El juez federal Sebastián Casanello incorporó al colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, a través de Ramiro Varela, uno de sus miembros fundadores, como amicus curiae en la megacausa Esma. Ese expediente es el gran marco desde el que se investiga la Masacre de San Patricio, el asesinato de los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau y de los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, que tuvo lugar hace 45 años en la ciudad de Buenos Aires. El hecho se le atribuye a un grupo de tareas del centro clandestino que funcionó en el predio de Libertador al 8100, aunque hasta el momento no se logró identificar a ningún responsable directo ni mediato, ni a cómplices.

Varela evaluó la decisión de Casanello como “un paso trascendental, de inflexión” para el colectivo ya que “formaliza en el plano judicial el trabajo que se ha venido realizando en el plano simbólico y social, de articulación permanente con las otras comunidades religiosas que tienen a sus propios mártires y todos los actores del proceso de memoria, verdad y justicia”.

Radicó el pedido para que la Comunidad Palotina de la Parroquia de San Patricio y el colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia fuera considerado amicus curiae días previos al inicio de la feria judicial con el objetivo de poder tener acceso al expediente, de aportar elementos de prueba e información relevante para la instrucción de la causa “desde un lugar más formal”, explicó Varela.

La mañana del 4 de julio de 1976, Rolando Savino se llevó una sorpresa macabra cuando ingresó en la casa parroquial de la Iglesia de San Patricio, en Estomba Y Echeverría, en el barrio porteño de Belgrano: Alfredo Kelly, Alfredo Leaden, Pedro Dufau, Salvador Barbeito y Emilio Barletti estaban tumbados boca abajo en la sala de estar, acribillados. Sobre la espalda de Barbeito, un afiche con el cuadro de historieta donde Mafalda dice “¿Ves? Este es el palito de abollar ideologías” se sumaba al mensaje de la muerte. En las puertas de la casa, dos pintadas con tiza los completaban: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM” (Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo) y “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Viva la Patria”.

“No es un hecho que afecta solo a la comunidad de la parroquia o a la congregación palotina. Son crímenes de lesa humanidad de carácter imprescriptible que impactaron contra toda la sociedad. Los cinco mártires forman parte de los 30 mil”, puntualizó Varela.

El expediente que investiga la masacre es independiente y cuenta con la querella de la Comunidad de Palotinos. Por diversos vínculos que a lo largo de los años y a partir de diversas pruebas se fueron entablando con el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada, se encausó en el marco de la megacausa que revisa esos hechos, que cuenta con cuatro debates orales finalizados y que está en vías de concluir un quinto --dedicado a revisar responsabilidades de dos represores que allí cometieron delitos sexuales--.

Esos vínculos comenzaron en 1984, con los testimonios que en el marco de la Conadep ofrecieron les sobrevivientes de la Esma Graciela Daleo y Andrés Castillo, quienes contaron cómo oyeron, en el centro clandestino, al represor Antonio Pernías jactarse de haber matado “a los palotinos”. Los dichos fueron reforzados por el cabo segundo Miguel Angel Balbi, quien “declaró que el represor Claudio “Gordo” Vallejos, ex integrante del Batallón de Infantería N° 3, le había confesado ser el conductor del automóvil del que habrían bajado Pernías, el teniente de Fragata Aristegui y el suboficial Cubalo, antes de perpetrar el quíntuple homicidio”, reconstruyó Varela en un artículo publicado en la revista Haroldo.

Hace algunos años, el juez federal Sergio Torres, entonces a cargo de Juzgado federal número 12 donde se tramita la Megacausa Esma --tras el pase de Torres al Superior Tribunal de Justicia bonaerense, el expediente quedó bajo subrogancia de Casanello-- procesó a Pernías y a otra decena de represores que actuaron en el centro clandestino de la Armada por una serie de crímenes de lesa humanidad dentro de los que se contaba la masacre de San Patricio, pero la Casación dictó la falta de mérito.

La otra punta del ovillo llega hasta el abogado Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa. Tolosa, quien fue secretario del Juzgado de Menores N° 9 durante la última dictadura cívico eclesiástica militar y mantenía un vínculo estrecho con el “Tigre” Acosta mantenía un estrecho vínculo con Jorge “El Tigre” Acosta, fue uno de los civiles involucrados en la patota de la Esma. De hecho, purga una condena a prisión perpetua por su participación probada en los vuelos de la muerte.

Fue el excapitán de corbeta de la Armada Adolfo Scilingo quien primeramente lo vinculó con los vuelos y también con el asesinato de los Palotinos: contó como el “Teniente Vaca”, el alias de Torres de Tolosa, le pidió que “transforme” uno de los autos utilizados en el operativo en San Patricio, que le cambie el color. “El rol desempeñado por Torres de Tolosa dentro del esquema represivo de la ESMA podría resultar una pieza clave para desentrañar el misterio que reina sobre la autoría material del mayor hecho de sangre cometido contra la Iglesia católica en Argentina”, puntualizó Varela en ese sentido.

“Es fundamental que la instrucción avance” en esa línea, sostuvo el integrante fundador del colectivo vinculado a los mártires de San Patricio, algo en lo que espera poder “ayudar” desde su flamante involucramiento en el expediente. “Había una Iglesia alineada con el poder militar de turno, pero también existió otra iglesia completamente distinta, con los pies en el barro, comprometida con el pueblo y con los más humildes que sufrió golpes. Ese compromiso no fue gratuito. Y se merece Justicia”, concluyó.