El Gobierno avanza en la “revisión” de los contratos de concesión del Acceso Norte, que maneja la empresa Autopistas del Sol (Ausol), y el Acceso Oeste, en manos del Grupo Concesionario del Oeste (GCO). Ambas firmas son controladas por el grupo español Abertis. La posibilidad de revocar los contratos se basa en la auditoría oficial que analizó una serie de supuestas irregularidades cometidas en la prórroga de dichas concesiones, que fue realizada en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri.
“Básicamente lo que estamos diciendo es que los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de 2018 son ilegítimos”, resumen en la Casa Rosada. El Ministerio de Obras Públicas notificó a las empresas sobre la intención de "revisar" los contratos de concesión y dio diez días de plazo para que las firmas hagan las presentaciones administrativas correspondientes. Por su parte, las empresas que manejan las concesiones manifestaron en sendos comunicados a la Bolsa de Comercio que “las objeciones formuladas –por parte del Gobierno— son improcedentes” y que analizan “los cursos de acción a seguir al respecto”.
Prórroga express
En 2018, el por entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, firmó los “Acuerdos Integrales de Renegociación” para las principales autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, cuyas concesiones estaban próximas a vencer. Luego Macri selló los decretos correspondientes y así se estableció una nueva concesión hasta 2030.
Sin embargo, a comienzos de 2020 el actual Gobierno avanzó en una auditoría para investigar aquella prórroga. La conclusión es que se llevaron adelante una serie de irregularidades que ahora serían motivo suficiente para la revocación del contrato.
Uno de los puntos más controversiales es que el nuevo contrato reconoció a las empresas una deuda de 499 millones de dólares a Ausol y de 247 millones de dólares al GCO a una tasa en dólares capitalizable del 8 por ciento. Esto implicaría una deuda total de 1161 millones de dólares, que como sería “libre de impuestos”, llegaría a un consolidado de 1780 millones de dólares. "Esto significa que el Estado se obligó a garantizar ingresos a las concesionarias que permitan abonar capital, intereses, y además el impuesto a las ganancias", explican en Obras Públicas.
Naturalmente, el peso de esa deuda en dólares a lo largo de doce años de nueva concesión imprimiría una enorme presión sobre el cobro de los peajes. Para colmo, se estableció un valor del dólar asociado al “contado con liquidación”. “Se desnaturalizó el objeto del contrato, sustanciado en una licitación, transformándolo en el pago de una deuda más intereses que implica la dolarización de la tarifa", dicen fuentes oficiales.
El cambio de la lógica del nuevo contrato radica en que "el Estado reconoce una deuda en calidad de inversión bruta, por lo cual debe ser cancelada con el funcionamiento de la Concesión, a pesar de no contar con las validaciones de los órganos de control", indican. El contrato "podría dar lugar a una tarifa extremadamente desproporcionada, ya que el valor a cobrarse en pesos al usuario deberá ser suficiente para cubrir las variaciones que se producen en el poder adquisitivo de la moneda nacional a los fines de adquirir los dólares necesarios para cubrir todos los egresos previstos en dólares", detalla el gobierno.
Revisión
Un argumento utilizado por el gobierno de Macri para justificar el acuerdo con el grupo Abertis fue que permitía desactivar la demanda en contra del país en el CIADI. Ese reclamo se había iniciado en diciembre de 2015, junto a la asunción de Macri. Desde el Frente de Todos aseguran que esa demanda fue una puesta en escena.
Asimismo, en 2017, el Grupo Macri, a través de Sideco, vendió el 23 por ciento de las acciones de Autopistas del Sol. Un año después, el gobierno de Macri concedía importantes beneficios a los compradores. Esta cadena de posibles complicidades derivó en una causa judicial en contra de Macri y otros ex funcionarios y empresarios.
Si bien en el Gobierno aseguran que la situación está bajo revisión, crecen las chances de la revocación de los contratos. En ese caso, Corredores Viales administraría los accesos hasta tanto se licite nuevamente el servicio. La empresa estatal ya maneja cinco autopistas de 3.374 kilómetros luego del fallido experimento de los PPP por parte del gobierno anterior. El último aumento de peajes, del 10 por ciento, se aplicó en julio pasado. Antes de ello, los valores de las cabinas estuvieron estables desde marzo de 2019.
