Luego de que la Junta Electoral de Juntos por el Cambio no aceptara inscribir dos listas de candidatos para las próximas elecciones PASO nacionales y éstas recurrieran a la Justicia Federal, finalmente el juez Julio Bavio resolvió oficializar ambas.

De esta manera las listas a diputados nacionales que encabezan el actual diputado Héctor Chibán (UCR) y el funcionario saencista Nicolás Avellaneda (PRO) están habilitadas judicialmente para competir, aunque solamente está firme la del radical, ya que la Junta Electoral del Frente de Juntos por el Cambio + apeló lo resuelto por el Juzgado Federal N° 1 de Salta, con respecto a la candidatura de Avellaneda.

Inicialmente, Bavio dio el visto bueno a la lista #AdelanteSalta, que propone a Chibán y a Silvia Ruiz como principales precandidatos a legisladores de la Cámara Baja de la Nación. "Hoy la democracia en Salta está de fiesta", celebró el radical en sus redes sociales. 

Por el contrario, Avellaneda, actual secretario de Industria, Comercio y Empleo de la provincia, deberá seguir esperando una resolución definitiva por el rechazo que hizo la Junta Electoral partidaria, según lo confirmó Julio Moreno, uno de sus integrantes. Se deben aguardar 72 horas desde que se dio curso a la apelación, que sucedió ayer, para que la Cámara Nacional Electoral resuelva aceptar o no su candidatura. 

En diálogo con Salta/12, el funcionario manifestó que lo dispuesto por el juez Bavio era lo esperado porque se reconoció el principio básico de las PASO (Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias), en las que se respeta la participación democrática de cualquier persona, sea afiliada o no, que quiera participar en un proceso eleccionario. "Habíamos presentado toda la documentación correspondiente porque entendíamos que la Justicia iba a fallar a favor", aseguró.

Bavio ordenó que se declare la nulidad de la resolución Nº 11/21 de la Junta Electoral de Juntos por el Cambio +, en la que se dejaba asentado que la lista Unidad Republicana no cumplió con los plazos legales referidos a la presentación de avales; que los y las candidatas no habían tenido la aprobación de todo el conjunto del PRO, y que tanto Avellaneda y Ruiz tienen deudas de aportes partidarios. 

Pero en la resolución judicial se ordenó a la Junta Electoral "abstenerse de exigir la autorización del partido al cual pertenecen los integrantes de la lista para participar en las elecciones primarias del corriente año, y la cancelación de las deudas que pudieren tener". 

Aún así, el interventor del PRO en Salta, Gustavo André, reiteró los argumentos esgrimidos en la resolución 11/21 y manifestó a Salta/12 que sólo existen tres listas oficializadas por el Frente. La primera que responde a alianza del PRO y la UCR; la segunda, al olmedismo con el partido Ahora Patria, y la última incluida, del diputado Chibán.  

"No hay ninguna otra lista oficializada", insistió y señaló que la postulación de Avellaneda "incumplió todos los plazos" del proceso de constitución de una candidatura, ya que desde que se conformó el Frente, "no hubo ninguna presentación formal" de esa lista. "Lo único que tenemos es una acción mediática", expresó.

Aseguró que "no existe ningún respaldo para esta supuesta lista que ahora plantea su incorporación de una forma extemporánea". Por eso apelaron la decisión judicial.  

Aún así, Avellaneda dijo que "el fallo del juez fue contundente". De igual manera, afirmó que también era previsible que la Junta Electoral no lo reconozca porque quedó de manifiesto "la postura antidemocrática de la Junta" en la que "son dos o tres personas las que tienen la lapicera y la maniobra para proscribir a los que legalmente se quieren presentar". 

"Buscan poner a dedo los candidatos que ellos quieren", denunció el funcionario de Sáenz. Y aseguró que esperan que la Cámara Nacional acompañe el fallo de Bavio pues está dentro de la normativa vigente. 

La negativa del PRO a la lista de Avellaneda se vincula directamente con su rol como funcionario. Al menos así lo hizo saber André, quien sostuvo que el gobierno provincial "está intentando plantar una lista dentro de un espacio que no es propio". Aseguró que la maniobra de Sáenz sólo es para responder a una promesa que le hizo al presidente Alberto Fernández de garantizar la ocupación de los tres cargos legislativos que se disputan. 

"Lo vemos como algo invasivo al libre juego de todo partido político", denunció el interventor. En un comunicado pos cierre de listas, se denunció que el gobierno provincial intentó "inmiscuirse, a último minuto del sábado 24 de julio, en nuestro espacio político opositor, a través de una pretendida lista de candidatos formada por funcionarios provinciales". 

La intervención del PRO en Salta fue a fines de 2020 debido a las divisiones internas que había entre quienes son funcionarios o muy cercanos al gobierno provincial, como Martín de los Ríos, Andrés Suriani o Alberto Castillo, y quien era su presidenta, la diputada provincial por Metán Gladys “Pichona” Moisés. Fue Patricia Bullrich, titular nacional del PRO, quien decidió designar como interventor por 180 días a André, presidente de la Fundación Pensar en Salta. 

Juez y parte 

Tanto Chibán como Avellaneda denunciaron que Carlos Zapata (Ahora Patria), actual precandidato a diputado por la lista Juntos Somos +, también es parte de la Junta Electoral, lo que consideran que genera un conflicto de intereses.

Chibán recordó que Bavio instó a la Junta a reveer esta situación e invitó al también legislador a retirarse de inmediato de la Junta Electoral "por respeto a elementales normas éticas y legales vigentes". 

En tanto, Avellaneda aseguró que lo denunciado se pudo constatar en las actas elaboradas en las que "hay una cantidad de personas que son juez y parte", en referencia a la concejala María Emilia Orozco, que secunda a Zapata  en la interna. 

En tanto, el diputado olmedista confirmó a este medio que desde hace más de una semana no es miembro de la Junta Electoral. 

"Peligro", dice el PRO

Desde que el PRO de Salta está intervenido, Gustavo André se convirtió en el vocero oficial del espacio en su carácter de interventor. Este último domingo emitió un comunicado en el que aseguró que la "institucionalidad política de la provincia de Salta está en peligro". 

Sostuvo que su partido, que integra nacional y provincialmente el Frente Juntos por el Cambio +, guarda una "clara intención de ser oposición a las políticas populistas e inoperantes que nos sumergieron en la decadencia reinante". 

Subrayó que el PRO Salta es opositor al gobierno de Sáenz y señaló que "la obsesiva acumulación de poder" del Ejecutivo provincial, a través de la suma de decenas de espacios políticos bajo su tutela y financiamiento, "no contribuye al necesario equilibrio democrático".