Desde ayer a la mañana, 60 familias de la ciudad de Salta, se asentaron en un descampado ubicado entre los barrios Justicia y Solidaridad, en la zona sudeste de la Capital. Los ocupantes exigen la entrega inmediata de terrenos fiscales en desuso y la creación de un banco de tierras para todos los trabajadores.
Vanesa Ramírez, representante de las familias, dijo que su presencia en el predio se debía a un cansancio generalizado ante la falta de respuesta de la Subsecretaría de Tierra y Habitat de la provincia, a las solicitudes de acceso a un lote. "Hace años estamos esperando y las promesas de los distintos gobiernos nunca se concretan", denunció la mujer a Salta/12.
Los vecinos aseguran que ese predio es un terreno fiscal de la provincia, por lo que solicitan a las autoridades provinciales que lo repartan entre las familias. Ramírez sostuvo además que está "estipulado para viviendas" pero no se hace nada al respecto, por lo que precisó que "antes que siga siendo tierra de nadie, queremos que la gente cumpla con el derecho a una vivienda digna".
Aún así, denunció que propietarios de una empresa de áridos construyeron en uno de los sectores del lugar sin autorización aparente. Es por eso que indicaron que permanecerán "pacíficamente a la espera de una respuesta pronta y urgente", pidiendo que se cree un banco de tierras donde se anoten las familias trabajadoras.
También relató que el lugar es foco de hurtos, robos, y que llegaron a ocurrir violaciones por el abandono en el que se encuentra, que lo convierte en tierra de nadie. La zona sudeste es una de las más precarias en toda la ciudad de Salta.
Desde el momento en que procedieron a la toma, inmediatamente llegó la Policía con más de 10 camionetas, incluido personal del Infantería. Ante tal cantidad de efectivos, pasadas las 18, los vecinos se retiraron del lugar, pero retornaron una hora después cuando estos se fueron.
La mujer contó que desde que se instalaron, los policías se acercan a las familias para presionarlos a que se vayan, pero sus representantes les piden que "no se alteren y no se pongan mal, porque ellos quieren que nosotros reaccionemos. No estamos para hacer problemas, lo único que queremos es un terreno", manifestó a este medio.
"Nos dicen que queremos todo de arriba, pero no es así", señaló Ramírez, quien contó que la mayoría de las familias se desempeñan como comerciantes y vendedores independientes. "Podemos costear un terreno fiscal, no así un terreno privado que está por las nubes", remarcó. La delegada reiteró que están pacíficamente y que "si a nosotros nos llegan a reprimir o hacer algo, responsabilizamos al gobierno directamente porque estamos cansados y queremos una solución".
En Las Lajitas continúa la ocupación
A finales de mayo, más de 300 familias se asentaron en terrenos de la empresa agrícola La Moraleja, en la localidad de Las Lajitas (Anta). La ocupación se hizo en reclamo por el déficit habitacional que existe en la ciudad y después de dos meses de lo ocurrido, las familias siguen esperando una solución ya que aseguran que las tierras fueron donadas por la empresa a la comuna, por lo que exigen que se haga entrega de las mismas de acuerdo a las necesidades más urgentes de cada familia.
Fue a principios de junio, que los delegados de la toma realizaron un censo donde se indicó que hay 573 familias que necesitan un terreno y acceso a la vivienda digna. La abogada Paola Vargas, representante legal de las familias, dijo en ese entonces a Salta/12 que se trata de personas vulnerables, "que se ven afectados por la decisión de tener que ser desalojados de una manera insoslayable, repentina desconociendo el momento de tal inhumano trato".
Las familias permanecen en chozas precarias construidas de palos y plásticos, y sin los servicios de agua y luz. La policía impide que entren con materiales para evitar que avancen con construcciones más sólidas y cada vez se vuelva más dificil un eventual desalojo.
Hace unas semanas atrás la situación parecía encaminarse a una solución porque la promesa del intendente de entregar terrenos a los ocupantes en otro lugar ya con todos los servicios, provocó el éxodo de una parte de los asentados. Sin embargo alrededor de 400 familias permanecen en el lugar ya que no confían en la oferta del jefe comunal.
De hecho, la abogada Vargas desconoció las gestiones realizadas por el intendente Fernando Alabi, que firmó un acta con las delegadas anteriores, pero que "no representan de ninguna manera a las personas que están en la toma" y que tienen otras referentes.
La letrada solicitó que se convoque a una audiencia de conciliación que se haga con presencia de la Asesoría de Incapaces y la Secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, "a efectos de que se arribe a una solución que respete los derechos de la parte denunciada sin significar un riesgo innecesario y evitable en los derechos humanos de los afectados".
Vargas busca que se genere medidas alternativas, para evitar "resultados indeseados o lamentables que signifiquen una vulneración de derechos". Aún así, las familias permanecen en el lugar, en medio de una tensa calma y en condiciones sumamente precarias.
