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Desde Santa Fe
El fiscal Martín Suárez Faisal frenó un nuevo intento del Ejército –el segundo desde 2016- para volver al campo San Pedro y reciclarlo como centro de “adiestramiento” de la tropa. El predio militar es símbolo del terrorismo de estado porque fue el primero en la Argentina donde una investigación judicial histórica descubrió y logró probar que el Ejército aplicó allí el método clandestino de desaparición de personas y ocultamiento de sus cuerpos. La fosa común que se encontró en 2010 escondía restos de ocho desaparecidos, y a once años del hallazgo, aún falta identificar a dos de ellos. Dos gestiones, una del jefe del Batallón de Ingenieros 1 de Santo Tomé teniente coronel Ignacio Agustín Etienot y otra de una directora del Ministerio de Defensa, Mariana Maurer –quien actuó por “instrucción” del ministro Agustín Rossi- exploraron ante el juez federal Marcelo Bailaque la posibilidad de habilitar el campo para “ejercicios operacionales”. Pero Suárez Faisal advirtió que el pedido del Ejército contradice un dictamen del Archivo Nacional de la Memoria –incluido en la causa en 2016- que garantiza la “preservación del sitio de memoria” por su "valor testimonial, histórico y reparatorio”. Por lo tanto, ante la “divergencia” entre el planteo del Ministerio de Defensa y la tutela del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el fiscal le pidió al juez Bailaque que oficie al jefe de Gabinete Santiago Cafiero para que aclare el asunto. Y eso fue lo que ordenó el magistrado. Solicitó a Cafiero que “proceda a coordinar y acordar” entre ambas carteras “cuál es la pretensión concreta del Poder Ejecutivo” sobre el destino de un predio de 2.127 hectáreas que operó como centro de exterminio de personas.
El pedido del Ejército sorprendió y puso en alerta a los organismos de derechos humanos de Santa Fe, que recién se anoticiaron del operativo esta semana, a pesar de que las gestiones ante el juez Bailaque se iniciaron hace dos meses. Ayer, el Foro contra la Impunidad rechazó este nuevo “intento militar de volver al Campo San Pedro”, al que calificó como otra “embestida contra la medida cautelar” que protege la búsqueda de enterramientos clandestinos de las incursiones del Ejército. La prohibición de innovar fue ordenada por el ex juez federal Francisco Miño en 2007 -apenas se inició la causa- y ratificada en 2016, cuando rechazó la “pretensión” del Ejército de habilitar el campo para “maniobras militares” porque éstas “podrían afectar el desarrollo y resultado” de las investigaciones.
Aquel intento de 2016 –en el gobierno de Mauricio Macri- también se realizó por pedido del entonces jefe del Batallón de Ingenieros 1 de Santo Tomé, teniente coronel Gabriel Senmartín. Y contó con el aval de dos funcionarios del Ministerio de Defensa que actuaban por “instrucción” del ex ministro Julio Martínez. El Foro le dijo al juez Miño que liberar el predio del Ejército significaba “cancelar la preservación del lugar para la búsqueda de desaparecidos”. “Existen suficientes testimonios para pensar que en el Campo San Pedro quedan restos de muchas víctimas a las hay que rescatar del abandono y el olvido”. Miño resolvió en la misma línea que ahora siguió su reemplazante en el cargo, el juez Bailaque.
Esta semana, el Foro se anotició que la directora de Memoria Histórica y Programas del Ministerio de Defensa, Mariana Maurer, pidió a Bailaque que le informe si está vigente la cautelar que protege al Campo San Pedro, a raíz de una nueva solicitud del Ejército para realizar ‘ejercicios operacionales’ en el lugar. La nota de Maurer es del 27 de mayo, se dirige al juez por “instrucción” del ministro Rossi. Y adjunta copia de la resolución 172/06 de la ex ministra de Defensa Nilda Garré, que declaró a los centros clandestinos de detención en el ámbito de las Fuerzas Armadas como “espacios de carácter intangible a fin de impedir su futura alteración” y obliga que ante “cualquier proyecto” sobre su uso debe haber un dictamen previo del Archivo Nacional de la Memoria sobre su “oportunidad, mérito y procedencia”.
El 1 de junio, el jefe del Batallón de Ingenieros 1 de Santo Tomé, teniente coronel Etienot, reforzó el pedido ante el juez Bailaque, a quien le planteó la “particular importancia” de disponer del campo en los supuestos “sectores no afectados a la causa judicial”. El Foro rechazó este “nuevo intento” del Ejército para habilitar el Campo San Pedro a ejercicios militares, “luego del que fuera rechazado en 2016”. “Es aberrante que mientras continúa la búsqueda de fosas comunes y enterramientos clandestinos como los hallados en 2010, se solicite autorización” para realizar allí “maniobras” con la tropa.
La “pretensión” del Ejército “debería rechazarse de plano”, insistió el Foro-. Más, cuando el 20 de julio un avión con tecnología LiDAR de escaneo terrestre sobrevoló el Campo San Pedro “con el objetivo de hallar fosas clandestinas que, según testigos, fueron utilizadas durante la última dictadura cívico militar”. Es una investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -en la causa que se inició en 2007- para “esclarecer hechos ocurridos durante el terrorismo de estado en nuestro país”. “Es la segunda vez que se usa un avión con este sistema de escaneo láser para la búsqueda de fosas clandestinas”, dijo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla al recordar que en enero ya se había utilizado el mismo método en Campo de Mayo. Pietragalla estuvo en San Pedro el 24 de junio, junto con los antropólogos forenses y su colega, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Lucila Puyol, entre otros.
El fiscal Suárez Faisal advirtió que “existe una divergencia en las peticiones formuladas” por dos carteras del Poder Ejecutivo. “Por un lado, un dependiente del Ministerio de Defensa pretende que se habilite el lugar para maniobras militares. Y por otro, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que 'se lo preserve de toda actividad militar'!. Por lo tanto, le propuso al juez Bailaque que oficie al jefe de Gabinete Santiago Cafiero, "responsable de la administración general del país" para que aclare el asunto. Y así resolvió el magistrado: le pidió a Cafiero que "proceda a coordinar y acordar cuál es la pretensión concreta del Poder Ejecutivo" sobre el destino del predio, donde un testigo declaró en 2013 ante el fiscal Walter Rodríguez haber visto dos masacres, entre 1976 y 1977. "Una tarde de frío, estando en el campo -contó- vi llegar a unos 70 metros de donde estaba, camionetas, camiones y un colectivo. Le pregunté a un suboficial del Ejército y me dijo que eran ‘subversivos’ que ‘los iban a pasar para el bajo’. Los vi bajar del colectivo, estaban esposados, con las manos atrás, todos mirando al piso. Habrán sido aproximadamente 20 personas. El militar me dijo que les iban a dar una ‘pichicata’ y después enterrar los cuerpos y tirarle bolsas de cal que había en un cuartito del campo”. No fue el único hecho. “A los dos o tres meses –siguió el testigo-, volví a ver camionetas Ford, camiones y un colectivo que llegaron al campo, también bajaron unas 20 personas aproximadamente. Estaban esposados y con la cabeza gacha”.
