Mientras en la Legislatura avanza el convenio entre el Grupo IRSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para construir un barrio de torres de lujo en Costanera Sur, del otro lado vecinos y vecinas de las zonas aledañas se organizan para rechazar la iniciativa. En el barrio Rodrigo Bueno y en La Boca se acumulan las advertencias sobre el mega emprendimiento de IRSA, que van desde el impacto urbano - ambiental en zona de humedales, hasta el sentimiento de "injusticia" ante la proyección de torres de lujo junto a zonas con severos problemas habitacionales. "No pudieron hacer techos dignos para Rodrigo Bueno y quieren hacer edificios de más de cien metros", señalan a Página/12. Al día de hoy, en la Legislatura ya se presentaron tres proyectos alternativos al de IRSA para hacer parques públicos en esos terrenos.
Torres y ratas
La casa de María Cristina Rafael Huayca se levanta sobre la vera del canal que separa a la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors del barrio Rodrigo Bueno. Huayca es una "no censada", como llaman los vecinos a las familias no registradas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para el proceso de urbanización que inició en 2017. "Vivo inundada, con ratas y llena de basura, es inhumano", cuenta a este diario.
"Es una injusticia", agrega Tanhi Quezada, que se encuentra en la misma situación, y piensa en el emprendimiento millonario que IRSA podría levantar unos metros más allá. "Van a invertir poco, pero van a ganar muchísima plata. En Rodrigo Bueno estamos afectados por todo, pero a ellos no les interesa. No pudieron hacer techos dignos para nosotros y quieren hacer edificios de más de cien metros de alto", señala en relación a las torres proyectadas en hasta 145 metros.
"Como vecina me siento pisoteada en mis derechos al ver esto, supuestamente era techo digno para todos y no fue así", añade Huayca. Además del canal del río, al proyecto de IRSA y al barrio Rodrigo Bueno los separa un antecedente legislativo: el 15 de diciembre de 2016, el holding empresarial de Eduardo Elsztain fracasó en su intento de avanzar en la Legislatura con el barrio de lujo, entonces llamado "Solares de Santa María". En esa misma jornada, los legisladores aprobaron la urbanización de Rodrigo Bueno.
Casi cinco años después, al igual que otras más de 15 familias, las de Huayca y Quezada hoy se ven atrapadas en una situación particular: aún sin estar censadas, el IVC busca sacarlas de sus casas para avanzar con la traza del borde costero. A cambio, ofrecen, por el lapso de un año, viviendas en el barrio histórico de Rodrigo Bueno que son aún más pequeñas que las que tienen en la actualidad, según cuenta Quezada. Mientras firma acuerdos con IRSA, el GCBA olvida que el Artículo 18 de la ley de urbanización del barrio establece que en casos así debe garantizar a las familias una vivienda "única y definitiva dentro del barrio, con características similares o superiores a la que ocupaba".
Torres y emergencia
Aunque IRSA promociona su "Costa Urbana" conectada con Puerto Madero, el predio en cuestión es jurisdicción de La Boca, barrio que desde 2006 está declarado por ley en emergencia ambiental y urbanística en materia de vivienda, servicios, equipamiento y espacios verdes. "Hay un ataque y una expansión inmobiliaria que va contra la idiosincrasia y la tipología de La Boca, y que genera expulsión de los habitantes mediante el encarecimiento de las viviendas: un fenómeno de gentrificación", dice a este diario Silvana Canziani, integrante de la Comisión de Vecinos de la Calle Irala y Adyacencias.
Esa organización vecinal tiene historia en La Boca. Nació en 1999 para frenar un desvío de tránsito que afectaba la zona y en 2002 presentó la primera Iniciativa Popular que alcanzó las 4 mil firmas que obligan al GCBA a publicitarla. Se trataba de un proyecto para crear lo que desde 2006, gracias a ese impulso vecinal, es el Parque de Flora Nativa Quinquela Martín. Canziani recuerda que allí, como en Costanera Sur, "querían hacer cuatro manzanas de edificios y dejar solo una plaza". La Boca Resiste y Propone, otra de las organizaciones vecinales, también se manifestó en contra del proyecto de IRSA: "Aumenta la presión sobre el precio de nuestro suelo, sobre nuestra identidad colectiva, sobre nuestras posibilidades de desarrollo", señalaron en un comunicado.
La postura de las agrupaciones se refleja en la posición adoptada por la Comisión de Patrimonio Urbano del Consejo Consultivo de la Comuna 4, que este miércoles elevará al Consejo el rechazo al proyecto. María Rosa Gamondés, historiadora urbana que integra la Comisión, remarca a este diario que el proyecto estará "asentado en zona de humedales" y que "se está yendo en el sentido contrario de lo que están haciendo las ciudades serias: recuperar los bordes costeros". "Tampoco pueden argumentar estar solucionando los problemas habitacionales que hay en la comuna. Es claro que es un emprendimiento de lujo, no habilitaría viviendas para gente de bajos recursos", añade.
Al día de hoy continúa vigente la medida precautelar del juez Guillermo Scheibler que ordenó detener el tratamiento legislativo del proyecto hasta tanto se presentara su estudio de impacto ambiental. A pesar de esto, Vamos Juntos buscará tratarlo en la sesión de este jueves 5 de agosto, aunque no se descarta una postergación. Mientras tanto, a la Legislatura ya ingresaron tres proyectos alternativos.
El primero, impulsado por organizaciones barriales en defensa de los espacios verdes, plantea la expropiación del predio para crear un parque costero y un polo educativo, cultural y deportivo. El segundo, del Frente de Izquierda, estipula "la construcción de viviendas populares, parques y centros deportivos y culturales públicos".
En tanto, las organizaciones que presentaron el amparo que derivó en el fallo del juez Scheibler también tienen su proyecto. La iniciativa, denominada "Nuestro Río", también contempla la expropiación del predio para crear una "Reserva Ecológica II" de libre acceso y circulación. "Recuperar el borde costero para mitigar ascensos del nivel del río, preservar los humedales y generar biocorredores", son algunos de los objetivos del proyecto que enumera la ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria.
"La Ciudad debe abandonar el paradigma de la privatización sistemática para la extracción de rentabilidades extraordinarias y fáciles. Debemos comprender que estamos frente a la crisis climática más profunda de la humanidad", señaló por su parte Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, organización que lanzó una convocatoria para sumar adhesiones al proyecto.
