En el Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la Violencia de Género, los gobernadores se comprometieron a “armar una política de Estado que nos lleve a acordar que hay cosas que en ningún rincón de la Argentina vamos a tolerar”, en palabras de Alberto Fernández. Una de las acciones pactadas con ese fin era adherir al Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG), que fue presentado formalmente en Salta el último viernes. 

El SICVG, es una herramienta para registrar, procesar y analizar información sobre las consultas y denuncias por violencia de género, propuesta por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, que dará continuidad al Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM). 

La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), Pilar González Sastre, afirmó que la entidad funciona como articuladora entre los organismos provinciales y Nación. Y aseguró que el fin último, no es sólo registrar la información, sino "conocer la ruta que atraviesa una persona" que sufre violencia de género. A medida que avance su implementación, buscan generar políticas de predicción de riesgo y con ello, un sistema de alerta. 

La particularidad del sistema es que permitirá realizar un seguimiento de los casos, establecer indicadores de riesgo, saber si quien realiza una denuncia accedió a intervenciones previas por parte del Estado y conocer si la persona denunciada cuenta con antecedentes similares. Para González Sastre "es un sistema completo con una multiplicidad de funciones", debido al trabajo articulado que se intenta generar. 

Es por eso, que indicó que llevará un tiempo lograr su implementación, pero apelan al "compromiso de todas las instituciones para poder abordar en profundidad el área de prevención". 

La directora del Observatorio señaló que en la provincia existen dos instituciones que actualmente trabajan el Sistema: la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVIF) del Poder Judicial y el Polo Integral de Mujeres, dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de Salta. Ambas entidades se encuentran en etapa de capacitación para avanzar en la prueba piloto.

La reunión de presentación que se hizo el viernes en el salón del Centro de Convenciones del Centro Cívico Grand Bourg, buscó armar una mesa técnica donde se reunieran todos los organismos estatales de la Provincia que trabajan en la temática. Es por eso que se sumaron funcionarias y funcionarias del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal, que intervienen en la asistencia y asesoramiento de casos de violencia de género. 

Los organismos acordaron un período de trabajo para incorporar el Sistema con la colaboración técnica del OVcM. Ante la multiplicidad de entidades presentes, la directora del Observatorio afirmó que una de las prioridades es trabajar respetando el funcionamiento y los objetivos particulares que tiene cada organismo. Señaló que lo importante de este sistema es que "se amolde a la realidad que tiene cada institución", permitiendo, "una diversidad de fuentes y unidad en los registros". 

"El Observatorio no implementa el sistema, pero sí somos articuladoras para que se pueda gestar", reiteró a Salta/12, González Sastre, quien dijo que esperan que la prueba piloto pueda llevarse adelante en los próximos meses. 

Por su parte, el ministro de Gobierno y Derechos Humanos, Ricardo Villada, resaltó que la puesta en funcionamiento del Sistema requiere de un compromiso, un esfuerzo de coordinación y la voluntad de poner a disposición la información para establecer políticas de abordaje integral, que prevengan femicidios y transfemicidios.

Salta suma siete femicidios en lo que va del 2021. El último fue en la localidad de Vaqueros cuando Lorena Vique fue asesinada a cuchillazos por su pareja, Julio César Calisaya (35), en la noche del jueves 8 de julio en la costanera del río.

El primer femicidio que lamentó la provincia ocurrió el 1 de enero, cuando Graciela Flores (40) fue asesinada por su pareja, Mario Balverdi (47). El ataque fue también con un arma blanca y en la vía pública, en la ciudad de Salta. El 9 de enero la adolescente Nancy Villa (14) fue asesinada en un espacio público por su expareja, Carlos Arnecio Juárez (18), también con un arma blanca, en la comunidad indígena Misión La Loma, en el norteño municipio de Embarcación.

El 7 de marzo, en un departamento de la calle Alvarado de la ciudad de Salta, fue asesinada Macarena Blanco (28). Por su crimen hay tres imputados. El 17 de marzo, en su casa de Cafayate, se encontró sin vida a Fabiola Andrea Echenique (30). Las sospechas recaen sobre su expareja, quien había sido denunciado por hechos de violencia.

El 12 de mayo, Laura Rodríguez (36) fue asesinada por su expareja, Darío Germán López (46), que también usó un arma blanca, en una zona rural de la localidad de La Merced, muy cercana a la ciudad capital de la provincia. Y el 29 de mayo, en el barrio San Calixto de la ciudad de Salta, fue asesinada la joven Jesica Solís (29). El ataque fue perpetrado con un cuchillo por su expareja, Exequiel Lucas Domínguez (30), y también está acusada la actual pareja de este hombre, Rocío del Milagro Farfán. 

Más acciones 

Fue en el marco de la primera reunión del Consejo Federal de Prevención de Femicidios del NOA, que la provincia de Salta se sumó al SICVG. También adhirió al Sistema Único de Registro de denuncias por Violencia de Género (URGE), a la articulación entre las líneas 911 y 144, al uso de dispositivos duales, así como de indicadores de riesgo y la adaptación de normativa en uso de armas.

En el caso de los dispositivos duales, hasta mayo de este año, el Ministerio de Justicia de Nación, comunicó que en Salta existían 125 dispositivos, de los cuales, 48 están en uso. Es decir, sólo está en funcionamiento el 38,4%, menos de la mitad. Pero esta realidad también se repite en las otras provincias del NOA. 

Los dispositivos duales para víctimas de violencia de género son herramientas de geolocalización utilizadas para garantizar el efectivo cumplimiento de medidas cautelares dispuestas por el Poder Judicial, en el marco de procesos judiciales. Los equipos se componen de dos unidades de rastreo que se entregan tanto a la víctima como al agresor.

En el caso de Catamarca, tienen 5, y ninguno en uso; en Jujuy 20, y ninguno en uso; en La Rioja 50, y 25 en uso; en Santiago del Estero 5 y 3 en uso; en Tucumán 105 y 65 en uso. Es la cartera nacional que dirige Martín Soria, quien provee de esta tecnología a pedido de las provincias.

A estas acciones también se suma el reiterado pedido de Nación para que las provincias repliquen las capacitaciones en la Ley Micaela, que obliga a formarse en perspectiva de género, a quienes se desempeñan en la función pública de los tres poderes del Estado. También se instó a que cada provincia cree el Registro de magistrados y magistradas denunciados por mal desempeño en su actuación en casos de violencia de género, como ya sucedió en el Consejo de la Magistratura de la Nación.