El juez de instrucción porteño, Rodolfo Cresseri, ordenó un operativo para secuestrar documentación en la sede de la Procuración General de la Nación, por la causa en la que se investiga a su titular, Alejandra Gils Carbó, por el alquiler de un edificio que no fue utilizado. Desde la Procuración sostuvieron que el el juez subrogante Cresseri no tiene competencia para intervenir. Gils Carbó ya presentó documentación para descartar la denuncia y se ofreció a presentarse ante la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal a mediados de mayo.

La causa con la que se pretende avanzar sobre Gils Carbó está caratulada como "defraudación contra la administración pública" nacional y se inició a partir de una denuncia realizada por el fiscal José María Campagnoli, tras una publicación del diario Clarín. Los efectivos de la Policía Federal se llevaron de la sede de la PGN en Avenida de Mayo documentación vinculada con la licitación del alquiler del edificio de Corrientes 1615, con el pago de alquileres y con el uso que se le pretendía dar.

La acusación que publicó el grupo Clarín y tomó Campagnoli imputa a la funcionaria por concretar una operación por seis millones de pesos en el alquiler del edificio de la calle Corrientes que nunca se llegó a utilizar. Horas después de que se radicara la denuncia, la Procuración detallo que el edificio estaba destinado a la estructura operativa del Ministerio Público, cuyas funciones iban a expandirse en 2016 por la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal (CPP) votado por el Congreso de la Nación.

Según la nueva normativa, los fiscales iban a tener a su cargo toda la instrucción penal de los delitos en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia para suspender el nuevo Código. Tras esa decisión, el edificio fue devuelto a su dueño, debido a que la expansión de las tareas de los fiscales no se llevaría adelante. Gils Carbó presentó la documentación y se ofreció a asistir a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal en la semana del 15 al 19 de mayo.