La Sala III del Tribunal de Juicio, integrada por las juezas María Gabriela González y Carolina Sanguedolce y el juez Pablo Farah, condenó ayer con atenuantes a Agustín Morales a 19 años de prisión efectiva tras declararlo responsable del asesinato de su abuela María Leonor Gine, cometido en su departamento de la avenida Belgrano al 900 el 27 de marzo del año pasado a principios del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de la covid-19.

"Lo que yo quería expresar es que si todo está dado como que soy el autor (…), quiero justicia no solo por mí, por mi abuela, si tengo algo que ver, quiero pagarlo”, manifestó Morales en sus últimas palabras ante el Tribunal. Durante el juicio el joven insistió en que no recuerda el ataque a su abuela, y lo atribuyó a su adicción a las drogas. 

Ayer, antes de que el tribunal pasara a deliberar, dijo que una condena a perpetua sería "tirarte al abandono” y significaba “perder toda esperanza” de reinserción. Expresó su intención de “pagar” y “hacer mérito para salir mejor”, se comprometió a realizar algún oficio. Pidió perdón a su familia, "por los errores cometidos" en toda su vida. Además, respecto a Federico Detzel y Tania Aguirre, pidió "que se sepa la verdad, si estas dos personas que están sentadas aquí son inocentes".

El Tribunal le ordenó realizar un tratamiento psico-terapéutico por su adicción. La fiscala Mónica Poma y el querellante Marcos Gorriti habían solicitado una condena a perpetua, pero el Tribunal consideró que hubo atenuantes.

En lo que refiere a Detzel y Aguirre, el Tribunal decidió su absolución lisa y llana por entender que no participaron del asesinato, hecho que se les imputaba y por el que estuvieron detenidos un año y cuatro meses. Sin embargo, la fiscala Poma no pudo sostener la acusación inicial y terminó pidiendo una condena a 5 y 4 años, por encubrimiento. 

En cambio, los dos no pudieron evitar la sanción por haber infringido la cuarentena impuesta por el gobierno nacional el año pasado por la pandemia. A ambxs los condenaron a 6 meses de prisión de ejecución condicional, por lo que se ordenó su inmediata libertad. Además, deberán someterse al control del Programa de Reinserción Social. Y Detzel deberá hacer un tratamiento por su adicción.

Los abogados Matías Adet y Horacio Morales, defensores de Agustín Morales habían pedido que se lo declare inimputable por haber actuado bajo el efecto del consumo de drogas. Aunque el Tribunal rechazó este planteo, sí atendió al pedido de que se apliquen atenuantes por mediar circunstancias extraordinarias. 

Adicciones

Morales tiene 21 años. Es adicto a las drogas desde los 13, a los 15 probó la pasta base y, según declaró en el juicio, fue lo peor que le pasó en la vida. Su madre relató que el joven le contó de su drogadependencia cuando tenía 16 años y le pidió ayuda, pero pese a que ella y también Gine intentaban, en el debate se dijo que "el amor no era suficiente" y se señalaron las fallas del Estado para la contención de las personas con consumos problemáticos y adicciones. 

En el juicio también se puso de resalto la falta de persecución de la venta de drogas. De hecho, en el debate policías testigos informaron los lugares donde funcionan bocas de expendio en la ciudad, e identificaron a vendedorxs. 

Gorriti, que representa a una de las hijas de Gine, María Fernanda Pérez, tía de Morales, dijo que esperan la lectura de los fundamentos para decidir si apelarán o no. "Hay que evaluar qué es lo que fundamenta el Tribunal, ver si les asiste razón, si tiene los argumentos que fundan el veredicto, lo charlaremos con la familia y veremos la posibilidad o no de recurrir", expresó el abogado.

También la defensa de Morales esperará conocer los fundamentos del fallo para decidir si recurrirá la sentencia. 

"Creo que el fallo es justo en lo que a Federico Detzel corresponde", sostuvo por su parte el defensor oficial Eduardo Sangari. Consideró que la sentencia fue acorde a las circunstancias. Y consideró que "todo" lo que afrontó el joven se asocia a su adicción. 

Deficiencias en la investigación 

Por otro lado, Sangari criticó las "muchas falencias en la investigación penal preparatoria y fundamentalmente en la autopsia, para mí hecha de forma incompleta, ha quedado acreditado eso, no ilustrada, con una data de muerte absolutamente errada, que no nos permitió saber a todos los operadores del sistema cuál era realmente la causa de muerte". 

El defensor apuntó además a que las deficiencias de la investigación fiscal se vieron en los resultados de la sentencia. Salta/12 le consultó si pedirá una reparación al Estado por la detención que sufrió Detzel y respondio que no, consideró que fue una medida cautelar legal. "La prisión preventiva está prevista en el marco de la ley, es decir que en ese aspecto no hay para qué reclamar", sostuvo. "Se podría hacer un reclamo, pero no creo que prospere. El problema de la detención de Detzel no es ni de este juzgado ni del de Garantías, es del Ministerio Público que al momento de la investigación planteó una data de muerte errada y eso es lo que lo mantuvo detenido", afirmó.

"El Estado la marginó"

"Yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo de los errores de sus auxiliares o de sus operadores (de justicia)", sostuvo en cambio el defensor particular de Aguirre, Pablo Tobio. En su caso dijo que denunciará al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) por las actuaciones de la médica forense Mariana Lambrópulos, por la autopsia "mal hecha". Contó que el año pasado pidió explicaciones a la médica y a la fiscala Ana Salinas Odorisio (que estuvo a cargo de la primera parte de esta investigación) "y se quedaron calladas". 

El abogado recordó que Lambrópulos declaró que "la autorizaron" desde la fiscalía a hacer la autopsia incompleta. "El Estado tendría mínimamente que pedir disculpas (a Tania)", afirmó. Explicó que si su defendida lo decide, iniciará una demanda por daños y perjuicios porque el Estado estuvo ausente ante su "condición especial" y por pertenecer a un sector marginado. Aguirre es una mujer trans, pobre, que cuando fue imputada se encontraba en situación de prostitución, a ella incluso en un momento le asignaron la domiciliaria, pero luego se la quitaron porque estaba en situación de calle y no podía declarar un domicilio. "El Estado en ese sentido también la marginó, no le asignó lo mínimo que correspondía que era un mínimo de justicia y no creyó en ella", aseveró Tobio.

El abogado señaló que la condición en que Aguirre sale en libertad "es la de cualquier condenado, tiene que tener un período de conducta, dos años en que no debe cometer ningún delito, en que debe cuidarse, pero también es una persona que es la primera vez en su vida que tiene un conflicto con la ley".

Tobio dijo que ningún organismo del Estado asignado para las políticas de género la asistió, "creo que tenía que estar el Polo de la Mujer, estos sectores LGBT, tratando de orientarla", sostuvo. Señaló que en algún momento cuando Aguirre estuvo con domiciliaria no tenía recursos para alimentarse, recordó que solo una organización social, le acercó alimentos.

La abogada Gabriela Arellano, también defensora de Aguirre, se manifestó satisfecha con el fallo.

Respecto a la condena a Aguirre por infringir la cuarentena, Tobio dijo que "si ella no tenía covid era un delito imposible" la propagación de la pandemia. Arellano había planteado la inconstitucionalidad del artículo 205 del Código Penal, dijo que esperará a conocer los fundamentos, aunque adelantó que posiblemente no apele. La letrada indicó que espera que el Patronato de Liberados pueda ayudar a que la joven tenga"un trabajo digno". "Que el Estado tenga en cuenta y responda por esta gente vulnerable. Recordemos que si ella violó la cuarentena fue por un estado de necesidad de tener que salir a trabajar, porque si no salía, no tenía para comer", subrayó, y consideró que "la justicia salteña se debe disculpar" con Aguirre.