Los tiempos cambian, las tecnologías evolucionan y las estafas, también. El cuento del tío se adapta a las aplicaciones de mensajería y la virtualidad obligada por la pandemia abre nuevas posibilidades para quienes tienen muchas cosas menos buenas intenciones. Es por esto que, frente a las denuncias de varias obras sociales, la Superintendencia de Servicios de Salud realizó una presentación judicial para que se investiguen maniobras de “desvío de afiliaciones”. Es decir, cambios de prestadores a través de engaños o sin el consentimiento o el conocimiento de los beneficiarios.

Los primeros episodios se registraron hace aproximadamente un año: llamadas telefónicas a los afiliados de diversas obras sociales, diciendo ser personal de la Superintendencia de Servicios de Salud o de la misma obra social. Los argumentos utilizados variaban según el caso: a algunos les decían que su prestador de salud estaba al borde de la quiebra y les sugerían realizar el cambio para no perder la atención médica; a otros, que el resultado de una auditoría había mostrado la mala calidad de los servicios y que por eso les recomendaban pasarse a una obra social con mejor prestación. Si llamaban desde “la obra social” del afiliado en cuestión, les informaban sobre un cambio en la credencial, razón por la cual necesitaban sus datos personales. Y a medida que pasaba el tiempo, fueron surgiendo otras formas de estafa.

“Nos enteramos porque los beneficiarios comenzaron a denunciar lo que pasaba, que se iban a atender y descubrían que ya no tenían más la obra social que tenían. En estas primeras denuncias explicaban que se los había pasado sin su consentimiento”, explicaron desde la Superintendencia de Salud a Página/12. Estas maniobras se realizaban a través de pedido o robo de la información --sobre todo, la clave fiscal-- de los afiliados, pero se fueron modificando y convirtiendo en posibles fraudes. La figura delictiva que se investiga, en principio, es la de estafa según el artículo 172 del Código Penal; aunque todavía no se descartan otras hipótesis como fraude o mala administración de datos.

Las obras sociales que primero denunciaron la situación fueron las más perjudicadas por las maniobras de desvío de afiliaciones. Obra Social de Petroleros (OSPE); Obra Social de Personal de encargados de edificios de Renta y Horizontal (Osperyh); Obra Social Ferroviaria (OSFE); Obra Social del Personal de Papel; Obra Social de obreros y empleados tintoreros sombrereros y lavaderos de la República Argentina (Osoetsylra); y Obra Social del Personal de la Industria del Calzado (Ospical). Estos son los prestadores que se tratan en la presentación realizada por la Superintendencia de Salud, si bien luego se fueron sumando otros como la Obra Social del Personal Cinematográfico de Mar del Plata; la Obra Social del Personal de Telecomunicaciones Sindicato Buenos Aires (Ospetelco); y la Obra social del Personal de la Industria del Fósforo.

“La gente es engañada, cae en ese error y después hay un perjuicio patrimonial, un detrimento económico para la obra social”, señalaron a este diario desde MGA Abogados, unos de los estudios jurídicos que forma parte de la querella en la causa iniciada penalmente por la Superintendencia de Salud, a través de su apoderado, Antonio Román, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2.

Desde la Superintendencia iniciaron una campaña de concientización a través de su página web, junto con el refuerzo de todos los sistemas de seguridad. Se instrumentó un sistema online de cambio que requería poseer clave fiscal 2. Pero “ahí el robo de datos cambió y empezó a ser telefónico con gestores”, explicaron. A partir de ello, se pasó a requerir clave fiscal 3, aunque “si la gente entrega la clave, no hay manera de salvar a ese beneficiario: cuando la gente se da cuenta y quiere volver atrás, no se puede, ya que el cambio se asume como voluntario y debe esperar un año antes de poder cambiar nuevamente de prestador”.

Desde el estudio de abogados detallaron que las maniobras comenzaron "con la pandemia, porque todos los trámites se empezaron a hacer online, cualquiera puede hacer el trámite”. Y que por ello “se está buscando alguna forma de que la persona que hace el cambio tenga que hacer algún trámite presencial y se firme una declaración de que prestan su consentimiento”. Además, se estudia la posibilidad de presentar una cautelar para que los beneficiarios afectados por la estafa tengan la oportunidad de regresar a sus obras sociales originales antes del transcurso de un año.

“Estamos haciendo todo lo que podemos, y hay suficientes pruebas y suficiente información”, señalaron a Página/12 desde la Superintendencia de Salud, respecto de la causa penal y la investigación en curso. “Esperamos que tenga consecuencias, porque afecta la salud de las personas y más en un contexto de pandemia.”

Informe: Sofía Moure.