"Señores jueces, sean valientes, no cedan a las presiones, y apliquen la ley sin temor al ruido mediático, hagan cumplir las leyes argentinas", desafió Carlos Zannini, hoy procurador del Tesoro, al Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) que deberá decidir si lleva adelante el juicio oral por el Memorándum con Irán frente a los planteos de nulidad y los pedidos de sobreseimiento que vienen haciendo todos los/las imputados/as, después que lo hiciera Cristina Fernández de Kirchner dos semanas atrás. 

Las exposiciones de este miércoles apuntaron a que este caso ofrece una gran ocasión para poner un límite al armado de expedientes donde se convirtieron en delitos cuestiones que son actos de gobierno, e incluso leyes del Congreso, como la que dio respaldo al pacto con Irán. Para Zannini se trató de "un plan" con el objetivo de "influir sobre resultados electorales, enlodar reputaciones, criminalizar la política y proscribir" a la vicepresidenta. Tanto él como el senador Oscar Parrilli y la exproduradora Angelina Abbona mostraron con sus defensas cómo se definió la intervención de determinados jueces en cada instancia para resucitar una causa que el juez Daniel Rafecas había cerrado por inexistencia de delito.

A lo largo de la mañana los abogados mostraron datos y documentos claves, como las actas de la DAIA --hoy querellante-- sobre reuniones del directorio con Mauricio Macri por este tema y las planillas de encuentros con el expresidente de los jueces de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que reabrieron la causa pese a que siempre se excusaban en cuestiones vinculadas con AMIA y se la dieron al fallecido Claudio Bonadio. 

Parrilli se sumó a la exhortación de Zannini al tribunal cuando le tocó hablar. Además de pedirles "valentía" agregó "dignidad". "Los están mirando. Tienen la oportunidad de demostrar que no todos son la cloaca de Comodoro Py, que tienen la intención de aplicar el derecho a todos por igual", les dijo el senador a María Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y Juan  Michilini.  Zannini había enfatizado también que el propio tribunal al convocar a la audiencia había destacado que estaban en juego cuestiones de "orden geopolítico". Por eso les pidió que esas cuestiones "no les impidan cumplir las normas", "ni las presiones nacionales e internacionales". El próximo miércoles continuará la audiencia con las exposiciones de otras defensas. Quedan la de Luis D'Elía, Eduardo Zuain, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Allan Bogado.  

El papel del fiscal Colombo

El último en exponer será el fiscal Marcelo Colombo, que tiene una llave importante en el tema: como se vio en otros juicios --como el del Plan Qunita-- podría allanar el camino para que el juicio no se haga. Las defensas de este miércoles pusieron énfasis en las dos cuestiones que consideran centrales: que las actuaciones de la causa Memorandum fueron nulas porque están viciadas de sospechas de parcialidad de distinto tipo, acentuadas por el hallazgo más reciente de las reuniones con Macri de los jueces Borinsky y Hornos que la reabrieron el 29 de diciembre de 2016; y que tampoco hay delito en la firma de un acuerdo con Irán, que pretendía lograr que los sospechosos declararan, que votó el Congreso, que no entró en vigencia, a lo que se suma que las alertas rojas y pedidos para la captura de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA nunca perdieron vigencia y sólo les podía dar de baja el juzgado 6, lo que no sucedió.  

Algo que tienen en común los/as tres imputados/as que expusieron este miércoles, es que no habían sido denunciados en la presentación original del fallecido fiscal Alberto Nisman, que dio origen a toda esta historia. Sus nombres fueron metidos en la causa con posterioridad por decisión de Bonadio, que fue quien empezó a ordenar detenciones después de quedar habilitado por la Casación con los votos de Hornos y Borinsky. Zannini, que había sido secretario legal y técnico de CKF, fue uno de los detenidos: estuvo 107 días preso. Contó que todos los gobiernos que integró buscaron derribar "el muro de impunidad" que implica "la falta de esclarecimiento de los atentados de la Embajada (de Israel) y de la AMIA junto con la existencia 30.000 desaparecidos". En relación al ataque a la AMIA, el Memorándum fue uno de esos intentos, dijo, "para colaborar con la justicia".  

Parrilli y Abbona no tuvieron prisión preventiva. La imputación de la ex funcionaria fue una impactante derivación de las presentaciones que había hecho como abogada del Estado ante el juez que tuvo la denuncia original de Nisman, Rafecas: a él le llevó todos los documentos que mostraban que las alertas rojas contra los iraníes no estaban caídas y que el ex secretario de Interpol, Ronald Noble, había enviado una nota que lo dejaba clarísimo. El nombre de Noble, de hecho, reapareció porque nunca fue convocado a declarar durante la instrucción de la investigación, ya que habría derribado la teoría del encubrimiento. 

La cárcel de Zannini

Sobre su paso por la cárcel, Zannini profundizó: "Entre otras cosas, constituyó para mí una oportunidad para la comprobación personal de que las prisions preventivas son un adelanto de la pena, ya que las instituciones carcelarias y el propio personal penitenciario no se encuentran preparados para distinguir entre prevenidos y condenados. He podido constatar que el sistema mismo esta pensado para destruir perversamente a los seres humanos prisioneros y a sus familia. Hemos sufrido espionaje y vejaciones personales". A la vez destacó que "el calvario no termina en la excarcelación" y que la subsistencia misma de la causa es "un agravio, no imagino perjuicio mayor para un inocente". "El armado de esta causa, su restablecimiento, el cumplimiento anticipado de pena fue por lisa y llana voluntad de los que mandaron entre 2015 y 2019, responsables de un verdadero apagón institucional" que "no hubiera sido posible sin "la debilidad y perversión de unos pocos pero estratégicamente ubicados miembros del Poder Judicial". 

El papel de la DAIA

"Hemos llegado acá fruto de una maniobra fraudulenta con participación de los jueces de Casación Penal. No hay dudas de que Hornos y Borinsky se reunían con la máxima autoridad del  Poder Ejecutivo" y que "hablaban de cuestiones judiciales", sostuvo Mariano Fragueiro Frías, defensor de Zannini. Luego mostró dos actas de directorio de la DAIA que, actualmente, junto con dos familiares alineados con la institución, batalla porque no se cierre esta causa y por acusar a CFK y los/as ex funcionarios/as. El carácter de querellante se los dieron Borinsky y Hornos, al reabrir el caso. En una de las actas, de mayo de 2016, el consejo directivo aprueba presentarse como querellante en el caso Memorándum. Aclara que es en las dos causas: la de Bonadio y la de Rafecas. Y a renglón seguido agrega: "Ariel Cohen Sabban (que era el presidente de la DAIA) anuncia la reunión con el presidente Mauricio Macri". Otra acta del 27 de junio, reapasa: "audiencia con el presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, informa Santiago Kaplun (secretario general) temas tratados "Memorándum con Irán, Resolución Unesco y voto argentino, causas judiciales atentado y colaterales, causa Nisman, situación interna de la comunidad judía argentina, proyecto de juicio en ausencia". 

Tanto el constitucionalista Eduardo Barcesat --defensor de Abbona junto con Alejandro Rúa-- como Zannini, recordaron el artículo 109 de la Constitución: "En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas".  Por las pruebas que aparecen el expresidente podría entrar en (el presunto incumplimiento) de esas prohibiciones. 

De la exposición de Aníbal Ibarra, defensor de Parrilli, y de Rúa, se desprende un mapa con fechas y coincidencias impactantes con una gran cantidad de decisiones tomadas en la causa y su melliza. El punto de partida, señaló Abbona, sería incluso otro expediente con el que cuestionaba la constitucionalidad del Memorándum, por lo que declaró que fue visitada la camarista Ana María Figueroa de parte del Gobierno ya en diciembre de 2015. Desde junio de 2016 --fecha clave en las reuniones de la DAIA-- por lo que expusieron estos letrados, hubo 7 reuniones de Borinsky (6) y Hornos (1) con Macri hasta el 29 de diciembre cuando se reabrió la causa que había cerrado Rafecas.  En total, es sabido, fueron muchas más. Macri y la exsecretaria de Seguridad, Patricia Bullrich, quien también expresaba interés por la reapertura del caso, se reunían con la DAIA. Macri se juntaba con Hornos y Borinsky, y éste último --dijo Ibarra--, a su vez con la DAIA. El abogado Rúa también recordó un dictamen de la Comisión Iberoamericana de Etica Judicial del 30 de abril de este año respecto de lo sucedido con los jueces de Casación que dice, entre otras cosas, que "en este caso se produce una afectación sensible al principio de separación de poderes y debe considerado vulnerado por los jueces el principio ético de independencia (...) no resulta admisible en estos días que el juez forme parte del gobierno".