La Jefatura de Gabinete, que estaba a cargo de Marcos Peña, también fue parte del procedimiento por el cual el gobierno de Mauricio Macri terminó enviando municiones para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales. La entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich le informó de la partida de los gendarmes y tramitó viáticos con la Secretaría de Asuntos Estratégicos que dependía de Peña, quien hasta el momento no está involucrado en la causa que se desarrolla en el fuero penal económico y que tiene al propio Macri entre los imputados.
Bullrich autorizó el 15 de noviembre de 2019 la partida del primer contingente de gendarmes del grupo “Alacrán” a Bolivia, tal como informó Página/12. Si bien la autorización se firmó ese día, los gendarmes partieron tres días antes a bordo de un Hércules C-130 que aterrizó en el aeropuerto de El Alto en la madrugada del 13 de noviembre de 2019. Pese al desacople entre la salida efectiva de los gendarmes y la firma de la resolución, hay un dato fundamental en ese documento: es la prueba de que también tuvo participación en todo el procedimiento la Jefatura de Gabinete, que Marcos Peña manejaba con mano de hierro.
Según la resolución, revelada por el programa Conflicto de Intereses de C5N, Bullrich le notificó la partida de los gendarmes a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, que estaba en manos de Fulvio Pompeo. Lo hizo invocando la resolución administrativa 1067 de septiembre de 2016, que establecía el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes para el personal de la Administración Pública Nacional. En su artículo sexto, la resolución establecía que las salidas de agentes estatales debía ser comunicada con anterioridad a la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Este documento es parte de la documentación ofrecida a la justicia por el gobierno.
Sería curioso que Pompeo no haya reparado en la salida de los gendarmes. Pompeo es uno de los expertos del macrismo en la cuestión internacional y, de hecho, es actualmente el secretario de Relaciones Internacionales del PRO. En 2018, Macri lo hizo calzarse el traje de asesor nacional en materia de seguridad y lo puso al frente de una mesa en la que se sentaban Bullrich, el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad, el entonces canciller Jorge Faurie y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas.
Además, el propio Pompeo había seguido bien de cerca el tema Bolivia, incluso lo exteriorizó más en las redes sociales que Faurie. El 26 de marzo de 2019, Pompeo recibió en la Casa Rosada a Oscar Ortiz Antelo, un empresario boliviano devenido senador por el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Una vez derrocado Morales, Ortiz Antelo fue el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural de la dictadura de Jeanine Añez. También llegó a ocupar por poco más de dos meses el ministerio de economía del régimen de facto.
Pompeo fue también de la partida cuando Evo visitó el país en abril de 2019 y lo invitaron a recorrer Campo de Mayo. En esa ocasión, estuvieron también Faurie y Aguad. El 20 de mayo de ese año, Pompeo se sentó a la mesa con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, Peña y Macri para tratar dos cuestiones: Venezuela y Bolivia. Almagro jugaría un rol clave en el proceso de desestabilización que precedió al golpe contra Morales en noviembre de 2019, cuando Argentina mandó los gendarmes y las municiones que quedaron en manos de la Policía y la Fuerza Aérea de Bolivia.
Pompeo fue denunciado por el excamarista Eduardo Freiler por el envío de municiones a Bolivia, pero, por el momento, no fue implicado en el caso por el gobierno nacional. Este lunes, como informó Página/12, el juez Javier López Biscayart, que instruye la denuncia del gobierno, se declaró incompetente y envió el expediente a su colega Alejandro Catania, que es quien recibió la primera denuncia: la de Freiler. Catania está de licencia y se reincorporará la semana próxima a los tribunales. Allí deberá decidir si acepta la causa o si la rechaza. En tal caso, la definición quedaría en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico.
En el gobierno no descartan futuras ampliaciones de la denuncia, sobre todo si aparecen más informaciones desde Bolivia, como todo parecería indicar que será. Hasta el momento los imputados son Macri, Bullrich, Aguad, el exembajador en La Paz Normando Álvarez García y el exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero, un funcionario de extrema confianza de Bullrich. Hay otros tres integrantes de esa fuerza de seguridad que fueron imputados por el fiscal Claudio Navas Rial: el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski, el exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde y el exagregado en Bolivia Adolfo Caliba, quien fue señalado como la persona que recibió el cargamento el 13 de noviembre de 2019. Según la documentación hallada en el Estado Plurinacional, ese mismo día se repartieron las 70.000 balas antitumulto que salieron como “complemento” del armamento de los alacranes.
