Fabián Rodríguez Simón, recluido en Uruguay para evitar que lo juzguen en los tribunales de Comodoro Py que tanto conoce, fue mucho más que un operador judicial para Mauricio Macri. Fue casi su "otro yo", al menos en algunas cuestiones de alta relevancia. Así lo muestra el "poder general judicial y para gestiones administrativas" --hasta ahora desconocido y al que accedió Página/12-- que firmó el expresidente para que Pepín le manejara una gran cantidad de asuntos personales en los que podía tener problemas con la ley. Ese documento tiene fecha del 12 de abril de 2016, apenas unos días después de las primeras filtraciones de los Panamá Papers, que dejaron a la vista la vinculación de la familia Macri con dos sociedades off shore, Fleg Trading LTD, con sede en Bahamas, y Kagemusha S.A, con sede en Panamá. A partir de ahí, Rodríguez Simón comenzó a hacer gala de su potestad delegada para trazar una estrategia que lograra blindar al exmandatario: impulsó una causa civil contra su padre, Franco Macri, donde conseguiría que un juez afirme en 2017 que el entonces presidente desconocía que figuraba en las sociedades radicadas en paraísos fiscales y que lo habían puesto sin su consentimiento. Ahora ese expediente está en revisión por una denuncia que hizo el año pasado la Inspección General de Justicia (IGJ) por "cosa juzgada írrita", lo que implica que se habría llegado a una sentencia en forma fraudulenta. 

El poder de Pepín

El poder que Macri le dio a Pepín dice que el propósito es que pueda "en su nombre y representación, actuando ya sea en forma individual, conjunta, alternada o indistintamente", por ejemplo, "intervenir en juicios". ¿Cómo? "Iniciar demandas y contestarlas; intervenir en todas las instancias del pleito y en los incidentes; prorrogar y declinar de jurisdicción; recusar jueces y funcionarios públicos; realizar actos procesales, tales como presentar y agregar escritos; asistir a audiencias, interrogatorios y a juicios verbales; oponer excepciones, pedir y diligenciar cédulas, oficios, exhortos, cartas documento y cualquier otro tipo de notificaciones; requerir y ofrecer providencias cautelares, sus cancelaciones y levantamientos; prestar juramentos, cauciones y garantías, intervenir o renunciar a recursos legales en cualquier instancia; producir o rechazar pruebas; anexar documentos públicos y privados; presentar y tachar testigos; nombrar peritos; instar juicios ejecutivos, ejecución de sentencia, y la perención de instancia, promover el concurso a quiebra de los deudores." 

También es un poder para cuestiones administrativas: para actuar ante la AFIP, la DGI, la Comisión de Valores, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, los centros de gestión y participación, ARBA, el registro de la propiedad, entre muchos otros. 

La vida y fortuna de Macri quedaban, así, en manos de Rodríguez Simón, el todavía parlamentario del Mercosur que enfrenta un proceso de expulsión del cuerpo. "No estoy de acuerdo, pero lo entiendo", dijo el expresidente sobre el operador, cuando Pepín anunció que pedía asilo en Uruguay con el argumento de que es un perseguido político, a raíz de que la jueza María Servini lo había llamado a indagatoria por amenazas y extorsión a los dueños del Grupo Indalo. En aquellos hechos, Pepín invocaba el nombre de Macri, según los testigos. Hay que decir que el poder judicial y de administración incluía a otro abogado, con quien Rodríguez Simón compartía estudio, Felipe Rodolfo Llerena. Muchísima información en manos de ambos, además de posibilidades de hacer acrobacias judiciales, como parece haber ocurrido con las derivaciones de los Panamá Papers, según se desprende de la denuncia por "cosa juzgada írrita". 

Macri y Rodríguez Simón, unidos por los Panamá Papers

La primera presentación judicial que hizo Pepín por Macri fue lo que en derecho se conoce como "diligencias preliminares", que estaban destinadas a que las dos sociedades off shore vinculadas con él en los Panamá Papers enviaran informes sobre su composición y que su padre, Franco, aportara prueba documental. Luego inició una "acción declarativa" que buscaba que quedara establecido en una sentencia que su padre lo había puesto en Fleg Trading y Kagemusha sin su consentimiento y que él no se había enterado jamás. 

El juez Andrés Fraga hizo todo a favor del entonces presidente. Su sentencia, dictada el 20 de septiembre de 2017 fue enviada, aún antes de ser notificada, al juzgado penal donde tramitaba una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa. Era un juzgado que subrogaba Elizabeth Paisan, quien estaba en pleno concurso para ser jueza. El 27 de octubre, apenas cinco semanas después, sobreseyó a Macri y también a su amigo Nicolás Caputo, empresario y excónsul en Singapur. Además de estar en duda el patrimonio de Macri, se habían detectado una serie de préstamos sin justificación patrimonial. Una de las denunciantes había sido la actual diputada Gabriela Cerruti. En el concurso para ser jueza, Paisan ocupaba el lugar 19º en el orden de mérito de un total de 24 aspirantes para ocho cargos. El 8 de noviembre de aquel año fue nombrada titular del Juzgado Criminal y Correccional 12. 

El "lavado" de la justicia

La sentencia del juez Fraga parecía un traje a medida: declaraba que "Mauricio Macri no fue socio, ni accionista de la sociedad Fleg Trading Ltd; no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancia; aceptó el cargo de director de Fleg Trading Ltd para el que fue designado por Francisco Macri, al solo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar". En el caso de Kagemusha S.A. decía que "no aceptó el cargo de director para el que fue designado por Francisco Macri, ni realizó ningún acto que permitiera suponer que aceptó tácitamente tal designación; no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Kagemusha S.A., ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad; y, que no percibió honorarios como director ni ninguna otra retribución". 

Para Macri y su apoderado Pepín, además, el objetivo era contrarrestar la causa por los Panamá Papers que tramitaba en Comodoro Py, con una denuncia del entonces diputado Darío Martínez, que señalaba sospechas de lavado y evasión, dos operaciones clásicas que las off shore suelen ocultar, además de camuflar a los verdaderos dueños. La Cámara Federal dijo que lavado no había y mandó las actuaciones al fuero penal económico, donde queda una línea de investigación casi residual sobre Gianfranco Macri, por la omisión de declarar una cuenta en Suiza desde donde se habían movido más de 5 millones de dólares. 

"Cosa juzgada írrita"

La IGJ denunció "cosa juzgada írrita" en función de dos cuestiones claves: constancias de la participación de Mauricio Macri en las sociedades en cuestión y evidencias que darían cuenta de que la causa civil estaba pactada entre los Macri. Franco Macri, además, tenía 86 años y no estaba bien de salud. Ni siquiera apeló la sentencia que supuestamente era en su contra. Tuvo como abogado a Julio César Rivera, que también había asesorado a Mauricio --por ejemplo en su divorcio de Isabel Menditeguy--, intervenía en el caso del Correo Argentino y a quien, como presidente, nombró conjuez de la Corte, otra de las tareas de diseño judicial en las que tenía un papel central Rodríguez Simón. Luego apareció el abogado Jorge Anzorreguy, quien también actuaba en la causa penal en Comodoro Py. Anzorreguy había sido apartado de la causa sobre la identidad de los hermanos Noble Herrera por asesorar simultáneamente a partes con intereses distintos en un mismo juicio. 

Cuando la IGJ, que dirige Ricardo Nissen, hizo la primera denuncia por "cosa juzgada fraudulenta" señaló el papel clave de Rodríguez Simón, entre otras cosas. Algunas de las irregularidades señaladas eran: que el fueron civil no era competente, que Fleg Trading y Kagemusha permanecieron ajenas al proceso; Macri eligió como “un único demandado" a su padre "para que, ‘convenientemente’, adopte una actitud procesal absolutamente condescendiente” con su hijo-demandante; consiguió una sentencia "express" en lo que debió haber sido un juicio ordinario y estuvo basada en pruebas unilaterales, de las mismas personas que diseñan y venden el servicio de armado de las off shore en paraísos fiscales. Además, el organismo señaló documentos muy precisos donde aparecían Franco, Mauricio y Mariano Macri como directores de Fleg Trading Ltd en 1998 y la constancia de la designación de Franco, Mauricio y Gianfranco como presidente, vice y secretario respectivamente de Kagemusha. 

El papel del juez Fraga

El objetivo del juicio por cosa juzgada írrita es derribar la sentencia del juez Fraga. Al comienzo, la causa le tocó al propio Fraga, que terminó apartándose. Después le tocó a Eduardo Alejandro Maggiora, que había sido socio de Jaime Cibils Robirosa, el director del Correo Argentino que tramita el concurso de acreedores y está imputado penalmente. Fue recusado y apartado. Ahora todo está a cargo del juez Federico Javier Causse, que tiene el expediente de la sucesión de Franco. 

Una camarista civil, Marcela Pérez Pardo, presentó un escrito ante el Consejo de la Magistratura para que evaluara si no existían irregularidades en la decisión de Fraga, porque le había llamado la atención. Se lo rechazaron en tiempos en que el organismo era manejado por el macrismo. A la jueza después le intentaron promover juicio político, igual que a sus compañeros de sala, con la excusa de que habían respaldado al Instituto Patria en un reclamo de datos de la IGJ de entonces. Pero además le apuntaban porque pertenecía a Justicia Legítima y era la ex esposa del excamarista Eduardo Freiler, destituido en controvertidas circunstancias impulsadas también por el macrismo. 

Aquellos eran parte de los manejos de la "mesa judicial M", donde como se empieza a conocer, Pepín Rodríguez Simón tenía un lugar clave, con escritorio incluso en la Casa Rosada, cargo en YPF y en el Parlasur, pero una misión muy distinta, que fue cuidar los negocios de Macri y colaborar con sus estrategias, especialmente judiciales, pero también en cuestiones como la renegociación ante el FMI. El operador estrella guarda, como es evidente mucha información, recluido en Uruguay, a donde huyó para no dar explicaciones ante la Justicia argentina y ahora espera el resultado de su pedido de asilo.