó directamente “que sea una ministra de la provincia de Salta, no solo de la capital”, que "se apersone e intervenga el Hogar de ancianos”. Curá informó en pleno recinto que ya se había realizado un allanamiento judicial y que había problemas “con todo el personal”.

Suspendido por violencia de género

Finalmente, tras muchas idas y vueltas la Cámara Alta decidió suspender sin goce de haberes al abogado y asesor del Senado, Matías Sanz Navamuel, que está detenido e imputado por lesiones agravadas al mediar violencia de género y amenazas contra su exesposa.

Si bien esa causa data de mayo de 2020, cuando Navamuel golpeó y asfixió a su expareja, recién este año la Justicia ordenó su detención, y ayer los senadores le iniciaron un sumario. En el interín, y hasta que la causa no finalice, se lo suspendió “sin goce de haberes”.

El presidente de la Cámara, Antonio Marocco, contó que ya había conversado con la damnificada y sus familiares, y que estaban esperando la actuación de la Justicia, a la que le requirieron que detalle la situación del detenido. “Creemos que una persona tantas veces acusada de acuerdo a los detalles que dio la Fiscalía, no puede seguir trabajando aquí hasta que no se resuelva y tengamos una sentencia clara”, expresó el vicegobernador. Navamuel ya tenía denuncias previas de su exesposa y de una pareja anterior.