Históricamente, los movimientos de izquierda se han caracterizado por materializar propuestas de protección de los sectores más desfavorecidos, con miras a garantizar un sano equilibrio social. Gracias a estas corrientes se han reivindicado derechos de las y los trabajadores, propuestas de una sociedad respetuosa con el ambiente, pacifismo, e igualdad de género, entre otros tópicos de prosperidad. 

Sin embargo, no siempre las intenciones están de acuerdo con la realidad o, al menos, los resultados de muchas acciones no siempre buscan lo que se intenta.

En los últimos años la izquierda argentina ha dado un giro inesperado. Pasó de defender las fuentes de trabajo de calidad a impulsar propuestas tendientes a obstaculizar las actividades productivas. 

Todo esto se ha hecho en nombre de un imaginario que tiene demasiados prejuicios y pocos datos objetivos, sobre todo en lo que respecta a contaminación, daño a la salud, y/o cuestiones tan importantes como la calidad de los puestos de trabajo de las actividades que se intenta prohibir. Esto último es particularmente notable en el caso de la minería, actividad que tiene los mejores salarios de toda la economía y una altísima tasa de formalidad (solo por detrás de los hidrocarburos), pero que a la vez goza de pésima prensa en el ideario de la izquierda argentina actual.

El discurso

Han impulsado un proyecto de ley prohibitivo para la actividad minera, arrogándose un monopolio discursivo, más bien digno de predicadores que de un movimiento político que dice enarbolar una teoría política científica. El discurso está teñido de inexactitudes, obviedades, falsedades y prédica dogmática y, aún más, no aporta ningún dato para justificar lo que dicen. 

A pesar de la carencia de datos, ese discurso termina estimulando a pequeños grupos sociales, realmente preocupados por la calidad de vida, por el planeta o el ambiente, a posiciones violentas ante una postura política que en lugar de comprender y debatir utiliza la persecución y la violencia en nombre del socialismo.

La incapacidad de justificar semejante prohibición, que afectaría directamente al bienestar de los pueblos, lo conduce a desplegar una feroz campaña publicitaria basada en falacias emotivas, deformando intencionadamente hechos objetivos con el fin de modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. Estas posverdades llegan a la sociedad distorsionando datos sobre el consumo del agua en la minería (que en una provincia minera como San Juan ronda apenas el 1 por ciento del total), sobre enfermedades como el cáncer en las comunidades, sobre la permeabilidad de diques de colas y otras series de falacias sin sustento técnico ni científico.

Este movimiento está alimentado, intelectualmente, por pequeños círculos de investigadores de las ciencias sociales, ubicados estratégicamente en instituciones como el Conicet y megaorganizaciones de los países desarrollados que piensan como europeos en realidades locales, incrustando posiciones ideológicas en el ADN legal de los territorios. 

El rol de las ciencias sociales hoy pareciera ser el de garante de una “verdad sacra” sobre ciertas cuestiones que no guarda ninguna relación con el método científico. Basta algún estudio sobre la “representación del pueblo X sobre la minería” para que eso se convierta en el fundamento para la prohibición de una actividad que podría generar mayor bienestar que perjuicio. Algunos centros académicos hace rato han renunciado a la pretensión científica frente a la dogmática, algo que se nota aún más en las ciencias sociales.

Las diferencias entre Mendoza y San Juan

La prohibición, mediante la creación de obstáculos a las actividades productivas, está cercenando la posibilidad de desarrollo de los pueblos. Se basan en la Ley 7722 de Mendoza, que hoy tiene a dicha provincia atada de pies y manos e incapacitada para generar políticas que tiendan al crecimiento y reviertan la pobreza que, como en gran parte del país, no ha parado de subir en los últimos años en esa provincia. 

Actualmente, Mendoza sufre un marcado deterioro económico y social, como señala el informe del Centro de Investigación Social de Mendoza. En los últimos cuatro años se triplicó la cantidad de desocupados alcanzando el 10,6 por ciento. Esta realidad muy diferente de la vecina minera San Juan que alcanza el 5,2 por ciento. 

El caso de San Juan es interesante: en 2004 (apenas comenzaba el auge de la minería) tenía 10 puntos más de pobres que la media nacional y 6 más que Mendoza. En 2020, San Juan tuvo 6 puntos menos de pobres que la media nacional y 7 menos que Mendoza. Si la minería fuera "el mal" como algunos sectores predican, ¿cómo se explica este fenómeno?

Recursos

Pero el aporte de la minería va más allá de la contribución al empleo de calidad y a los salarios. Es una actividad fundamental en prácticamente todo lo que nos rodea. Sin la minería no se puede avanzar en construir paneles solares, generadores eólicos y todo los que se necesita para lograr energías limpias y realizar la verdadera revolución ecológica. Sin la minería no se logran los avances en la medicina ni en las telecomunicaciones, ni hay electricidad ni vehículos de transporte.

Prohibir actividades productivas sólo lleva a perder recursos para invertir en infraestructura, en educación, en salud, en ciencia y en políticas ambientales, a la vez que se vuelve imposible sostener el empleo público. Pero pareciera que para la izquierda argentina sigue siendo válido el viejo axioma de "cuanto peor mejor", sosteniendo las deficiencias en el acceso al crecimiento, al empleo y a una mejor calidad de vida, para que los obreros se vuelquen y abracen el socialismo como única opción posible que los libere de la "pesadilla del capitalismo salvaje". 

Todo este accionar prohibicionista resulta hoy acompañado por organizaciones europeas de “bien público” que terminan obstaculizando el desarrollo de nuestro país, impidiendo la mejora en las condiciones de vida en diferentes territorios y obturando la existencia de miles de pymes que existen gracias a las actividades que se busca prohibir.

Propuestas

Se necesitan líderes capaces de generar propuestas superadoras que avancen en el bienestar de los pueblos. Que propongan sistemas de control y garantías de protección al ambiente. Que impulsen proyectos sostenibles ambientalmente, responsables socialmente y que propendan al bienestar de las comunidades. 

Existen propuestas  que retrasan y condenan a los pueblos a la eterna pobreza, que no hace más que generar desastres ecológicos ante la insuficiencia de recursos para invertir en infraestructura y saneamiento ambiental. Resulta imperioso discutir un proyecto nacional de industrialización, en el cual actividades como la minería no pueden estar ausentes. 

Se debe garantizar la participación estatal en los beneficios de las actividades productivas, en el control y el cuidado del ambiente, y en el desarrollo de planes de inversión que traigan bienestar a cada vez más familias. Atacar la producción en nombre de posturas dogmáticas, sin más alternativa superadora que la ayuda social del Estado, resulta fácil y cómodo para quienes impulsan leyes desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero producen un claro perjuicio a los pueblos y comunidades que quieren y necesitan estrategias de desarrollo para hacer de sus lugares espacios donde vivir mejor.

* Socióloga UNAP, Magíster en Política y Planificación Social de la Universidad de Cuyo.

** Antropólogo UBA, Maestrando en Administración Pública, FCE, UBA.