La Red Universitaria de Ambiente y Salud/Médicos de Pueblos Fumigados, la Federación de Profesionales de la Salud (FESPROSA), la organización Naturaleza de Derechos y el Colectivo Sanitario Andrés Carrasco iniciaron una colecta de firmas de adhesión a una nota que elevarán la semana que viene a los ministros de Salud de Salta, Juan José Esteban, y Buenos Aires, Nicolas Kreplak, pidiéndoles que se “retire el suplemento nutricional para desnutridos a base de soja”. El insumo fue “testeado” en niños y niñas del Pueblo Wichí que padecen la desnutrición y residen en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este.
Los especialistas de la salud y el ambiente recordaron que el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires aprobó “recientemente un supuesto alimento llamado Bloque Nutricional para combatir la desnutrición infantil" que distribuye "con formato de magdalena (muffin) que es un panificado a base de soja”. Afirmaron que luego de “esta aprobación” el gobierno salteño “hizo un ensayo suministrando este producto a 30 niños wichis categorizados como desnutridos, del poblado de Alto Sierra en Santa Victoria Este”. Recordaron a los titulares de las carteras sanitarias que esta es la población infantil de mayor vulnerabilidad del país y que también registra las más altas tasas de mortalidad infantil, “situación generada por la desposesión de sus territorios apropiados por empresarios del agronegocio para cultivar justamente soja”.
Asimismo, sostuvieron que esta es una “maniobra propagandística del agronegocio” que es “inadmisible y que, más allá de demostrar una vez más una actitud cínica cercana al sadismo, carece de todo sustento científico y sanitario”. Frente a ello reclamaron que se retire cualquier aprobación “del tramposo muffin”, y se impida que se avance en los proyectos de suministrarlos masivamente a las poblaciones vulnerables del Noroeste argentino y del gran Buenos Aires.
En el escrito que prevén presentar, los críticos de este suplemento añadieron que existen amplias y contundentes experiencias de tratamientos de recuperación nutricional a nivel mundial y que no se realizan con insumos no saludables como la soja. “La OMS, la UNESCO y sobretodo Médicos Sin Fronteras tienen amplia experiencia en recuperación de desnutridos y la realizan utilizando alimentos en base a maní, no se necesita que el agronegocio argentino invente ahora un superalimento en base a soja”, manifestaron.
Agregaron la experiencia de 2002 cuando el ex presidente Eduardo Duhalde “intentó paliar el hambre de nuestro pueblo con ‘soja solidaria’ y en esos años la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) consideró que la soja se debía prohibir a niños de 2 a 5 años porque generaba alteraciones hormonales. Además, la soja transgénica que utilizan para este producto tiene una carga de residuos de agrotóxicos que no fue testeada y que convertirá el consumo del suplemento nutricional en un micro envenenamiento continuo”.
Desde la SAP hace menos de un mes se emitió un informe sobre los efectos de los agrotóxicos sobre la salud infantil, en el que, entre otras consecuencias, se señaló que la exposición a bajísimas dosis de estos productos daña el desarrollo cerebral infantil. En base a ese documento, concluyeron que la iniciativa presentada “genera más riesgos que beneficios”.
Soberanía alimentaria como solución
Los especialistas señalaron que el hambre, la desnutrición y la malnutrición de muchos argentinos reflejan la existencia de “problemas estructurales que generan la inequidad y la injusticia social”. Añadieron que desde “el punto de vista nutricional el hambre no se soluciona dando este tipo de productos ultraprocesados; lo que se necesita es variedad de alimentos, es necesario que las políticas públicas tomen el concepto de soberanía alimentaria y no se presten a estratagemas del agronegocio que solo agravaran situaciones ya de por sí dramáticas”.
El actual sistema alimentario argentino bajo el designio del modelo agroindustrial “está basado en el uso de paquetes tecnológicos con intensa utilización de agrotóxicos, estos afectan los sistemas biológicos humanos, en particular a los niños que se encuentran naturalmente en fases de crecimiento y desarrollos”. Ante ello, sostuvieron que debe ser obligación estatal garantizar el acceso al más alto nivel de salud posible, tal como lo consagra la Constitución Nacional al incorporar los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En tal sentido, “el Bloque Nutricional propuesto y que se rechaza, va a contramano de ese acceso que debe asegurarse por el Estado”, sentenciaron.
Con estos argumentos solicitarán a los funcionarios de las carteras sanitarias de ambas provincias que, “considerando la necesidad de preservar la salud colectiva de niños, niñas y adolescentes y de la población en general que habitan en dichas jurisdicciones, se retiren los permisos otorgados a Bloque Nutricional y se eliminen los proyectos de provisión masiva a poblaciones de pobres y se abstengan de suministrarlos a persona alguna”, entendiendo que “es responsabilidad de sus ministerios por más que estos proyectos se desarrollen en otras áreas gubernamentales”.
