Los fiscales acusaron al ex corredor de Fórmula Uno, Oscar "Poppy" Larrauri, a Leo Peiti y al abogado José Fernández Chemes por estafa procesal en concurso real con lavado de activos de origen ilícito, y al último por haber actuado en ejercicio de una profesión que requiere habilitación especial en carácter de partícipe primario. Puntualmente Larrauri,  exconcejal y actual empresario frigorífico, fue acusado de poner a disposición su capacidad económica para permitirle a Peiti lavar dinero del juego ilegal por más de medio millón de dólares.  En tanto sobre el letrado pesa la acusación de haber intercedido para que Peiti pudiera inscribir su nombre en una veintena de lotes en barrios privados, a sabiendas de que lo hacía con plata que no podía justificar. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery solicitaron medidas cautelares no privativas de la libertad que consisten en 800.000 dólares de caución real y prohibición de salir del país y respecto del abogado se solicitó la inmovilización de las cuotas societarias de las empresas en cuestión. La Jueza de Primera Instancia, Eleonora Verón dio lugar al pedido de las medidas solicitadas por los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada.

Según los fiscales los terrenos en cuestión, ubicados en Funes, fueron adquiridos por Peiti a una mujer ya fallecida, Isabel García, quien a la vez se los compró a una empresa cuyo apoderado denunció que le falsificaron la firma.

La presunta maniobra adjudicada a Larrauri, según el planteo de los fiscales, consistió en "simular" la compra de una serie de terrenos a Peiti el 10 de marzo de 2016 por 536.000 dólares. De acuerdo con la acusación, cuatro días después, Larrauri firmó contradocumentos por los cuales le vendió a Peiti esos mismos terrenos por igual valor, a la vez que firmó un contrato de alquiler a favor de aquel por los lotes. Esa maniobra "le permitió a Leonardo Peiti justificar la incorporación de un ingreso financiero a su favor de 536.000 dólares en base a la conformación de registros contables que no responden a la realidad económica", sostuvieron los fiscales.

Además, indicaron que "ese dinero con el que contaba Peiti es el fruto de su actividad ilícita como jefe de una asociación ilícita" dedicada a la explotación de salas de juego ilegal, hecho por el que ya fue imputado en distintas causas.

Los fiscales advirtieron que con el "blanqueo" de esos dólares, Peiti "simuló" la compra de otros siete terrenos en Casilda por 52.274 dólares, aunque en realidad existe documentación que muestra que ya era propietario de los mismos y los había adquirido en 2012 por más de  200.000 dólares.

Para los fiscales, el abogado Fernández Chemes, que debió renunciar a su cargo de secretario Legal y Técnica de Villa Gobernador Gálvez cuando estos hechos salieron a la luz, participó de la presunta estafa procesal por la que Peiti obtuvo de un juzgado la escrituración de los terrenos de Funes que luego "simuló" vender a Larrauri y del lavado de activos.

El caso es una segunda etapa del legajo abierto en agosto del año pasado en el que los fiscales investigan a una estructura judicial, política y empresaria a la que adjudican el propósito de lograr ingresos económicos que incluyen el financiamiento de sectores políticos. Es en este trámite en que están detenidos el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad.