“No es fácil explicar nuestra posición sin quedar como bandidos internacionales”. Con estas palabras, en un memorándum de 1936, el Foreign Office, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, admitía que no tenía argumentos para sostener la potestad de las islas Malvinas frente al reclamo argentino. Todavía faltaban 29 años para la resolución 2065 de la ONU que encuadró el caso dentro de la cuestión colonial e instó a los dos países a negociar, algo a lo que el Reino Unido se negó de manera sistemática; y 46 años para la derivación más dramática del diferendo: la guerra de 1982.

Un repaso por los archivos del Foreign Office sobre la cuestión Malvinas permite constatar que los propios británicos no ha tenido capacidad de hacer valer por la ley la ocupación de 1833. Y desmonta, además, los argumentos de espadas del macrismo como Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.

La precandidata a diputada nacional, impulsada por Patricia Bullrich (quien a su vez había planteado ceder la soberanía a cambio de vacunas de Pfizer), quedó en el ojo de la tormenta por una serie de tuits en los que relativizaba el reclamo argentino. Iglesias, su compañero de lista, dijo que las islas son territorio bajo soberanía británica y que el reclamo argentino debe considerar los intereses de los isleños. En las últimas horas se sumó Beatriz Sarlo, que también cuestionó lo que es un mandato constitucional y habló de "territorio británico". 

De hecho, la reivindicación de Sarlo de la ocupación inglesa ("Cuando la gente dice ‘las Malvinas son argentinas’ no se sientan ni un minuto a pensar, si son argentinas, si no son argentinas, ni qué son las Malvinas", afirmó), fue en consonancia con un texto que firmó en 2012 con, entre otros, Fernando Iglesias. Ocurrió al cumplirse treinta años de la guerra. Allí se lee: "En honor de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución de nuestro país en 1994, los habitantes de Malvinas deben ser reconocidos como sujeto de derecho. Respetar su modo de vida, como expresa su primera cláusula transitoria, implica abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno que no desean. La afirmación obsesiva del principio "Las Malvinas son argentinas" y la ignorancia o desprecio del avasallamiento que éste supone debilitan el reclamo justo y pacífico de retirada del Reino Unido y su base militar, y hacen imposible avanzar hacia una gestión de los recursos naturales negociada entre argentinos e isleños". Entre los firmantes estuvieron Juan José Sebreli, Marcos Novaro, Santiago Kovadloff y Luis Alberto Romero. 

Los argumentos británicos en favor de la Argentina

En los días posteriores al 2 de abril de 1982, el gobierno de Margaret Thatcher ordenó remover del Public Office Record (POR) los documentos sobre Malvinas. El POR es el archivo de libre acceso de material oficial en el Reino Unido. Una semana después de la rendición de Puerto Argentino, el Sunday Times, la edición dominical de The Times, reveló el contenido de seis de esos documentos, que desde la propia diplomacia británica avalan la posición argentina.

El primer documento que erosionó la versión oficial sobre la legitimidad británica en el archipiélago fue el Memorando De Bernhardt, en 1910. Se llama así por Gastón De Bernhardt, el investigador al que se le encargó que rastreara la cuestión jurídica en torno a las islas. Hasta 1938, ese material sirvió como guía interna del Foreign Office sobre Malvinas.

De Bernhardt indagó en el comienzo mismo de la disputa, no en 1833, sino medio siglo antes, cuando Gran Bretaña ocupó las islas y debió devolverlas a la corona española mediante un acuerdo firmado en 1771. En ese acuerdo no se planteó la soberanía y una cláusula secreta obligó a los ingleses a dejar el archipiélago en 1774, cosa que ocurrió. Hasta 1829, “Gran Bretaña no mostró interés en las islas”, destaca el investigador, quien se encargó de apuntar que, para entonces, la antigua colonia sudamericana del Río de la Plata ya llevaba trece años de vida independiente. Recién en 1829, Londres comenzó a reclamar la isla Soledad, sobre la cual jamás había mostrado pretensión durante el dominio español.

De 1910 es también el segundo de esos seis documentos, y es una consecuencia de la investigación para el Memorando. Sidney Spicer, jefe del Departamento Americano del Foreign Ofiice, le escribió a De Bernhardt una confesión de parte: “Es difícil evitar la conclusión de que la actitud del gobierno argentino no es enteramente injustificada, y que nuestra acción ha sido algo despótica”, señaló el funcionario.

En 1936, se produjo el Memorando Fitzmaurice, por el cual George Fitzmaurice, asesor legal del servicio exterior inglés, sostuvo que la disputa con la Argentina no debería ser sometida jamás a un arbitraje internacional. Escribió: “Nuestra posición tiene ciertas debilidades. Pero nosotros hemos ocupado las islas durante más de un siglo (aunque sea ilegalmente, como dice la Argentina) y por razones estratégicas no podemos renunciar a ellas. De manera que lo más indicado es adoptar una línea dura”.

Ese mismo año volvió a entrar en escena el Departamento Americano que encargara el primer informe sobre Malvinas. John Troutbeck, su responsable en los años 30, elevó un Memorando que también fue lapidario sobre la debilidad argumental británica en la cuestión: “La dificultad para sostener nuestra posición es que la captura de las islas Falkland en 1833 fue un procedimiento arbitrario, si se lo juzga con los criterios de hoy en día. No es, por lo tanto, fácil explicar nuestra posición sin quedar como bandidos internacionales”.

Cuatro años más tarde, en 1940, en medio de la Segunda Guerra Mundial, se redactó un documento cuyo título aparece en el índice del POR, la oficina de la cual fue sacado en junio de 1982, y que figuraba como secreto hasta el año 2015. El título lo dice todo: “Oferta hecha por el gobierno de Su Majestad para reunificar las islas Falkland con la Argentina y aceptarlas en arriendo”.

El último documento es un Memorando del Departamento de Investigaciones, fechado en 1946, que define la ocupación de enero de 1833 como “un acto de injustificable agresión”. Para entonces, la ONU ya tenía un año de existencia y definió a las Malvinas como “territorio sin gobierno propio, bajo administración británica”. De manera eufemística, admitía a las islas como colonia, algo que el Comité Especial de Descolonización de la ONU pondría de manifiesto en los 60. Gran Bretaña admitió ese status de colonia y se amparó, ya no en títulos que no podía mostrar, sino en el derecho de autodeterminación de los kelpers, entonces ciudadanos de segunda.

Ese argumento fue echado por tierra por la propia Margaret Thatcher en 1983 con la British Nationality (Falkland Islands) Act de 1983, que confirió derechos plenos a 1800 colonos; ergo, les otorgó acta de ciudadanía, con lo cual no hay un tercer actor que plantea el respeto a la autodeterminación, sino dos países en disputa.

Uno de quienes ha investigado la cuestión de las Malvinas en esta línea, y se encargó de difundir el material del Foreign Office y denunciar que no hay cabida para el derecho a la autodeterminación en el caso de los kelpers, es Rodolfo Terragno. Lo plasmó en un libro publicado a veinte años de la guerra, Falklands. Y que confirma que hay macristas que no leen libros de compañeros de espacio: Terragno fue embajador de Mauricio Macri ante la Unesco.