En la 18° sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta se decidió ampliar la denominada "Zona Calma" mediante la modificación del Código de Tránsito. En este sentido, se aumentó el perímetro compuesto por calles o tramos donde la velocidad máxima permitida para los vehículos es de 30 kilómetros por hora. También se instó a que los legisladores nacionales impulsen la implementación de esta idea en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

La autora de las iniciativas, Rosa Herrera (Partido Propuesta Salteña), manifestó que por el trabajo que vienen realizando junto al Ejecutivo municipal, se constató que si se baja "la velocidad, baja la siniestralidad vial, y brindamos una solución cierta al tránsito en el macrocentro de nuestra ciudad". Por lo que solicitó que se modifique el inciso “z’’ del artículo 5 de la ordenanza Nº 14.395, del Código de Tránsito.

De este modo, ya no sólo estará comprendido el microcentro salteño, sino que se ampliará al macrocentro. Con esto, la Zona Calma ahora estará comprendida dentro del cuadrante delimitado por la avenida Entre Ríos, la calle Alvear/Gorriti, la avenida Bicentenario de la Batalla de Salta/Hipólito Yrigoyen y la calle San Luis. No obstante, se aclaró que se exceptuarán las avenidas comprendidas en ese perímetro, que mantendrán las velocidades máximas determinadas en el anexo 1 del artículo 53 de la ordenanza 14.395.

Además, se dispuso que se deberá disponer la demarcación, la instalación de cartelería y la coordinación de semáforos en el espacio. Herrera destacó que el cuerpo deliberativo capitalino "es pionero en crear la Zona Calma", por lo que instó a que suceda lo mismo en las grandes ciudades. Es por eso que también presentó un proyecto de declaración para que la propuesta se incorpore a la Ley Nacional N° 24.449.

La concejala explicó que la implementación de esta figura está asociada al concepto de una ciudad amigable.

Otra de las iniciativas aprobadas en la sesión fue la presentada por el edil Santiago Alurralde (Salta Tiene Futuro). Solicita que se realicen las acciones necesarias para la incorporación del sistema de grúas municipal, que mantenga un funcionamiento las 24 horas y todos los días del año. 

Mesa de trabajo para los barrios populares

Los concejales aprobaron la creación de una Mesa de trabajo para analizar el proyecto de ordenanza referente a la creación del Programa de Regularización e Integración de Barrios Populares, de autoría del edil José García (Yo Participo). La propuesta de la mera creación fue bastante cuestionada por sus pares, por lo que se aprobó trabajar en una mesa que integre a autoridades municipales y provinciales, además de personas a fines al tema.

Al momento de su presentación, García celebró que el proyecto fuese tratado finalmente, un año después de su presentación. Aseguró que gracias a la Ley Nacional N° 27.453, de Régimen de Regularización Dominial para la integración sociourbana, se pudo empezar a problematizar la carencia de servicios básicos en un gran número de barrios salteños.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en la ciudad existen 46 barrios populares, sin embargo, García afirmó que estarían pronto a incorporarse entre 8 y 10 barrios más, por lo que sostuvo que es imprescindible avanzar en la discusión de la regularización dominial, que "no es otra cosa que posibilitar que se trabaje mancomunadamente entre Nación, provincia y municipio para que se presenten proyectos y haya evolución en el paso del tiempo a partir de la ley".

Aseguró que se trata de "una problemática que lleva muchísimos años", y que se generaría "el desembarco de las obras en barrios populares, los cuales fueron fundados en algunos casos hace más de 30 años”.

Por su parte, la concejala Paula Benavides (Salta Independiente) subrayó que es "necesario trabajar en consenso", por lo que mocionó adherir al dictamen que propuso la creación de la Mesa de trabajo. 

Aún así, Frida Fonseca (STF) aseveró que la ley "tiene bastantes grises" porque no define una partida presupuestaria sino que avala la promoción de los servicios públicos en dichos lugares. "¿Quién va a pagar esa infraestructura?", cuestionó, bregando también por el trabajo articulado de los gobiernos involucrados.

Por su parte, Romina Arroyo (STF) hizo mención a la importancia de obtener mayor información del Ejecutivo para "conocer cuál es la planificación que tienen para los barrios populares y en cuáles se va a intervenir durante este año”.

Para dar comienzo a la Mesa de trabajo se deberá contar con la presencia de representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia; del Plan Provincial de Urbanización Social y Regularización Dominial Mi Lote; de la Dirección General de Inmuebles; de la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado; de la Mesa de Barrios Populares; del Sub Programa de Catastros y Regularización Dominial de la Municipalidad de Salta.

Sigue el debate sobre las fotomultas

Durante el segmento de las Manifestaciones, la gran mayoría de los ediles se despachó en contra del convenio firmado por la Municipalidad y la CECAITRA (Cámara de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina) por el que se acuerda la instalación en la ciudad de Salta de equipamiento digital para detectar infracciones de tránsito.

La sola acción del Ejecutivo municipal de poner en marcha el sistema de radarización, denominado Cámaras Salva Vidas, encontró la reiterada crítica de los concejales, que manifestaron que existe un objetivo recaudatorio antes que preventivo de los siniestros viales.

La edil Laura García (Frente de Todos) sostuvo que "lejos de ser una solución a un flagelo social, como son los accidentes viales, la motivación sería otra, la recaudación”. En el mismo sentido fue Benavides (SI), que recordó que si se atiende a lo que establece la Ley Nacional de Tránsito, "el sistema de multas no tiene que ser un sistema recaudatorio sino punitorio”.

José Gauffín aseveró que no es un convenio que favorezca a la ciudad dado que "termina siendo un negocio millonario para una asociación que se presenta como sin fines de lucro cuando no es así”. Por su parte, Arroyo solicitó que se convoque a representantes del municipio para tratar de manera conjunta la temática.

Los únicos dos ediles que dieron respaldo a la iniciativa municipal fueron Raúl Córdoba (STF) y Susana Pontusi (PRS), quienes coincidieron en que el objetivo del convenio es salvar vidas. Pontussi precisó que "siempre nos hemos quejado de los índices de siniestralidad que tenemos en la ciudad, quizás sean estas normas las que nos ayuden a ir previniendo”.

Una vez que el convenio comience a aplicarse, la CECAITRA recibirá el 45% de los fondos que recaude y el otro 55% ingresará a las arcas municipales, para constituir un Fondo Especial para Seguridad Vial que será destinado a actividades educativas, concreción de obras e implementación de cartelería en la materia.