El juez Javier López Biscayart declinó la competencia para investigar la denuncia del Gobierno por el envío de municiones a Bolivia para colaborar con el golpe de Estado contra Evo Morales. López Biscayart, que instruyó el expediente durante la feria, consideró que debe ser su colega Alejandro Catania quien siga adelante con la investigación que involucra a Macri y a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros. Catania debe decidir si acepta la causa o si la lleva al terreno de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que defina qué magistrado seguirá a cargo del expediente con impacto en la política regional.

La decisión de López Biscayart se fundó en el hecho de que Catania recibió minutos antes una denuncia sobre el envío de armas a Bolivia, que había presentado el excamarista Eduardo Freiler. Después ingresó la presentación del ministro de Justicia Martín Soria, la ministra de Seguridad Sabina Frederic y la titular de la Administración de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont, que es la que se motorizó durante las dos semanas del receso invernal en los tribunales.

“La declinación de competencia que se decide no determina un grave retraso para la investigación de los hechos denunciados”, escribió López Biscayart en la resolución a la que accedió Página/12. Según el juez, no se puede demorar el trámite porque en los dos expedientes interviene el fiscal Claudio Navas Rial. De hecho, en la causa que está en el juzgado de Catania, el fiscal tiene delegada la investigación.

Antes del inicio de la feria, Navas Rial imputó por contrabando agravado a Macri, Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exembajador Normando Álvarez García, el excomandante general de Gendarmería Gerardo Otero, el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski y al exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde.

Después de una ampliación de la denuncia del Gobierno, Navas Rial también pidió que se investigue al agregado de la Gendarmería Adolfo Caliba, quien fue señalado como la persona que recibió el 13 de noviembre de 2019 el cargamento que llevó el primer contingente de gendarmes que se apostó en La Paz para proteger supuestamente la embajada y la residencia del embajador.

En el expediente, Macri denuncia que es víctima de una persecución y busca frenar la realización de un sumario administrativo al interior de la Gendarmería, que podría arrojar información sobre cómo se preparó la salida de los alacranes de la Gendarmería y de las 70.000 balas antitumulto que habrían terminado en poder de la Fuerza Aérea y de la Policía de Bolivia.

La ministra Frederic le dijo a Página/12 que el sumario se demorará un mes y medio más y que, por la información recaba, su cartera sabe que los gendarmes no usaron las municiones en Bolivia y que no estaba previsto que el cargamento fuera con ellos a la embajada. En el juzgado ya cuentan con un avance de ese sumario que tanto preocupa a Macri.

Catania está de licencia esta semana, explicaron fuentes del fuero a este diario. Mientras tanto, su juzgado lo subroga Rafael Caputo, que tuvo a su cargo una tercera denuncia por el envío de municiones pero la remitió al juzgado de López Biscayart. En cuanto se reincorpore, Catania deberá definir si acepta la competencia de la causa.  El fiscal Navas Rial no dictaminará sobre la cuestión porque se trata de dos magistrados del mismo fuero.

Si Catania rechazara y López Biscayart insistiera en su postura, será la Cámara en lo Penal Económico la que terminará definiendo quién tendrá la responsabilidad de instruir la causa. Uno de los elementos a considerar es que el expediente de López Biscayart fue el que más avanzó, dado que recibió toda la documentación que recabó el Gobierno y también donde se reclamó avances a distintas áreas. De todos modos, las fuentes consultadas estimaban que no habrá definiciones durante esta semana. Hasta en tanto Catania resuelva, la causa seguirá su trámite en el juzgado de López Biscayart.