En la Cámara de Diputados de Catamarca tomó estado parlamentario ayer miércoles una nota remitida por Shirli Cordero, una de las jóvenes que denunció por acoso sexual al intendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz (61). 

En la carta pide que lo aparten de su función porque asegura que las posiciones tanto de ella, como la de la otra denunciante quedan en desventaja,  ya que “existe una clara asimetría de poder”. También aseguró que el fiscal Ezequiel Walther, no estaría investigando su caso desde una perspectiva de género, porque le dijo que el acoso de Guaraz es un "piropo", “galantería”.

El pedido, que fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, está dirigido a la presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero. En él pide que utilice los medios a su alcance, para “apartar de su función de manera preventiva al intendente Elpidio Guaraz hasta tanto la Justicia de Catamarca investigue los dos hechos por los cuales fuera denunciado recientemente y que atentarían contra la integridad sexual de una mujer -desde que era una niña de 14 años- y de la integridad sexual de la que suscribe la presente nota”.

Cordero, explica que Guaraz “se habría aprovechado de su función de intendente en pos de lograr que ceda frente a sus pretensiones sexuales que viene reclamándome infructuosamente desde hace mas de cinco años hasta el colmo de haberme clausurado mi única fuente de ingreso”.

“Considero que hoy está en manos de los legisladores la real posibilidad de resguardar y equilibrar el derecho de género que me asiste como mujer el cual ha sido denigrado al punto de sentirme completamente vulnerable, intimidada y con temor a represalias de todo tipo, ya que es sabido que este funcionario público se maneja rodeado de un grupo de hombres fuertes y nosotras somos tres mujeres solas”.

La joven señaló además que comprende que no solo su condición de administrativa la coloca en un plano de inferioridad frente a la autoridad del Intendente, “sino principalmente mi condición de mujer, por lo que aspiro que a través de las instituciones, en especial el Poder Legislativo, se compensen las desigualdades a las que me encuentro sometida y se limite -al menos en forma preventiva- ese desenfrenado, descontrolado y abusivo ejercicio del poder el Intendente”.

Cordero, argumenta que ella misma presentó una nota similar ante el Concejo Deliberante de Bañado de Ovanta, pero que, al ser la hermana del Intendente denunciado la máxima autoridad del órgano deliberativo, se le negó este derecho.

Vulnerada

Por otra parte, en diálogo con Catamarca1/2, Cordero contó que la desigualdad de condiciones que ella siente, también la vivió cuando habló con el fiscal Walther, que es quien instruye su causa. “Cuando fuimos a fiscalía con la abogada, me dijo que iba a tratar de ver el tema con perspectiva de género, pero que en base a los mensajes que había visto que me enviaba Guaraz para él no eran acoso, sino galantería. En ese momento, el que tomaba declaración, se metió y dijo lo mismo, que él lo veía como piropo o galantería. Cuando los escuché, sentí que todo quedaba en la nada que estaban defendiendo lo indefendible porque es así y que estaban saliendo a favor del agresor sin ponerse del lado de la víctima”, contó.

La joven, señaló cómo tuvo que bloquearlo del Facebook luego de que Guaraz se comunicara por esa vía y le reprochara que “iba mucho” a la localidad de Los Altos (ubicada cerca del pueblo donde viven) y le subrayó que “no quería” que vaya porque entendía que estaba viendo a alguien más y que no podía porque la quería “para él”. “¿Eso es galantería para el fiscal?, que se fije qué hago y a dónde voy y que me acose creyéndome de su propiedad no es un piropo”, manifestó Cordero.

Además, volvió a mencionar que ella lo bloqueó, le dijo muchas veces que no y que él insistía. “Me clausuró mi negocio porque yo me negué a salir con él. Eso no es galantería es acoso y abuso de poder”, remarcó.

A más de dos meses de las denuncias, en la que se incluye el delito de privación ilegitima de la libertad agravado, Guaraz no ha sido llamado a declarar, y tampoco se han solicitado las pericias psicológicas a una de sus víctimas.