La megacausa de espionaje ilegal durante el macrismo entró en una fase clave. La Cámara Federal porteña celebró una audiencia este martes para comenzar a analizar los 38 procesamientos que dictó el juez Juan Pablo Augé, mientras la investigación aún estaba en Lomas de Zamora. Los camaristas Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi no sólo tienen en sus manos la situación procesal de los exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de los espías conocidos como Súper Mario Bros, sino fundamentalmente de Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri que busca quedar desvinculado del expediente mientras profundiza su campaña para la Legislatura porteña.

En febrero, Augé, en una extensa resolución, procesó a los exdirectivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani junto con el exdirector nacional del SPF Emiliano Blanco. Con ellos también terminaron procesados funcionarios de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ), que dirigía Juan Sebastián de Stefano, y los espías conocidos como Súper Mario Bros, que eran comandados por el exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz. Augé, junto con los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, investigó el espionaje sobre políticos --aliados y opositores a Macri--, la propia hermana del expresidente e incluso sobre los presos kirchneristas que estaban detenidos en el penal de Ezeiza.

El juez encontró elementos para procesar a Susana Martinengo, la coordinadora de Documentación Presidencial de Macri. Martinengo era amiga de los Súper Mario Bros y los frecuentaba en la base de la AFI que tenían en el barrio de Mataderos. Ellos le pasaban información y ella les respondía que iba a compartirla con Macri a través de Darío Nieto. Así fue como el secretario del expresidente terminó involucrado en la causa e imputado por haber supuestamente recibido, a través de Martinengo, informes de inteligencia ilegal sobre quienes se manifestaron en contra de la reforma previsional de 2017 y sobre las comunidades mapuches. A diferencia de Martinengo, la fiscalía entendió que no tenía elementos para pedir el procesamiento de Nieto y el juez Augé le dictó una falta de mérito, que fue apelada por varias querellas.

Antes de la audiencia, la defensa de Nieto presentó un memorial ante la Cámara Federal pidiéndoles a los jueces que confirmen la resolución de Augé. El defensor Gervasio Caviglione Fraga sostuvo que Nieto era víctima de una “verdadera cacería punitiva” y que jamás tuvo en sus manos un informe de inteligencia ni conoció a agentes de la AFI. Nieto, al igual que en su indagatoria de octubre del año pasado, buscó despegarse de Martinengo. Volvió a sostener que era una de las 125 empleadas que tenía a su cargo y que no tenía un vínculo de confianza.

El secretario de Macri, y actual precandidato para la Legislatura porteña, reconoció en su escrito que su teléfono --secuestrado en la causa de Lomas el 25 de junio del año pasado-- es ni más ni menos que la agenda de gobierno de Macri. Allí reside el interés tanto de Nieto como del expresidente de anular toda la prueba que pueda surgir de allí y de impedir que se use en otras causas. Los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, que reclaman su procesamiento, explicaron también que del teléfono del joven politólogo surge que, una vez iniciada la megainvestigación, Nieto fue una pieza clave para dar un “relato” de lo sucedido y que incluso trabajó en un guión para explicar cuál era la relación de Martinengo con el PRO.

La audiencia

"A Darío Nieto le llegaban los informes de inteligencia por el lado de Martinengo y de Patricia Bullrich", insistieron los querellantes Rafael Resnick Brenner y Jorge Chueco ante los jueces de la Cámara Federal porteña, a quienes les dijeron que no les reconocían la competencia para actuar.

Resnick y Chueco fueron los únicos querellantes que expusieron. El resto del tiempo quedó para los defensores, que buscaron socavar el procesamiento de Augé. El abogado Maximiliano Frola, que representa al exjefe de departamento de Oficios Judiciales de la AFI Bernardo Miguens, dijo que su defendido sólo terminó imputado en la causa por haber sido "pinche" del juzgado de Claudio Bonadio. 

Fernando Sicilia, abogado de los exAFI Leandro Araque y Facundo Melo, hizo levantar a los jueces erguir sus cabezas cuando citó el informe final de la Bicameral en el que llamaba a responsabilizar a quienes establecieron los lineamientos de la inteligencia durante el macrismo. En esa línea, Sicilia insistió con que sus defendidos sólo cumplieron órdenes --y no todas--.

La línea del abogado de Araque y Melo es contraria a la que manifestó en un extenso escrito Arribas, que buscó despegarse de lo que pudieron haber hecho sus subordinados, lo que termina siendo una concesión de que se practicó espionaje ilegal. “La institución llegó a tener 1800 agentes, de manera tal que, como podría comprenderse, no podía estar en el día a día de cada uno de ellos”, se atajó Arribas y recordó que los Súper Mario Bros decían recibir órdenes de Alan Ruiz, un exfuncionario del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich que recaló en la AFI en 2018.