Desde Santa Fe

El Ministerio de Defensa explicó cuál fue su intervención ante un pedido del jefe del Batallón de Ingenieros 1 de Santo Tomé teniente coronel Ignacio Etienot al juez federal Marcelo Bailaque para que efectivos a su mando puedan “realizar adiestramiento militar” en el campo San Pedro, que operó como centro de exterminio del terrorismo de estado. El director nacional de Derechos Humanos de la cartera, Eduardo Jozami dijo que una funcionaria de su área, la directora de Memoria Histórica y Programas, Mariana Maurer, “sólo se limitó a pedirle al magistrado que certifique que está en vigencia la medida cautelar” que preserva el predio del Ejército desde que se inició la búsqueda de enterramientos clandestinos, como el localizado en 2010 con restos de ocho desaparecidos. “Me parece imprescindible aclarar que el Ministerio de Defensa se limitó a pedirle al Juzgado que certifique que está en vigencia esa medida cautelar”, pero “no existe ninguna contradicción con la posición del Archivo Nacional de la Memoria con el que trabajamos en conjunto a fin de garantizar, precisamente, que se preserven estos espacios y que no se ponga ningún tipo de trabas a la investigación para seguir avanzando en las políticas de memoria, verdad y justicia y en la búsqueda de los cuerpos de los compañeros desaparecidos”, dijo Jozami a Rosario/12.

El 27 de mayo, ante la solicitud del Ejército para utilizar “sectores” del Campo San Pedro en “ejercicios operacionales”, Maurer le preguntó al Juzgado si está vigente la “prohibición de innovar” o “cualquier otra medida que impida tal requerimiento”. El 1 de junio, Etienot insistió ante el juez Bailaque en la “particular importancia” de que el Batallón de Ingenieros 1 de Santo Tomé “pueda disponer de otros sectores no afectados a la causa judicial”. El 14 de junio, el fiscal Martín Suárez Faisal ante lo que consideró una “divergencia” entre “un dependiente del Ministerio de Defensa –como llamó a Etienot- que pretende que se habilite el lugar para maniobras militares” y el Archivo de la Memoria que propone que “se lo preserve de toda actividad militar”, sugirió al juez que oficie al jefe de Gabinete Santiago Cafiero para que aclare el asunto. Y así resolvió Bailaque: el 30 de junio, firmó el decreto y 6 de julio despachó el oficio para que Cafiero exprese “cuál es la pretensión del Poder Ejecutivo Nacional respecto a dicho predio”.

Jozami dijo que “la posición del Ministerio de Defensa” en el caso “es la que hemos tenido desde la asunción del nuevo gobierno en diciembre de 2019 de preservar todos los espacios de memoria. Todos aquellos que han sido señalizados y los que se ha solicitado a la justicia su intervención con medidas cautelares ante la posibilidad de que se puedan encontrar cuerpos de desaparecidos, como el Campo San Pedro”.

“La confusión que tal vez pueda haberse suscitado es porque la Dirección de Memoria Histórica y Programas, frente a cada pedido del Ejército como en este caso para desarrollar maniobras en un predio, le pide a la justicia que certifique la vigencia de la medida cautelar, que es algo que obviamente no podemos informar sin previa consulta al Juzgado”. “La misma nota de la doctora Mariana Maurer, que hizo el pedido al juez, también dice que hemos recurrido al Archivo Nacional de la Memoria e invoca una resolución de la ministra Nilda Garré del año 2006 respecto a la necesidad de preservar estos espacios”, precisó.

“Entonces, me parece imprescindible aclarar que el Ministerio de Defensa se limitó a pedirle al Juzgado que certifique que está vigente la medida cautelar”, pero “no existe ninguna contradicción con la posición del Archivo Nacional de la Memoria con el que trabajamos en conjunto a fin de garantizar, precisamente, que se preserven estos espacios y que no se no se ponga ningún tipo de trabas a la investigación para seguir avanzando en las políticas de memoria, verdad y justicia y en la búsqueda de los cuerpos de los compañeros desaparecidos”.

“La consulta al jefe de Gabinete –que decidió el juez Bailaque- me parece que nace de una mala comprensión de cuál ha sido la respuesta de nuestra Dirección. De cualquier manera, más allá de que la consulta puede ser necesaria, lo que debe quedar claro es que tanto el Archivo Nacional de la Memoria como la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa actuamos en conjunto en la preservación de estos espacios”, planteó Jozami.

Consultado por la nota que Etienot le mandó al juez Bailaque, Jozami dijo que “ese pedido no pasó” por su despacho.  “Yo no lo he visto”. "Lo que quiero aclarar es la confusión que puede presentarse en esta situación anómala de que el juez pida que la Jefatura de Gabinete se pronuncie sobre esta supuesta contradicción que no es tal”.

“El Campo San Pedro está absolutamente presente en la política del Ministerio de Defensa. Es impensable que nosotros estuviéramos promoviendo que se violara una medida cautelar que preserva ese espacio. Hay una continuidad entre la política que se siguió con la ministra Nilda Garré (que dictó la resolución 172) y la que se sigue hoy”, concluyó.