Tras reiteradas denuncias que recibió la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la ciudad de Salta, se conoció que el Instituto Modelo Nº 8067, ubicado en la zona sur de la ciudad de Salta, estaba cobrando $500 a sus estudiantes para que pudieran rendir sus exámenes en las mesas de julio. El organismo municipal intimó al establecimiento a cesar de forma inmediata todo cobro por derecho de examen que estuviera realizando. 

El director de Asesoría Legal y Capacitación de la Subsecretaría, Adrián Gerónimo, contó a Salta/12 que las denuncias fueron recibidas por los distintos canales que tiene la Municipalidad, dispuestos por la web y la línea de whatsapp. A partir de esas denuncias el organismo municipal comenzó a actuar el 28 de julio y emitió una intimación para que las autoridades del Instituto no sigan con este cobro. 

"Tomamos conocimiento de que se cobraba $500", confirmó Gerónimo. Con la intimación también se otorgaron cinco días hábiles para que las autoridades de la institución realicen su descargo y así saber "si ese cobro se estaba haciendo justificando alguna acción o motivo", indicó el funcionario. 

La intervención se amparó bajo dos reglamentaciones. Una educativa, dado que desde la Municipalidad se recordó la vigencia del decreto provincial 4203/99, que prohíbe la práctica de cobro de aranceles para rendir un examen en establecimientos privados. 

Por su parte, desde la Dirección General de Educación Privada del Ministerio de Educación de Salta, se informó que no se hizo ninguna presentación formal ante la cartera que dirige Matías Cánepa. Aún así la Dirección, que está bajo el mando de Adriana Prieto, ratificó que debe el decreto provincial 4203. 

La segunda normativa considerada por la Subsecretaría es la referida a la protección de los consumidores. Según la Ley Nacional Nº 24.240, todo consumidor debe recibir trato digno ante el uso de un servicio, precepto que habría sido respetada por el terciario dado que desde el organismo señalaron que el cobro de un arancel para rendir exámenes se constituyó en una práctica abusiva. 

Gerónimo explicó que los estudiantes como usuarios del servicio de educación tienen el derecho a saber con un año de anticipación de todo aumento que se dispongan a realizar desde la dirección educativa. Esto se requiere con la finalidad de que pueda decidir sobre la continuidad del servicio contratado, y también para que el Ministerio de Educación esté al tanto de la situación como órgano controlador del derecho a la educación. 

"Es una práctica que no está contemplada en la norma educativa y consumeril", reiteró el funcionario, afirmó que bajo "ese marco hemos actuado y ahora estamos a la espera de la respuesta del Instituto". 

En cuanto a la posibilidad de que se reintegre lo cobrado, Gerónimo indicó que para eso es preciso que cada damnificado recolecte toda la información, sea a través de las publicaciones en medios de comunicación, para constatar que existió un aviso por parte del Instituto de que se iba a efectuar tal cobro. "Necesitamos algún elemento probatorio para acreditar que el cobro se hizo", especificó.  

De acuerdo a los casos que viene recibiendo el organismo, es la primera vez que reciben este tipo de denuncias, no sólo referidas al Instituto Modelo, sino a los establecimientos educativos en sí. 

Por ello, la subsecretaria de Defensa del Consumidor, Emilia Calmejane, recordó que las  personas deben hacer valer sus derechos y en caso de duda pueden comunicarse con el área a través de las distintas vías para hacer consultas o denuncias. “Estas prácticas de cobro de arancel para rendir las materias no están permitidas”, subrayó la funcionaria.

Los consumidores y usuarios pueden hacer consultas y denuncias comunicándose al 416-0900 interno 1045 de 8 a 13 horas, o bien a través de https://municipalidadsalta.gob.ar/defensa-consumidor/.