“Hay un sector del Poder Judicial que se nutre más de prejuicios ideológicos que del derecho y esto tiene una cultura propia que es la corporación de la familia judicial, muy conservadora y alejada del pueblo, con enormes diferencias salariales con relación al resto de la población y exentos de pagar impuestos. Además, por la estabilidad que marca la Constitución hay una cierta impunidad para determinados magistrados”, define Cristina Montserrat Hendrickse, la primera abogada trans en concursar como candidata a jueza de Familia en la provincia de Neuquén, para explicitar la urgencia de una reforma judicial con perspectiva feminista y transfeminista. No fue electa como jueza en aquella oportunidad, sin embargo, no descarta volver a presentarse en otros espacios. Hoy, como precandidata a concejala del Partido Comunista en el Frente de Todos de Vicente López resalta: “La zona roja, la televisión y el teatro no son los únicos lugares para las personas trans, podemos estar en cualquier función. Podemos hacer cualquier carrera como el resto de las personas.”

Montserrat participó de los diversos debates y conversatorios federales organizados desde el movimiento transfeminista con el objetivo de impulsar una reforma judicial que elimine las prácticas patriarcales y machistas enquistadas en el Poder judicial. Activistas, militantes y profesionales de diversas disciplinas se reúnen para pensar cómo lograr una justicia transfeminista cuando hay jueces que aún se resisten a la formación con perspectiva de género o habiéndose capacitado no la aplican, cuando no se respeta la paridad de género y los varones cis son los únicos que pueden ocupar cargos jerárquicos.

--¿Cuáles crees que deberían ser las bases para una reforma judicial transfeminista, por dónde se debería empezar?

Hay distintos y diversos aportes, todos muy positivos. Hay que empezar a señalar cambios profundos cuando tenemos fallos, por ejemplo, como los del Tribunal Oral y Penal Correccional N°8 de Capital Federal, donde el juez Anzoategui dice que concibe la perspectiva de género como una construcción ideológica y que no lo van a convencer. En estos casos nos estamos alejando del marco de los tratados internacionales de Derechos Humanos: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará que busca prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. O el defensor oficial de Zapala, en Neuquén diciendo que como no había signos de resistencia de parte de una víctima de violación, había consentimiento. O el fiscal Santiago Terán, de Cutral Co, que sostenía que las mujeres tenían que usar armas para defenderse, desplazando la responsabilidad del Estado. Ni hablar de lo que fue la sentencia del Tribunal Oral de Mar del Plata cuestionando la vida de la víctima en el caso de Lucía Pérez. La misma justicia lo señaló cuando anuló el fallo y ordenó el reenvío para que se haga un juicio de verdad y no con jueces que tenían un estereotipo de la mujer donde hay buenas víctimas y otras que se merecen cualquier cosa.

--¿A esa requisitoria la podrías evaluar como un avance de la Justicia frente a las interpelaciones públicas de los feminismos y transfeminismos?

Hay un cambio en la Justicia para incorporar la perspectiva de género, pero falta. Tenemos una Justicia que es para la clase media, porque las clases altas ni siquiera acuden a la justicia: van a árbitros y resuelven sus problemas por fuera. Si vos vas al barrio 21-24 en Capital Federal, nadie te va a hacer un contrato de alquiler ni te va a pedir garantes, ahí directamente no llega la Justicia. Hay un sector muy grande de la población, que es la población más empobrecida, cuyo contacto con la Justicia es sólo a través del fuero penal. Y ahí no ocupan precisamente los sillones de los jueces, sino  las celdas, las cárceles.

--A propósito de esto último que señalás ¿Cómo lograr una reforma tenga una perspectiva popular, que democratice el acceso a la justicia y tenga en cuenta sus realidades?

Efectivamente, el feminismo es una reacción contra el patriarcado y el patriarcado es una herramienta de poder que se sirve de la asimetría. El patriarcado siempre está del lado del poder antipopular y el poder antipopular siempre está del lado del patriarcado. Para que haya una reforma feminista, es necesario que haya más pueblo en la justicia. Por ejemplo, los jueces de paz, que no son jueces letrados, que no son abogados sino son elegidos por los consejos deliberantes de sus localidades y tienen la facultad de tomar las primeras medidas cautelares en casos de denuncia por violencia de género no se equivocan ni mucho más ni mucho menos que los jueces de familia. Nunca he escuchado que les hayan revocado medidas, son acertadas porque tienen la inmediatez, conocen a la víctima, al victimario, están cerca del pueblo. A veces, estar cerca del público puede ser tanto o más importante que tener un posgrado en Harvard. Quizás lo que le esté faltando a la reforma feminista es menos jueces de un millón de pesos mensuales de sueldo y más jueces de cien mil pesos, distribuidos cerca de la gente y que tengan que ver con el lugar. Una jueza que atiende en la 1-11-14, llega al trabajo desde su country en remís y el mismo remisero la espera a la tarde para volver, no tiene empatía con la realidad que vive una mujer de Ciudad Oculta o de la 21.24. Son mundos muy diferentes y se sirven de otros parámetros, qué se entiende por amenaza o qué no lo es. Son culturas muy distintas, muchos países distintos en un mismo país.

--¿De qué manera se podría se podría acercar la Justicia a los sectores más vulnerados?

Me parece que la gente, y las mujeres, sobre todo, necesitamos jueces de nuestro lugar, que entiendan la problemática de nuestro lugar, que estén cerca, que una mujer que vive en Lugano no tenga que viajar hasta Tribunales para hacer una denuncia en la Oficina de Violencia Domestica de la Corte Suprema y además tenga que esperar 12 o 14 horas para que la atiendan. La atención es excelente, pero está colapsada porque es el único lugar que hay en la Capital y los que viven en la periferia para llegar ahí tienen que cruzar toda la ciudad, dejar a sus hijos al cuidado de alguien, pedir permiso en el trabajo con miedo a perderlo. Es muy complicado y esto se podría facilitar haciendo una Justicia más cercana a la gente, una Justicia humana, donde la gente no sea un número de expediente, sino que se la escuche, se la entienda y que todas las partes puedan hablar y sean procesos más breves, sencillos, orales, de manera que se decida de una forma mucho más práctica.

--¿No podría jugar en contra que haya tanta cercanía con las partes cuando hay violencia por razones de género?

Es que esa necesidad de justicia que no está satisfecha por el Estado y que es una obligación del Estado, la terminan replicando en canales como Crónica donde te mandan un notero que toma la denuncia, después van al denunciado mientras en el piso están todos opinando y el conductor hace de juez y dice es mala o es buena. A veces llegan a un límite donde el respeto hacia la persona denunciante y la denunciada está en una zona confusa y cumple ese rol de resolver conflictos entre las personas. De lo que se trata la Justicia es de sustituir la venganza por un procedimiento donde no haya venganza y haya un parecer imparcial que componga el conflicto. Esto no está ocurriendo. Una reforma feminista tiene que llegar a todas las personas vulnerables, a las mujeres, y sobre todo a las mujeres pobres, a las migrantes, a las que no terminaron los niveles educativos básicos y toda la transversalidad donde haya vulnerabilidad y esto es con una justicia humana no con una justicia de nobles, de gente de doble apellido, que vive en countries, que cobran como en Europa para desentenderse de un país de Latinoamérica.

La lucha por su identidad

Hace pocos meses Montserrat logró que el Liceo Militar General San Martín, donde cursó sus estudios secundarios, rectifique el nombre que figuraba en los registros de su paso por esa institución. En marzo de 1977 mientras el gobierno militar cometía los crímenes más atroces en el país, la familia de Cristina la convenció para que entrara en el Liceo Militar, de donde egresó en el ‘81 como subteniente de Reserva en el arma de Infantería del Ejército. También la habían convencido de que debía reprimir su verdadera identidad “porque era una enfermedad”. Hoy en los registros de egresadxs figura su nombre, el que coincide con su identidad de género.

“La cultura del liceo en la época en que yo estuve era muy patriarcal, había un odio a las diversidades de género e ideológicas y entendí que podría contribuir reclamando que el Ejército rectifique mis datos. El Poder Ejecutivo rectificó el decreto que había firmado Galtieri en su momento 10 días antes de la guerra, nombrándonos subtenientes de reserva a todos mis compañeros y a mí. Hay compañeros de promociones cercanas que esto les cayó mal. Lo lamento mucho por ellos”, concluye y subraya con una carcajada.

Una vez fuera del conservadurismo militar, Cristina ingresó a la Universidad de Buenos Aires y se convirtió en abogada con orientación en derecho del trabajo y de la seguridad social. Con su profesión comenzaría a la par una etapa de defensa de los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y las comunidades indígenas, también se dedicó al derecho de familia. En 2001, año de la revuelta social, se mudó al sur del país, se instaló en la zona de la Comarca Andina y comenzó a militar diversas luchas. Participó en los inicios del movimiento No a la mina de Esquel y de la redacción de la primera ordenanza que prohibía la megaminería metalífera a cielo abierto.

En 2008 acompañó a la comunidad mapuche (Lof) Mellao Morales que resistió a la instalación de un proyecto minero en territorio ancestral y junto al pueblo Loncopué de Neuquén fue parte de la fundación de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (Aval), espacio a través del cual emprendieron una lucha social pacífica que finalmente lograron ganar. También acompañó el reclamo de otras comunidades ante el avance de empresas privadas en sus territorios.

“En 2007 falleció mi mamá y a partir de ese momento mi identidad, que la había ahogado al principio de la adolescencia empezó a resurgir.” Una identidad que negó “para no perder el afecto, el cariño de mis padres” y recuerda: “Era una familia muy afectuosa, se preocupaban por mí. En esa época estábamos prohibidas, íbamos a la cárcel por lo que éramos. Mi madre, era un poco mi freno, mi papá había muerto unos años antes. Lo reprimí porque me convencieron de que era una enfermedad contra la que tenía que luchar y de la cual me había curado.”

En 2016 a sus 52 años, Cristina comenzó la transición y ya no hubo marcha atrás. “Me ayudó mucho la Ley de Identidad de Género, porque no solo despatologiza sino que es un derecho humano. Empecé a abordarlo desde lo jurídico y vi todas las expresiones de organismos internaciones reconociendo mi identidad como un derecho humano”. Cristina hoy vive con su esposa Lili: “Construimos una familia diversa”, cuenta, son madres de cuatro hijas.

Terminar con la Justicia de privilegios

--En los debates por la reforma prevalece una mirada antipunitivista ¿compartís esa perspectiva? ¿Crees que el castigo y el endurecimiento de penas resuelven la problemática de la violencia machista?

Todavía las ciencias jurídicas no están tan avanzadas como para saber qué hacer con un injusto por un delito. Lo que se puede llamar delito o no, lo decide el Estado. Si yo entro a una cadena multinacional de supermercados y me llevo un chocolate sin pagar, cometí un delito: hurto. Si una empleadora no le paga a su trabajadora de casa particular no es delito, es una deuda laboral y tendrá que reclamar. En los dos casos hay alguien que se está apropiando del patrimonio del otro. Uno está castigado y el otro no, ahí el Estado nos está marcando una direccionalidad o un sentido político de lo que está castigando. La ciencia jurídica todavía no ha probado para qué nos sirve enjaular seres humanos, para qué sirve la cárcel, esa teoría de la resocialización, que sería fantástica, sabemos que no ocurre.

--La amenaza de cárcel nunca sirvió para desalentar los delitos.

Tuvimos mucha esperanza en el 2012 cuando se modificó el Código Penal y se incluyó la figura de femicidio aumentando la pena a perpetua, pero vemos que no han bajado hasta ahora los femicidios y que casi el 25 por ciento de los femicidas se suicidan o intentan hacerlo. A quien se suicida o quien intenta hacerlo poco le importa la prisión perpetua. El derecho no alcanza a resolver el problema de los femicidios. Además, cuando llegamos al femicidio ya se agotó todo o mejor dicho no se hizo nada. Me parece que debería haber herramientas previas desde la primera denuncia, deconstruir al varón y abordarlo desde otra ciencia no sólo desde el derecho, parece que acá solo cometen delitos los pobres ¿por qué las cárceles están llenas de pobres? ¿Los ricos no cometen delitos? ¿Los ricos no abusan? ¿No violan a sus hijos? ¿No roban? Evidentemente la cárcel no sirvió para resolver los conflictos sociales.

--¿Qué medidas se podría implementar mientras transitamos el camino hacia la reforma?

En el caso de los femicidios evidentemente se ha fracasado con el agravamiento de las penas. En una cárcel de varones el femicida es un héroe. Barreda, el múltiple femicida, era el héroe de la cárcel, no sirve. Quizá debería haber otro tipo de sistemas de tratamiento para las personas condenadas por ese delito. Que estén en cárceles donde los guardianes sean guardias mujeres y donde tengan que romper sus estereotipos patriarcales, porque si no, mientras tanto, los estamos reforzando. Ninguno le va a faltar el respeto a un femicida porque está reconocido en la cárcel, hay distintos tratos y el femicida está bien parado. No hay tampoco modificaciones en ese sentido. No creo que el derecho por sí solo pueda resolver un tema cultural que tiene más de 2000 años. Necesitamos de las demás ciencias y de la comunicación. Hay que seguir trabajando, desde la escuela, desde la ESI, desde la cultura, la comunicación, el cine, la televisión, la radio para modificar un sistema cultural patriarcal.

--¿Qué opinas sobre la ley de DNI no binario, teniendo en cuenta la disconformidad que hubo con respecto a la elección de la X utilizada para englobar a todas las identidades?

Creo que a veces hay que ir por escalones. Para llegar a la ley de cupo laboral trans primero hubo que ir por el decreto y todavía falta una ley integral trans y de reparación para quienes fueron víctimas de la dictadura y para personas vulnerables, que son sobrevivientes a la persecución policial de todos estos años, todas las que pasaron los 40 la sufrieron. Está fantástico tener todo ya pero también del otro lado hay reacciones, en el juego de la política a veces hay que conceder para poder ir avanzando en el reconocimiento de los derechos. No fue fácil la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, son todas luchas que se van dando de a poco. Sería bueno que la ley de aborto no tuviera un límite temporal, pero hubo que negociar y consensuar con otros sectores, la política es una construcción en base a consensos con la diversidad. Son comprensibles las críticas sobre la ley de DNI no binario, pero es un paso más, no es que todo termina acá, estamos caminando.

--¿Festejaste la Ley de Cupo Laboral Trans?

El promedio de la población tiene un 20 por ciento de desocupación y el colectivo trans un 85. Yo aplaudo la decisión del gobierno de Alberto Fernández que tiene una clara vocación de reconocimiento de derechos con la diversidad. En el 2015 se aprobó en la Provincia de Buenos Aires la Ley de Cupo Laboral trans Diana Sacayán. La gobernadora del Pro María Eugenia Vidal que es elegida en ese mismo mes, no la reglamentó hasta diez días antes de irse en el 2019, pasándole la pelota al gobernador que venía. Si hubiera reglamentado oportunamente esa ley que era su deber como gobernadora tal como lo manda la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, hoy Tehuel no estaría desaparecido, porque podía buscar trabajo. Si esa ley hubiera estado funcionando cuatro años antes, Tehuel tendría un empleo. Lo mismo la Ley de Cupo Laboral trans en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el artículo 15 inciso 6 establece un cupo laboral trans del 5 por ciento desde el año 2012. Macri no lo reglamentó en ninguno de sus mandatos como jefe de Gobierno de CABA y Larreta tampoco. Esto tiene mucho que ver con lo político, nuestro colectivo también tiene divisiones políticas y aunque parezca sorprendente, algunas están del lado de los antiderechos.